Una abogada del sur de California fue sentenciada a prisión federal tras ser hallada culpable de ejecutar un esquema fraudulento por más de 8,7 millones de dólares. Sara Jacqueline King, de 41 años, operaba una empresa bajo el nombre King Family Lending LLC, la cual supuestamente ofrecía préstamos respaldados por activos de lujo, pero en la práctica fue utilizada para obtener fondos que posteriormente gastó en juegos de azar y artículos personales.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió la sentencia el 6 de mayo de 2025. King recibió una condena de 21 meses de prisión federal, seguida de tres años de libertad supervisada, y deberá restituir 8.785.045 dólares a las víctimas, según informó Los Angeles Times.
Los fiscales federales alegaron que la abogada empleó su conocimiento legal y su credibilidad profesional para ganarse la confianza de múltiples inversionistas, a quienes prometió retornos rápidos mediante préstamos de alto valor, supuestamente asegurados con garantías como relojes de lujo, vehículos, obras de arte o propiedades inmobiliarias. Sin embargo, ninguno de estos préstamos fue ejecutado, y los fondos fueron desviados hacia casinos y gastos personales, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia.
¿Cómo funcionaba el esquema de fraude liderado por Sara King?
De acuerdo con los documentos judiciales, entre enero de 2022 y enero de 2023, King presentó su empresa como una firma dedicada a emitir préstamos a corto plazo para celebridades, atletas y personas con alto poder adquisitivo, utilizando bienes como garantía, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California.
Los fondos, sin embargo, fueron utilizados para sostener una rutina de apuestas en Las Vegas, así como para financiar una vida de lujo. Las investigaciones revelaron que King residió durante seis meses en el resort Wynn Las Vegas, donde apostó intensamente y perdió entre 6 y 7 millones de dólares, según consta en una demanda civil separada interpuesta por LDR International Limited, una firma con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La demanda especifica que King solicitó 97 préstamos por un valor total de 10,2 millones de dólares a LDR International entre enero y octubre de 2022. El texto afirma que la abogada “gastó la mayor parte de los fondos prestados para apostar en Las Vegas, financiar un estilo de vida costoso y para otros usos personales”.
¿Qué compró con el dinero de los inversionistas?
Entre los gastos identificados por las autoridades se encuentra la compra de un Porsche Taycan, un vehículo deportivo eléctrico valorado en más de 130 mil dólares. También se documentaron gastos en joyas, viajes, artículos de diseñador y consumos en casinos.
En declaraciones judiciales, King atribuyó parte de su conducta a presiones de su exesposo, Kamran Abbas-Vahid, a quien acusó de forzarla a apostar el dinero prestado para saldar deudas con la empresa acreedora.
El abogado defensor de King, Sam Cross, declaró ante el tribunal que su clienta sufría adicción a Xanax y consumía diariamente hasta diez bebidas alcohólicas durante su estancia en Las Vegas. Según Cross, King se inscribió voluntariamente en un centro de rehabilitación luego de ser acusada formalmente. Esta información fue corroborada por Los Angeles Times.
¿Quiénes fueron las víctimas del fraude?
El caso afectó a diversos inversionistas, algunos con alto poder adquisitivo, pero también a ciudadanos comunes. Yumiko Sturdivant, una de las víctimas del esquema, declaró a ABC 7 que perdió sus ahorros tras confiar en las promesas de King. “Déjeme decirle que ella no solo robó a un multimillonario. Robó a personas normales como yo. Lo que ha hecho es atroz y no hay forma de que se libre de esto”, sostuvo durante una entrevista con el medio.
El impacto financiero total fue evaluado en al menos 8,7 millones de dólares, cifra respaldada por los documentos del tribunal y confirmada por el Departamento de Justicia. Las autoridades indicaron que no todos los afectados han sido identificados públicamente por razones de privacidad, y que la restitución será administrada mediante procesos supervisados por la corte.
¿Qué medidas tomaron las autoridades y qué pasará ahora?
La investigación fue desarrollada en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El Departamento de Justicia presentó los cargos iniciales contra King en 2023, año en el que comenzó la recolección de pruebas financieras y testimonios de las víctimas. El caso fue procesado por la fiscalía del Distrito Central de California, que ha manejado otras investigaciones similares de fraude electrónico.
En el comunicado emitido por el Departamento de Justicia en 2023, se indicó que King utilizó medios electrónicos y comunicaciones interestatales para obtener el dinero, lo que permitió calificar el caso como fraude electrónico, un delito federal. El gobierno solicitó a la corte una condena proporcional a la gravedad del impacto económico causado.
King deberá presentarse ante las autoridades penitenciarias el 14 de julio de 2025, cuando comenzará a cumplir su condena. Luego deberá completar tres años adicionales bajo libertad supervisada, según determinó el tribunal federal. La empresa King Family Lending LLC no aparece activa en los registros públicos del estado de California, y hasta el momento no se han presentado cargos contra terceras personas relacionadas con el esquema, de acuerdo con ABC 7.
¿Qué consecuencias deja el caso en el sector de préstamos privados?
Este caso es un ejemplo de cómo los esquemas financieros fraudulentos pueden aprovechar vacíos regulatorios en el sector de préstamos privados. La combinación de factores como la ausencia de fiscalización, la confianza en intermediarios legales y la falta de garantías efectivas facilitó la ejecución del fraude.
Las autoridades no han anunciado investigaciones adicionales, pero subrayaron la importancia de verificar la legalidad y transparencia de las entidades no bancarias que ofrecen préstamos respaldados por activos. El caso ha sido utilizado por especialistas en derecho financiero como referencia para reforzar la necesidad de supervisión regulatoria más estricta en los mercados de préstamos entre particulares.
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