Una Corte Suprema fuertemente dividida rechazó el miércoles un esfuerzo de la administración Trump para reprender a un juez federal que impuso un plazo rápido para liberar miles de millones de dólares en ayuda extranjera.
Por una votación de 5-4, el tribunal le dijo al juez de distrito de Estados Unidos Amir Ali que aclare su orden anterior que exigía a la administración republicana liberar casi USD 2 mil millones en ayuda para un trabajo que ya se había realizado.
Aunque el resultado es una pérdida a corto plazo para la administración del presidente Donald Trump, los grupos sin fines de lucro y las empresas que demandaron todavía están esperando el dinero que dicen que se les debe. Una de las organizaciones se vio obligada la semana pasada a despedir a 110 empleados como resultado, según documentos judiciales.
El juez Samuel Alito encabezó la disidencia de cuatro jueces conservadores, afirmando que Ali carece de autoridad para ordenar los pagos. Alito escribió que le sorprende que el tribunal premie “un acto de arrogancia judicial e imponga una sanción de 2.000 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses”.
La acción del tribunal deja en vigor la orden de restricción temporal de Ali que había puesto en pausa la congelación del gasto, Ali va a celebrar una audiencia el jueves para considerar una pausa más duradera.
La mayoría señaló que la administración no había impugnado la orden inicial de Ali, sino sólo el plazo, que en cualquier caso venció la semana pasada.
El tribunal pidió a Ali que “aclare qué obligaciones debe cumplir el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo debidamente en cuenta la viabilidad de cualquier plazo de cumplimiento”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, dos conservadores, se unieron a los tres jueces liberales para formar una mayoría.
Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se unieron a la disidencia de Alito.
La administración Trump ha argumentado que la situación ha cambiado porque ha sustituido una congelación general del gasto por determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5.800 contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras 4.100 subvenciones del Departamento de Estado por un total de casi 60.000 millones de dólares en ayuda.
El gobierno federal congeló la ayuda exterior después de una orden ejecutiva de Trump dirigida a lo que llamó programas derrochadores que no se corresponden con sus objetivos de política exterior.
La demanda que siguió alegó que la pausa rompe la ley federal y ha cerrado la financiación incluso para los programas más urgentes que salvan vidas en el extranjero.
Ali ordenó el restablecimiento temporal de la financiación el 13 de febrero, pero casi dos semanas después comprobó que el gobierno no daba señales de cumplir la orden y fijó un plazo para liberar el pago de los trabajos ya realizados.
La administración apeló, calificando la orden de Ali de “increíblemente intrusiva y profundamente errónea” y protestando por el plazo para liberar el dinero.
(Con información de AP)
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