El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo el martes 13 de mayo ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que el gobierno federal puede revocar una Green Card en cualquier momento, incluso décadas después de haber sido otorgada.
La declaración fue hecha en el marco del caso de Mohammad Qatanani, un imán palestino residente en Nueva Jersey, y marca un giro en la interpretación legal de lo que significa ser residente permanente legal en el país.
La abogada del gobierno, Lindsay Murphy, afirmó ante los jueces que el fiscal general tiene la autoridad de revisar y cancelar el estatus migratorio de un residente en cualquier momento, siempre que se identifiquen “circunstancias excepcionales”.
Según Murphy, “la normativa no impone ningún límite de tiempo” para esta acción. Si la Corte acepta esta postura, se abriría la puerta a revisiones retroactivas que, según expertos legales, podrían afectar a millones de inmigrantes en Estados Unidos.
¿Qué es una Green Card y por qué podría ya no ser permanente?
La Green Card, o tarjeta de residencia permanente, permite a un extranjero vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Tradicionalmente, se considera un estatus estable y una vía hacia la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, la nueva interpretación defendida por el gobierno republicano cuestiona esa estabilidad al señalar que el estatus de residencia no es irreversible.
El argumento se sustenta en supuestos errores procedimentales. En el caso de Qatanani, aunque dos jueces de inmigración fallaron a su favor, el gobierno alega que su green card nunca fue “formalmente finalizada” por detalles como la falta de asignación de un número de visa o actualizaciones biométricas.
El caso Qatanani
Mohammad Qatanani, quien ha residido en Estados Unidos desde 1996, solicitó la residencia permanente en 1999.
Su caso fue inicialmente aprobado, pero en 2006 el gobierno lo objetó alegando una detención en Israel en 1993 por presuntos vínculos con Hamas, organización clasificada como terrorista. Qatanani niega esa acusación y asegura que solo fue arrestado y maltratado durante un interrogatorio.
A pesar de decisiones favorables por parte de jueces de inmigración en 2008 y 2020, la Junta de Apelaciones de Inmigración reabrió el caso, revocando su estatus migratorio. Qatanani apeló, lo que llevó la disputa hasta la Corte del Tercer Circuito, que cubre Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.
¿Puede el gobierno revocar una Green Card años después?
Expertos legales cuestionan seriamente la base legal del argumento del gobierno.
Amelia Wilson, profesora de derecho en la Elisabeth Haub School of Law, declaró a Newsweek que la ley migratoria vigente establece un procedimiento específico para retirar una Green Card, el cual incluye notificar formalmente al inmigrante, permitirle una audiencia y probar con evidencia clara y convincente que la persona no debería conservar su estatus.
El caso ha encendido alarmas entre defensores de derechos migratorios. El abogado Bradford Bernstein, especialista en inmigración, advirtió que esta reinterpretación legal podría afectar incluso a quienes han vivido durante décadas en el país, sin antecedentes penales y con contribuciones estables a sus comunidades.
“Aceptar esta postura significaría que una Green Card podría ser anulada no por fraude o conducta ilegal, sino por fallos técnicos cometidos por la administración migratoria. Es un precedente peligroso que mina la confianza en la estabilidad del sistema legal migratorio”, sostuvo Bernstein.
Además, el hecho de que el gobierno no haya apelado en su momento las decisiones favorables al inmigrante podría volverse irrelevante si los jueces aceptan esta visión retroactiva.
Si el Tercer Circuito falla a favor del gobierno, la decisión tendrá validez jurídica en los estados bajo su jurisdicción. No obstante, expertos anticipan que otras cortes podrían replicar esta lógica, y no se descarta que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos.
De ser así, el país podría adoptar un nuevo estándar legal que permitiría reabrir casos de residencia permanente en cualquier momento, sembrando incertidumbre entre comunidades inmigrantes que creían haber cumplido todos los requisitos legales.
La estrategia legal impulsada por el Departamento de Justicia no requiere cambios legislativos. Se trata de una reinterpretación de las normas existentes, lo que acelera su posible implementación y reduce los controles legislativos.
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