El gobierno de Estados Unidos ha presentado una acusación histórica que marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico internacional. Por primera vez, una mujer ha sido imputada con cargos federales por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más violentos y expansivos de México y del hemisferio occidental.
La acusada, María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años y nacionalidad mexicana, enfrenta una serie de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, en El Paso, luego de ser arrestada el 4 de mayo durante una operación conjunta con autoridades mexicanas. Según los documentos judiciales, Navarro-Sánchez habría conspirado para proporcionar granadas al CJNG, además de participar en el contrabando de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de sustancias controladas.
Primera mujer acusada de narcoterrorismo en EEUU
La acusación contra Navarro-Sánchez no solo es significativa por su contenido, sino por su naturaleza sin precedentes. Es la primera vez que se procesa a una persona —y en este caso, a una mujer— por apoyo material a una organización terrorista extranjera en relación con su colaboración con un cártel mexicano.
El Departamento de Estado de EE.UU. designó oficialmente al CJNG como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025, una medida que permite aplicar cargos penales más severos. Esta clasificación fue resultado directo de la escalada de violencia perpetrada por el cártel, incluidos ataques a fuerzas de seguridad mexicanas con armas de grado militar, uso de drones con explosivos y asesinatos selectivos de funcionarios.
Una red criminal transnacional
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Navarro-Sánchez —también conocida como “Fernanda” o “Chayo”— actuaba como parte de una sofisticada red delictiva ligada al CJNG, participando en múltiples niveles de la operación criminal. Entre las acusaciones figuran:
- Provisión y conspiración para proporcionar granadas al CJNG.
- Conspiración para introducir y transportar personas de manera ilegal dentro de Estados Unidos.
- Compra simulada y tráfico de armas de fuego.
- Contrabando de dinero en efectivo a gran escala.
- Conspiración para distribuir sustancias controladas, incluidos narcóticos.
Junto a Navarro-Sánchez, dos hombres también fueron acusados: Luis Carlos Dávalos-López, de 27 años, por contrabando de personas y tráfico de armas; y Gustavo Castro-Medina, de 28, por tráfico y posesión de drogas, además de participación en la compra ilegal de armamento.
Implicaciones de la designación terrorista
La declaración oficial del CJNG como grupo terrorista ha tenido consecuencias legales inmediatas. Ahora, proporcionar recursos, armas o cualquier tipo de apoyo al cártel se considera un crimen federal de alta gravedad. Según el fiscal interino del Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, la acusación “envía un mensaje monumental a las filas de los cárteles como el CJNG y a quienes los apoyan: la presión legal se está intensificando”.
El CJNG, con presencia documentada en casi todas las regiones de México y docenas de países, incluido Estados Unidos, es responsable de múltiples delitos transfronterizos como el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, la extorsión de migrantes y el cobro a traficantes de personas. Además, se le atribuyen actos de violencia indiscriminada que han provocado miles de muertes en ambos lados de la frontera.
Operaciones conjuntas y persecución internacional
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La investigación que condujo a la detención de Navarro-Sánchez es parte de la Operación “Take Back America”, una estrategia nacional que busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales mediante la coordinación interinstitucional. Esta ofensiva también forma parte de la iniciativa Joint Task Force Alpha (JTFA) y del Strike Force OCDETF, que integran agencias como la DEA, FBI, ATF, HSI, la Patrulla Fronteriza, y fuerzas del orden locales e internacionales.
“El arresto de Navarro-Sánchez es una demostración del poder de la colaboración internacional contra el tráfico de armas y drogas”, dijo Bennie Mims, agente especial del ATF en Dallas. “Es uno de los primeros casos de este tipo, pero no será el último”.
Por su parte, John Morales, agente especial del FBI en El Paso, destacó que esta acusación “sienta un precedente” y compromete a la agencia a redoblar esfuerzos con autoridades mexicanas para atacar directamente a los líderes y redes de apoyo del cártel.
Armas, drogas y personas: el triángulo criminal
El caso de Navarro-Sánchez también expone el modo en que los cárteles integran el tráfico de drogas, armas y personas como pilares operativos. Según la DEA, estos delitos no son compartimentos aislados, sino elementos de una estrategia convergente destinada a obtener control territorial, poder de fuego y recursos económicos.
“La DEA ha procesado a numerosos objetivos por narcoterrorismo, pero este caso refleja cómo estamos ampliando nuestras facultades investigativas en materia de terrorismo”, declaró Omar Arellano, agente especial de la DEA en El Paso. “Cualquier recurso legal disponible será utilizado para derrotar al CJNG”.
Navarro-Sánchez habría coordinado actividades con otros operadores logísticos del cártel que facilitaban el movimiento de armas desde Estados Unidos hacia México, el retorno de efectivo producto del narcotráfico, y la entrada ilegal de personas. Estas prácticas han generado un flujo constante de violencia y muerte, según indicaron las autoridades federales.
Coordinación con autoridades mexicanas
El arresto de Navarro-Sánchez fue posible gracias a la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) de México y a los agregados legales del ATF en Ciudad de México. La investigación también recibió asistencia del Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Unidad contra el Tráfico de Personas del ICE en Washington.
El Departamento de Justicia expresó su agradecimiento a las autoridades mexicanas por su cooperación y por ejecutar con éxito la operación de captura, que se realizó sin incidentes el 4 de mayo.
Proceso judicial en marcha
Los cargos formulados contra Navarro-Sánchez y sus coacusados son, por el momento, alegaciones, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal. El proceso legal será llevado a cabo por el fiscal federal adjunto Kyle Myers, junto al director asociado de la JTFA Ian Hanna, y la abogada Marie Zisa, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia.
De ser hallada culpable, Navarro-Sánchez podría enfrentar penas que incluyen cadena perpetua, dado el peso de los cargos y la gravedad del delito de apoyo a una organización terrorista extranjera.
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