Un derrame cerebral fue confundido con ebriedad y la espera de siete horas en una celda cambió su vida para siempre

Paul Espinosa, un trabajador de Amazon de 54 años, fue detenido en julio de 2022 en Republic, Missouri, por un agente del Departamento del Sheriff del Condado de Greene que interpretó erróneamente sus síntomas de derrame cerebral como señales de ebriedad. A pesar de haber obtenido un resultado de 0.000% en una prueba de alcoholemia, el hombre fue esposado y trasladado a la cárcel del condado, donde permaneció durante más de siete horas antes de recibir atención médica. Hoy, Espinosa está ciego y no puede volver a trabajar, de acuerdo con la demanda presentada recientemente en una corte federal.

El oficial Kyle Winchell alegó que detuvo a Espinosa luego de observar que su vehículo “se desviaba” mientras se dirigía a su empleo en el almacén de Amazon. Espinosa cooperó con la prueba de alcohol, que arrojó resultado negativo. No obstante, el agente sostuvo que el hombre se “tambaleaba” durante los exámenes de sobriedad en el lugar y lo arrestó bajo sospecha de conducir bajo la influencia.

Durante el traslado en patrulla hacia el centro de detención del condado, Winchell informó que Espinosa comenzó a sudar intensamente a pesar del aire acondicionado del vehículo. Una vez en la cárcel, sus habilidades motoras continuaron deteriorándose, mientras las autoridades procesaban su ingreso y le realizaban un examen de sangre, según los documentos presentados por los abogados de Espinosa.

Según la demanda, aproximadamente dos horas después de haber ingresado al centro de detención, los registros del personal del sheriff mostraban una descripción preocupante: el detenido presentaba “sudoración, babeo, postura encorvada, habla arrastrada, tambaleo, dificultad para mantenerse en pie, incapacidad para seguir instrucciones simples, deterioro de habilidades motoras, pupilas contraídas no reactivas y un estado de conciencia inconsistente”.

Sin embargo, no se solicitó atención médica de inmediato. Solo cuando dos oficiales notaron que Espinosa yacía desplomado en su celda, decidieron llamar a una enfermera, quien también figura como demandada en el litigio. Al acercarse y preguntarle si sabía lo que ocurría, Espinosa respondió: “No”. La enfermera observó que el hombre estaba débil y que sus pupilas eran “lentas y no reactivas”.

Recién cinco horas después de esa interacción, uno de los agentes condujo a Espinosa al hospital Cox North bajo la justificación de “condición médica inestable”. En ese centro médico, el mismo agente habría falseado información al personal, según los abogados: aseguró que Espinosa había sido hallado en su automóvil en el estacionamiento y que los oficiales notaron que “no parecía estar bien” y tenía dificultades para hablar cuando intentaron comunicarse con él.

Una vez evaluado por los profesionales de salud, Espinosa fue diagnosticado con un derrame cerebral y trasladado de urgencia a otro hospital para recibir tratamiento especializado, según consta en la demanda federal. A pesar de que el personal del centro de detención había extraído una muestra de sangre para análisis durante su detención, los resultados del laboratorio no llegaron al Departamento del Sheriff del Condado de Greene sino hasta febrero de 2024, más de un año y medio después de los hechos.

El informe del Laboratorio de Criminalística de la Patrulla de Caminos de Missouri concluyó que no se detectaron sustancias controladas en la sangre del paciente. Espinosa nunca fue acusado formalmente de ningún delito, de acuerdo con la demanda y con los registros públicos del sistema judicial criminal del estado.

Como consecuencia directa del retraso en la atención médica, Espinosa perdió la vista y padece otras limitaciones físicas y cognitivas que lo dejaron incapacitado para continuar trabajando, alegan sus abogados. En la demanda federal, presentada junto con su esposa, acusan a los agentes implicados de “indiferencia deliberada” y “negligencia médica”. Solicitan un juicio con jurado y el pago de daños punitivos.

El documento judicial responsabiliza tanto al agente Kyle Winchell como a la enfermera que interactuó con Espinosa, además del propio Departamento del Sheriff del Condado de Greene. Al cierre de la publicación de PEOPLE, medio que dio a conocer la historia en primicia, las autoridades del condado no habían emitido comentarios oficiales sobre el caso.

Este caso ha reavivado el debate sobre la capacidad del personal policial y penitenciario para diferenciar entre síntomas médicos y comportamientos vinculados al consumo de alcohol o drogas. Aunque la defensa de Espinosa no ha emitido declaraciones públicas adicionales, la demanda pone de manifiesto una serie de decisiones que, según los demandantes, contribuyeron a un desenlace catastrófico y evitable.

“La omisión de proveer atención médica inmediata en una situación tan crítica constituye una violación grave de los derechos civiles”, sostienen los abogados en el escrito judicial. A la fecha, no se conocen sanciones internas contra los funcionarios implicados ni declaraciones por parte del sheriff local.

La causa avanza en el fuero federal y podría convertirse en un caso emblemático sobre negligencia institucional en contextos carcelarios.