Lyle y Erik Menéndez comparecen por Zoom en una audiencia sin un desenlace definido

Lyle y Erik Menéndez comparecieron este viernes por Zoom en una audiencia clave para su futuro, mientras un tribunal de Los Ángeles evalúa si se continuará con el proceso de resentencia solicitado previamente por la fiscalía durante la administración del exfiscal George Gascón. La jornada, que se extendió por varias horas, no incluyó declaraciones públicas de los hermanos, pero dejó al descubierto un profundo desacuerdo entre las partes, un entorno judicial polarizado y un trasfondo político que ha modificado el rumbo del caso.

Los hermanos fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Mary “Kitty” Menéndez, en su casa de Beverly Hills en 1989. Tenían 18 y 21 años al momento del crimen. Desde entonces, han pasado más de 30 años en prisión. La defensa ha sostenido que actuaron en defensa propia tras años de abusos sexuales por parte del padre, mientras que la fiscalía ha mantenido que el crimen fue premeditado y motivado por el interés en una herencia millonaria.

El cambio político en la fiscalía de Los Ángeles ha sido determinante. Gascón, quien había apoyado la posibilidad de resentenciar a los hermanos, fue reemplazado en noviembre por Nathan Hochman, un fiscal con un enfoque más restrictivo en materia penal. Antes de dejar el cargo, Gascón había pedido que se modificara la condena de los Menéndez a una de 50 años a cadena perpetua, lo que los haría inmediatamente elegibles para libertad condicional bajo la ley estatal. No obstante, Hochman presentó el mes pasado una moción para retirar esa solicitud, al considerar que los hermanos no han mostrado “un reconocimiento pleno y responsable” de su crimen.

Durante la audiencia de este viernes, la fiscalía expuso sus argumentos para sustentar la moción. El fiscal adjunto Habib Balian indicó que el principal problema con la propuesta de Gascón era que no abordaba de manera suficiente los aspectos relacionados con la rehabilitación ni con los hechos originales del caso. “¿Qué significa aprender de tus errores y entender verdaderamente que lo que hiciste estuvo mal?”, cuestionó Balian al tribunal.

Como parte de su presentación, el fiscal mostró fragmentos de video de los juicios originales, con el objetivo de demostrar que los hermanos mintieron en varias ocasiones. Según Balian, los Menéndez “se refugiaron en un búnker de mentiras y engaños”. También presentó notas de un psiquiatra, en las que se señalaba que los hermanos sabían que iban a ser eliminados del testamento, lo que indicaría un móvil económico. El fiscal sostuvo que no se trató de defensa propia, sino de un crimen motivado por la codicia.

El abogado defensor, Mark Geragos, cuestionó con dureza la exposición de la fiscalía, calificándola de “espectáculo irrelevante”. Según Geragos, el propósito de la audiencia no era reexaminar las pruebas del caso original, sino determinar si la fiscalía podía o no retirar legalmente su propia moción de resentencia.

Geragos también objetó la inclusión de una fotografía de los cuerpos de José y Kitty Menéndez, presentada por la fiscalía. Aseguró que la imagen fue innecesaria y revictimizó a la familia, particularmente a los parientes presentes en la sala, entre ellos Anamaria Baralt, prima de los hermanos, y Terry Baralt, su tía.

Las tensiones entre la familia Menéndez y la nueva administración de la fiscalía también salieron a relucir. La mayoría de los familiares de los hermanos han expresado su apoyo a la resentencia. El único pariente que se oponía abiertamente a su liberación, Milton Andersen, hermano de Kitty Menéndez, falleció el mes pasado.

En un documento presentado al tribunal, los abogados defensores cuestionaron si la decisión de Hochman de retirar la moción respondía realmente a criterios jurídicos o más bien a “un cambio en los vientos políticos”. Según la defensa, la fiscalía ha tomado represalias contra los funcionarios que impulsaron la resentencia. En particular, mencionaron a Nancy Theberge y Brock Lunsford, los fiscales que habían firmado la moción original y que luego fueron degradados por Hochman. Ambos presentaron demandas por acoso, discriminación y represalias relacionadas con su trabajo en el caso.

La prima Anamaria Baralt también emitió un comunicado en el que denunció que el nuevo fiscal ha actuado por “vendettas personales”. Otra prima, Tamara Goodall, presentó una queja formal ante el estado solicitando que Hochman sea retirado del caso por parcialidad. En su denuncia, lo acusó de mantener un “tono hostil, condescendiente y despectivo” durante las reuniones con la familia, generando un ambiente “intimidante y de acoso”.

Más allá de esta audiencia, los hermanos Menéndez aún tienen otras vías legales abiertas. Han presentado una solicitud de clemencia al gobernador Gavin Newsom, quien ordenó a la junta estatal de libertad condicional investigar si representan un peligro para la sociedad en caso de ser liberados. La audiencia definitiva está prevista para el 13 de junio. Además, en mayo de 2023 presentaron una petición de habeas corpus, argumentando la existencia de nuevas pruebas que justificarían un nuevo juicio. Hochman también presentó una moción oponiéndose a esa petición.

La audiencia de este viernes buscaba definir si el juez permitirá o no a la fiscalía retirar la moción de resentencia. Si se concede, el magistrado tendrá que decidir si el proceso puede continuar de manera independiente, tal como está previsto para los días 17 y 18 de abril. El futuro inmediato de los Menéndez dependerá, en buena parte, de ese fallo.