Compró CBD para el dolor, dio positivo en THC y fue despedido: ahora podrá demandar

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un conductor de camiones que podrá demandar a una empresa fabricante de cannabidiol (CBD) bajo la legislación federal utilizada para combatir el crimen organizado. La decisión se emitió el miércoles en una votación ajustada de 5 votos contra 4, y permite que Douglas Horn, quien perdió su empleo tras consumir un producto que supuestamente no contenía THC, continúe su demanda civil contra la empresa Medical Marijuana Inc., según informó The Washington Post.

Horn, quien padecía dolores crónicos en la espalda y en el hombro tras un accidente automovilístico en 2012, adquirió un producto de CBD llamado “Dixie X”, comercializado por Medical Marijuana Inc. La empresa aseguraba que el producto no contenía tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis. Sin embargo, semanas después de haber comenzado su uso, Horn fue sometido a una prueba de drogas en su trabajo y dio positivo en THC.

Como resultado, su empleador lo despidió al negarse a participar en un programa de rehabilitación por consumo de sustancias. Horn decidió entonces someter otra muestra del mismo producto a análisis de laboratorio, el cual confirmó la presencia de THC. A raíz de estos hechos, Horn y su esposa interpusieron una demanda federal en el estado de Nueva York contra Medical Marijuana Inc., alegando que la empresa incurrió en un patrón de actividades fraudulentas en violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

La particularidad del caso radica en que Horn y sus abogados utilizaron una herramienta jurídica inusual para este tipo de litigios. La Ley RICO, promulgada en 1970, se diseñó originalmente para perseguir actividades del crimen organizado, pero también contempla disposiciones civiles que permiten a individuos demandar por daños a su “negocio o propiedad” como resultado de prácticas ilícitas de una organización.

Según The Washington Post, el tribunal federal de primera instancia desestimó inicialmente la demanda, argumentando que el perjuicio sufrido por Horn era de carácter personal, dado que el daño surgió del consumo del producto. El juez consideró que la ley RICO no aplicaba porque la pérdida del empleo no calificaba como un daño económico directo en los términos establecidos por la legislación.

No obstante, el caso fue apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que revocó la decisión inicial. El tribunal de apelaciones sostuvo que la pérdida de empleo puede interpretarse como una afectación a la actividad económica personal de un individuo, lo cual se ajusta al concepto de “negocio” contemplado en RICO. Esta decisión permitió a Horn reanudar su acción legal, lo que llevó a la empresa a solicitar la intervención de la Corte Suprema.

La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión de la mayoría en la Corte Suprema, sostuvo que la expresión “lesionado en su negocio o propiedad” no excluye todos los daños económicos derivados de lesiones personales. Según Barrett, interpretaciones anteriores de la ley no limitan de forma categórica el acceso a compensaciones cuando existe un perjuicio económico claro, como puede ser la pérdida de ingresos laborales.

La sentencia no implica que Horn haya ganado el caso, sino que le permite continuar el proceso judicial. De resultar favorable el fallo en instancias inferiores, Horn podría reclamar el triple de los daños económicos que demuestre haber sufrido, conforme a lo estipulado por la ley RICO. Este mecanismo multiplica las compensaciones como forma de castigo a prácticas fraudulentas reiteradas, según explica The Washington Post.

Por su parte, los abogados de Medical Marijuana Inc. argumentaron que permitir este tipo de demandas bajo RICO podría provocar una avalancha de litigios, ya que los demandantes buscarían el beneficio de las indemnizaciones triples que la ley ofrece. La empresa sostuvo que abrir esta puerta judicial extendería de manera inapropiada el alcance de una norma creada para combatir mafias y organizaciones criminales, y no para disputas comerciales entre consumidores y fabricantes.

El caso pone de relieve los riesgos legales que enfrentan las empresas que comercializan productos derivados del cannabis, en particular aquellos que aseguran no contener THC. Aunque muchos de estos productos se venden como suplementos naturales y terapéuticos, la supervisión regulatoria en Estados Unidos sigue siendo limitada. Las afirmaciones sobre composición y efectos terapéuticos suelen no estar avaladas por organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Además, como indica The Washington Post, el incidente de Horn refleja una preocupación más amplia sobre la transparencia en el etiquetado de productos de CBD, así como sobre el acceso a recursos legales cuando las consecuencias del consumo afectan aspectos fundamentales como el empleo. La decisión de la Corte Suprema podría sentar un precedente relevante para otros trabajadores en situaciones similares que aleguen daños económicos tras consumir productos con información engañosa.

Con este fallo, la Corte abre la posibilidad de que otras personas que sufran perjuicios financieros debido a prácticas supuestamente fraudulentas de fabricantes de CBD puedan recurrir a las disposiciones civiles de la Ley RICO. El caso regresará ahora a los tribunales inferiores para su evaluación en el fondo, donde se deberá determinar si Medical Marijuana Inc. incurrió efectivamente en una conducta ilícita sistemática que justifique una indemnización bajo esa legislación.