El reciente inicio de operaciones de Delaney Hall, un centro de detención de inmigrantes ubicado en Newark, Nueva Jersey, ha generado una intensa controversia tanto a nivel local como nacional.
Según informó The Associated Press, esta instalación, gestionada por la empresa privada GEO Group, abrió sus puertas el 1 de mayo en medio de una campaña federal para intensificar las deportaciones de inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, su apertura ha sido objeto de protestas, incluyendo la oposición del alcalde de Newark, Ras Baraka, quien ha cuestionado la legalidad del funcionamiento del centro debido a presuntas irregularidades en los permisos de construcción.
La capacidad del centro de detención y su acuerdo
El centro, que cuenta con capacidad para albergar a 1.000 personas, se encuentra en una zona industrial de la bahía de Newark, junto a una prisión del condado.
Según detalló The Associated Press, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y GEO Group firmaron un acuerdo de 15 años por un valor de mil millones de dólares para operar estas instalaciones. Antes de su transformación en un centro de detención, Delaney Hall funcionaba como un centro de transición.
No obstante, la falta de claridad sobre si ya hay detenidos en el lugar ha alimentado las críticas. GEO Group no ha confirmado la presencia de personas bajo custodia, y el ICE no respondió a las solicitudes de comentarios.
La parte opositora del proyecto
El alcalde Baraka ha liderado la oposición al proyecto, argumentando que el centro no cuenta con los permisos municipales necesarios, como el certificado de ocupación.
Según documentos legales presentados por la ciudad, las inspecciones realizadas en las instalaciones identificaron problemas relacionados con el cumplimiento de los códigos de construcción, como la falta de enchufes con conexión a tierra en varias habitaciones y la necesidad de un nuevo portón de entrada para trabajos eléctricos.
A pesar de estas deficiencias, las inspecciones confirmaron que los extintores estaban en buen estado y que las señales de salida cumplían con los estándares requeridos.
Baraka, quien también está inmerso en unas primarias demócratas para suceder al gobernador Phil Murphy, ha enmarcado su oposición al centro como una cuestión de derechos humanos y constitucionales.
En declaraciones recientes, afirmó que la apertura de Delaney Hall representa una amenaza al debido proceso y a los principios establecidos en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. “No es un asunto demócrata ni republicano, en mi opinión. Es un asunto de derechos humanos”, expresó el alcalde, quien además intentó ingresar al centro en dos ocasiones esta semana, sin éxito.
La postura de la empresa GEO Group tras comentarios opositores
Por su parte, GEO Group ha rechazado las acusaciones del alcalde y ha señalado que su postura responde a intereses políticos. La compañía, con sede en Florida, argumentó que la ciudad no presentó objeciones cuando la administración de Barack Obama utilizó las instalaciones como un centro de procesamiento de ICE.
En un comunicado, el portavoz de GEO Group, Christopher Ferreira, destacó los beneficios económicos que el centro aportará a Newark, incluyendo la creación de cientos de empleos sindicalizados con un salario promedio anual de 105.000 dólares y una contribución estimada de 50 millones de dólares a la economía local.
La ciudad de Newark decidió presentar una demanda judicial
El conflicto también se ha trasladado al ámbito judicial. Según reportó The Associated Press, la ciudad de Newark presentó una demanda contra GEO Group poco después de que se anunciara el acuerdo con ICE, solicitando al tribunal que bloquee temporalmente la operación del centro.
El caso, inicialmente presentado en un tribunal estatal, fue transferido a una corte federal, donde un juez está evaluando la solicitud de la ciudad.
La apertura de Delaney Hall se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno federal, quien ha priorizado la deportación de inmigrantes indocumentados como parte de su agenda política.
Este enfoque ha generado divisiones entre los funcionarios republicanos que respaldan estas medidas y los líderes demócratas que cuestionan su legalidad y efectividad.
Mientras el debate continúa, el futuro de Delaney Hall permanece incierto. Las tensiones entre la administración federal, las autoridades locales y los activistas subrayan las complejidades de la política migratoria en Estados Unidos y los desafíos asociados con la implementación de medidas que afectan directamente a las comunidades locales.
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