La administración de Donald Trump solicitó recientemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos permiso para reanudar la deportación de casi 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas.
Esta movida se produce luego de que una orden judicial previa suspendiera temporalmente las deportaciones basadas en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra que ha sido raramente utilizada en la historia de Estados Unidos.
De acuerdo con un informe de The New York Times, la administración, bajo la representación del procurador general D. John Sauer, argumenta que los migrantes, presuntamente miembros de la banda conocida como Tren de Aragua (TdA), son considerados peligrosos y problemáticos.
Según las declaraciones de Sauer, el grupo ha demostrado ser “especialmente peligroso” para mantener en detención prolongada. En su petición al Tribunal Supremo, la administración busca anular la orden de suspensión emitida en abril que protegía temporalmente a los migrantes de la deportación.
Incidentes en el centro de detención
Los informes detallan incidentes donde un grupo de 23 migrantes se atrincheró en un centro de detención en Texas, específicamente en la instalación de Bluebonnet.
De acuerdo con una declaración bajo juramento del oficial del Departamento de Seguridad Nacional, Joshua Johnson, los migrantes bloquearon las puertas de su unidad de vivienda utilizando literas, cubrieron las cámaras de seguridad y bloquearon las ventanas.
Durante horas, amenazaron con tomar rehenes y atacar a los oficiales de ICE y al personal de la instalación. Este comportamiento, según la administración de Trump, es una prueba contundente del peligro que estos individuos representan incluso mientras están detenidos.
Tras el incidente, los migrantes fueron trasladados al Centro de Detención Prairieland en el norte de Texas. Johnson resaltó que el traslado fue esencial para garantizar la seguridad en la instalación original, ya que la conducta coordinada de los detenidos ponía en riesgo a otros detenidos, al personal y a los visitantes del lugar.
Argumento legal y procedimientos
En su declaración, Sauer enfatizó que la rápida deportación de estos individuos es crucial debido a los peligros que suponen. La administración de Trump sostiene que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es apropiado y cita el “interés fuerte del gobierno en remover de inmediato del país” a los miembros de bandas que sean una amenaza para los oficiales de ICE, el personal de las instalaciones y otros detenidos.
La Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, ha sido utilizada de manera excepcional en la historia de Estados Unidos, habiendo sido invocada solo tres veces anteriormente durante periodos de guerra declarada.
Trump proclamó su intención de usar esta ley en marzo para deportar a miembros de la banda venezolana TdA. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han enfrentado múltiples desafíos legales en las cortes federales.
El procurador general Sauer también argumenta que a los migrantes se les ha dado un aviso adecuado y la oportunidad de presentar peticiones de hábeas corpus para desafiar su deportación. Según Sauer, los migrantes han tenido tres semanas para presentar dichas peticiones, sin embargo, hasta la fecha no se han presentado recursos en el Distrito Norte de Texas.
Respuesta y contexto internacional
La situación ha capturado la atención internacional, reflejando las tensiones migratorias y las políticas de inmigración más estrictas implementadas durante la administración de Trump.
El grupo Tren de Aragua fue designado como una organización terrorista extranjera por Estados Unidos, lo cual contribuye a la percepción de peligro que rodea a estos migrantes.
Varios jueces federales han bloqueado las deportaciones bajo esta ley, reflejando las inquietudes legales y humanitarias en torno al uso de poderes de tiempos de guerra en asuntos de inmigración.
Sin embargo, la administración de Trump continúa buscando vías legales alternativas para la deportación, incluso bajo la autoridad de Title 8, que regula las normativas de inmigración y nacionalidad.
El proceso ha capturado la atención de varios medios de comunicación y grupos de derechos humanos que monitorean las acciones del gobierno. La próxima decisión del Tribunal Supremo será crucial para determinar el futuro de estos migrantes y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto moderno de las políticas migratorias de Estados Unidos.
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