El bufete de abogados estadounidense donde trabaja el marido de la ex vicepresidenta demócrata Kamala Harris ha llegado a un acuerdo que le permite evitar posibles sanciones de la administración de Donald Trump, anunció este martes el presidente republicano.
Willkie Farr & Gallagher emplea no solo a Doug Emhoff, el marido de Harris, sino también a dos de los miembros de la investigación parlamentaria sobre el asalto al Capitolio por partidarios de Trump el 6 de enero de 2021.
Trump ha firmado decretos contra cinco bufetes para despojar a sus abogados de las habilitaciones de seguridad que les permiten acceder a información protegida y restringir su acceso a edificios y funcionarios.
Willkie Farr & Gallagher era uno de los próximos en la lista, según medios de comunicación locales.
El mandatario anunció el pacto este martes en su red Truth Social, donde indicó que Willkie proporcionará servicios legales “pro bono” durante toda su Administración y a causas que apoya el mandatario, como las ayudas a veteranos o a miembros de las Fuerzas Armadas y la lucha contra el antisemitismo.
El esposo de Kamala Harris, Doug Emhoff, comenzó a trabajar en Willkie una semana después de que Trump volviera a la Casa Blanca.
Según el posteo de Trump, el bufete indicó que este acuerdo se alinea con los puntos de vista de la empresa y con su compromiso de cumplir la ley en lo que respecta a las prácticas de empleo, y dijo que espera tener una relación “constructiva con la Administración” del republicano.
Otro bufete, Skaddenn, alcanzó un acuerdo similar la semana pasada y ofrecerá al Gobierno servicios legales gratuitos por un valor de USD 100 millones.
Además, tanto Willkie como Skadden se verán obligados a ignorar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) a la hora de contratar, dando “una consideración justa a los candidatos, independientemente de sus creencias políticas”.
Entre los bufetes golpeados por los decretos presidenciales figuran Perkins Coie, que trabajó para los demócratas durante la campaña para su primera elección en 2016, así como WilmerHale y Jenner & Block, que dio trabajo a responsables de la investigación sobre la posible colusión entre Rusia y el equipo de Trump hace nueve años.
Los tres han impugnado los decretos presidenciales ante los tribunales.
Otro bufete, Paul Weiss, consiguió la retirada del decreto presidencial tras alcanzar un acuerdo con la administración Trump considerado una “capitulación” por gran parte de los letrados.
A cambio, el bufete “reconoció los actos reprensibles” de uno de sus antiguos socios, Mark Pomerantz, y aceptó prestar gratuitamente servicios jurídicos por valor de USD 40 millones para “apoyar las iniciativas de la administración”, según Trump.
El 22 de marzo, el presidente estadounidense también dio instrucciones para sancionar a los abogados o bufetes que abran litigios “no razonables” al gobierno federal, en particular en materia de inmigración.
(Con información de AFP y EFE)
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