Familias de migrantes venezolanos enfrentan una angustiosa incertidumbre tras la detención y traslado de sus seres queridos a la megacárcel en El Salvador, según informó NBC News.
Desde el 15 de marzo, cerca de 240 hombres, incluidos solicitantes de asilo y migrantes con órdenes de deportación, fueron enviados a este centro penitenciario bajo acusaciones de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Una organización criminal designada como terrorista por el gobierno de los Estados Unidos.
La angustia de las familias quienes aseguran no saben nada de sus deportados
Sin embargo, familiares y abogados aseguran que muchos de ellos no tienen vínculos con dicha pandilla y denuncian la falta de pruebas y el incumplimiento del debido proceso.
De acuerdo con el medio NBC News, los detenidos permanecerán al menos un año en esta prisión, conocida por sus duras condiciones y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La madre de uno de los detenidos, Carmen Bonilla, expresó su desesperación al no tener noticias de su hijo, Andry Blanco Bonilla, desde su traslado.
Blanco Bonilla, de 40 años, vivía en Texas y estaba solicitando asilo cuando fue arrestado en febrero tras ser interrogado por sus tatuajes. Su familia asegura que no tiene antecedentes penales y que fue detenido injustamente. “No sé nada de lo que le pasa. No duermo. He bajado de peso”, declaró Bonilla desde Venezuela.
La estrategia del gobierno para hacer las deportaciones
El gobierno realizó las deportaciones masivas invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que permite medidas extraordinarias contra amenazas externas.
Según la proclamación del 15 de marzo, el Tren de Aragua fue señalado como una fuerza invasora que representaba un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, abogados y expertos han cuestionado esta medida, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes para vincular a los detenidos con la pandilla.
Una investigación del New York Times reveló que la mayoría de los hombres no tienen antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en sus países de origen.
Entre los casos destacados se encuentra el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado a El Salvador.
Su abogado y su familia niegan las acusaciones de que pertenezca a la pandilla MS-13, y su caso ha llegado hasta la Corte Suprema, que ordenó al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump declaró en una entrevista que podría hacer que Ábrego García regrese “con una sola llamada telefónica”, pero cuestionó su carácter.
Familiares de los detenidos han denunciado que muchos fueron arrestados por tener tatuajes que, aunque comunes en Venezuela, no están relacionados con el Tren de Aragua. Natalie Cadwalader Schultheis, abogada de tres de los hombres deportados, afirmó que estos ingresaron legalmente a Estados Unidos mediante un programa de citas migratorias y que no tienen antecedentes penales.
Según explicó, las órdenes de deportación que tenían eran para regresar a Venezuela, no para ser enviados a otro país. “Estamos viendo a personas desaparecidas por el gobierno y enviadas a una prisión de tortura en otro país”, advirtió.
Los testimonios de las familias que han quedado en incertidumbre
Angy Blanco Bonilla, hermana de uno de los detenidos, expresó su angustia por la falta de información sobre su hermano. “No sabemos si come, cómo se siente, qué le está pasando”, dijo.
Por su parte, Austria Pulgar, madre de otro detenido, relató cómo descubrió que su hijo estaba en El Salvador al reconocer su rostro en imágenes difundidas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Esa foto me rompió el alma”, confesó.
Un juez federal rechazó recientemente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar estas deportaciones, y la Corte Suprema suspendió las mismas en abril, cuando autobuses con venezolanos se dirigían a un aeropuerto.
A pesar de estas decisiones, las familias de los detenidos temen que sus seres queridos sigan enfrentando condiciones inhumanas en la prisión salvadoreña.
La abogada Cadwalader-Schultheis subrayó que este caso sienta un precedente peligroso, ya que implica la deportación de personas sin audiencias migratorias ni posibilidad de defenderse.
Mientras tanto, las familias continúan rezando por el regreso de sus seres queridos. “Solo quiero que mi hijo regrese sano y salvo”, expresó Frizgeralth de Jesús Cornejo Pulgar, madre de otro detenido.
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