Florida busca hacer cumplir ley que convierte en delito que inmigrantes sin papeles ingresen al estado

El gobierno de Florida sostiene su defensa de una ley que penaliza como delito menor el ingreso al estado de personas sin estatus migratorio legal, en medio de una suspensión dictada por una jueza federal y desafíos legales en tribunales federales.

La legislación, conocida como SB 4-C, fue aprobada en febrero de 2025 y enfrenta una orden judicial que impide su aplicación. Organizaciones civiles, incluidas la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), argumentan que la norma invade competencias asignadas exclusivamente al gobierno federal. La disputa ha derivado en una serie de recursos legales y audiencias que continúan desarrollándose en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, según reportes de AP News y documentos judiciales.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, solicitó el miércoles 30 de abril que se permita aplicar la ley mientras la suspensión es apelada ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta. Uthmeier afirmó que la norma busca reforzar la seguridad pública y no contradice la normativa federal, de acuerdo con AP News y registros de la corte federal.

La ley SB 4-C establece que será considerado delito menor que una persona sin autorización migratoria ingrese o reingrese a Florida, incluso si reside legalmente en otro estado. La disposición permite que las autoridades estatales y locales arresten a quienes eludan a las agencias federales de inmigración, según el texto legislativo citado por AP News y Fox News.

El gobierno de Florida, encabezado por el gobernador Ron DeSantis, ha defendido la ley argumentando que representa el ejercicio de la autoridad soberana del estado para colaborar con las leyes federales de inmigración. Uthmeier señaló en su solicitud judicial que la legislación estatal es compatible con los estatutos federales y no interfiere con las responsabilidades del gobierno central, según consta en el expediente judicial y fue informado por AP News.

La jueza federal Kathleen Williams emitió el 4 de abril una orden de restricción temporal que bloqueó la aplicación de la ley SB 4-C. La magistrada concluyó que existía una probabilidad sustancial de que la legislación fuera declarada inconstitucional al violar la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que otorga al gobierno federal autoridad exclusiva en materia migratoria, según AP News y confirmaciones de la ACLU de Florida.

El 18 de abril, la jueza extendió la orden de suspensión tras conocer que, pese a su fallo, agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida habían arrestado a más de una docena de personas bajo la ley SB 4-C, incluyendo al ciudadano estadounidense Juan Carlos López Gómez, detalló CBS12 News y registros judiciales.

Inicialmente, Uthmeier distribuyó un memorando a las agencias de aplicación de la ley de Florida, solicitando que se abstuvieran de aplicar la norma mientras estuviera vigente la orden judicial, aunque expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza Williams, reportó Fox News.

Sin embargo, cinco días después, el fiscal general envió un segundo memorando indicando que la jueza había incurrido en un error legal y que su decisión no impedía que las agencias estatales y locales aplicaran la ley. Esta interpretación fue rechazada por la magistrada, quien subrayó que su orden se aplicaba a todas las agencias policiales del estado, incluso aquellas no nombradas en la demanda, según AP News y documentos judiciales.

La demanda presentada por la Coalición de Inmigrantes de Florida, respaldada por la ACLU y otras organizaciones, sostiene que la ley SB 4-C criminaliza la simple presencia de inmigrantes en el estado. Los demandantes afirman que esto constituye una invasión de las competencias federales sobre inmigración y podría dar lugar a arrestos erróneos y discriminación, según un comunicado oficial de la ACLU difundido el 30 de abril.

Bacardi Jackson, director ejecutivo de la ACLU de Florida, declaró que la legislación convierte la aplicación de las normas migratorias en un instrumento de control penal a nivel estatal, una función reservada por ley al gobierno federal. Fox News y la propia ACLU de Florida informaron sobre esta declaración.

La jueza Williams programó una audiencia para el 29 de mayo con el objetivo de evaluar si el fiscal general Uthmeier podría ser declarado en desacato por presuntamente incumplir la orden judicial, informó AP News y CBS12 News.

El tribunal también revisará la solicitud presentada por Uthmeier para suspender la orden de bloqueo mientras el estado apela la decisión ante el Tribunal del 11º Circuito. El resultado de esa audiencia podría determinar si la aplicación de la ley SB 4-C puede reanudarse mientras continúa el litigio, de acuerdo con documentos de la corte y reportes de AP News.

Hasta el 2 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido declaraciones públicas sobre el litigio en curso. Tampoco ha intervenido formalmente en el caso, según una revisión de comunicados oficiales y reportes judiciales realizada por Reuters y AP News.

La audiencia del 29 de mayo será clave para definir si el estado de Florida podrá seguir defendiendo la aplicación de la ley mientras avanza el proceso de apelación. Tanto las organizaciones demandantes como el fiscal general han anunciado su intención de presentar argumentos adicionales, informó AP News y la ACLU de Florida en sus respectivas comunicaciones oficiales.