La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anunció este jueves que sopesará los argumentos legales en el caso en contra de los intentos del presidente Donald Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento.
La vista judicial tendrá lugar el próximo 13 de mayo, según indicó un documento publicado esta tarde.
La decisión de tomar el caso llega poco más de un mes después de que el Gobierno Trump solicitara a la Corte Suprema levantar parcialmente varias órdenes judiciales que bloquean el decreto con el que la Casa Blanca intentó acabar con este derecho, amparado por la Constitución.
En su segundo día en el poder, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes indocumentados y de los migrantes con visados temporales.
El polémico decreto fue impugnado en los tribunales y tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts ordenaron en fallos separados su bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.
Ante la posibilidad de que este caso pudiera tardar meses o años en resolverse, el Gobierno de Trump presentó la petición de emergencia ante la Corte Suprema para que levante parcialmente los bloqueos nacionales.
Como pasó en su primera administración (2017-2021), varias de las medidas decretadas por Trump en el inicio de su segundo mandato han sido respondidas con demandas y posteriores bloqueos judiciales.
El decreto de Trump contradice la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de 1868, que otorga la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida dentro de su territorio nacional.
El gobierno sostiene que las suspensiones nacionales emitidas por los tribunales son excesivas y ha solicitado a la Corte Suprema que limite el alcance de los fallos solo a los afectados directos, aquellos que han emprendido acciones legales. La administración Trump denuncia una “epidemia” de suspensiones a nivel nacional emitidas por los tribunales desde el inicio del segundo mandato.
Además, el Ejecutivo pide como mínimo que se permita a las agencias federales emitir pautas para implementar la orden ejecutiva. El decreto prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal o temporal y cuyo padre no es estadounidense o residente permanente, es decir, titular de la famosa tarjeta verde (“green card”).
También se verían afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante, trabajo o turista.
(Con información de AFP y EFE)
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