Este es el plan de Florida para deportar a más migrantes: incluye jueces militares y un ‘ICE’ local

Florida ha intensificado sus esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, quien ha presentado una serie de iniciativas para reforzar los controles migratorios en el estado. Este plan incluye la construcción rápida de instalaciones de detención, la provisión de autoridad judicial de inmigración a oficiales de la Guardia Nacional de Florida y la incorporación de vuelos de deportación gestionados por contratistas locales. DeSantis detalla que la participación del estado mediante este plan propone un enfoque más proactivo, asumiendo un papel que tradicionalmente pertenece al gobierno federal, y permitiendo a la Guardia Nacional de Florida actuar como jueces en casos de inmigración.

En una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis señaló que el plan opera como un sistema integral “de la sopa al postre”, diseñado para amplificar los recursos estatales en el ámbito migratorio. La propuesta también abarca la facultad de los oficiales estatales para efectuar operaciones de inmigración de manera independiente, especialmente a través de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP). Estos agentes tienen la autoridad para realizar actividades comparables a las de un agente federal de inmigración como los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), gracias al programa 287(g), que autoriza la colaboración estrecha entre las agencias locales y el ICE.

Este nuevo enfoque busca no solo incrementar la capacidad de detención del estado, sino también agilizar los tiempos de procesamiento para deportaciones. DeSantis destacó que el plan es una respuesta a la necesidad de fortalecer las capacidades del estado en control migratorio. Además, más de 100 agentes de la FHP han sido integrados como alguaciles adjuntos, dándoles autoridad adicional para manejar casos que tradicionalmente requerirían intervención federal.

La implementación del programa 287(g) ha sido clave para Florida, facilitando la detención de inmigrantes con antecedentes penales. Este programa permite a los agentes locales y de la FHP detener a inmigrantes indocumentados hasta que ICE pueda intervenir, evitando su liberación. El plan de Florida incluye acuerdos con los sheriffs de los 67 condados del estado, y enmarca esfuerzos de colaboración que han resultado en operativos masivos como “Marea Negra”, que capturó a más de 1.120 migrantes.

El sheriff de Pinellas County, Bob Gualtieri, explicó que el objetivo es identificar y deportar rápidamente a aquellos considerados amenazas a la seguridad pública. No obstante, algunos funcionarios han señalado la limitación que enfrenta el sistema carcelario del estado debido al número limitado de camas disponibles para detención.

En cuanto a las leyes estatales, el gobierno de DeSantis ha adoptado medidas más estrictas que criminalizan el ingreso ilegal al estado y aumentan las penas para quienes cometan delitos sin autorización para estar en Estados Unidos. Estas reformas incluyen una normativa que revocó una ley de 2014, la cual permitía a los estudiantes indocumentados calificar para matrículas estatales reducidas en universidades públicas. Además, se ha creado un nuevo delito estatal para sancionar a aquellos que ingresen a Florida tras haber evadido inspecciones oficiales en la frontera.

El programa Warrant Service Officer (WSO) es otro componente del plan que permite a los agentes locales ejecutar órdenes de detención por infracciones migratorias. Esta iniciativa también asigna responsabilidades significativas a la División de Manejo de Emergencias de Florida, buscando una actuación más coordinada y eficiente sin necesidad de previa autorización federal.

En términos operativos, las estrategias de Florida incluyen entrenamientos acelerados para ampliar la capacidad y efectividad de los agentes al abordar desafíos migratorios. El enfoque está diseñado para minimizar la liberación de individuos con antecedentes penales y facilitar su traslado directo a custodia federal, con el objetivo de prevenir su reincidencia en delitos.

A pesar del esfuerzo estatal para reforzar las leyes de inmigración, la nueva legislación ha generado críticas. Organizaciones defensoras de derechos civiles argumentan que estas medidas podrían inducir a la discriminación racial y fomentar el miedo en las comunidades migrantes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida advirtió que la retórica asociada a estas leyes fomenta envíos incorrectos de mensajes a las comunidades inmigrantes. Según Kara Gross, directora legislativa de ACLU, estas políticas podrían desencadenar perfiles raciales, lo cual ha sido rechazado por autoridades estatales que insisten en su enfoque en la aplicación estricta de la ley.