El ICE planea expandir el uso de herramientas de vigilancia y control de migrantes a las redes sociales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado sus esfuerzos para rastrear la actividad en línea, con el objetivo de identificar posibles amenazas externas y comentarios negativos dirigidos hacia la agencia, sus funcionarios y sus instalaciones.

Según un documento oficial citado por el diario británico The Independent, la agencia ha solicitado información a empresas especializadas en herramientas de vigilancia digital, incluyendo tecnologías de geolocalización, reconocimiento facial y análisis de perfiles psicológicos. Este movimiento se produce en un contexto de crecientes críticas hacia la falta de transparencia en sus operaciones y la manipulación de información pública.

De acuerdo con la solicitud publicada en un portal gubernamental en noviembre de 2024, el ICE justificó esta iniciativa señalando un aumento en las amenazas dirigidas a su personal y a sus instalaciones. La agencia busca identificar a individuos que realicen menciones reiteradas sobre la organización o sus líderes en plataformas digitales, bases de datos públicas, la deep web y la dark web.

Actualmente, el ICE cuenta con un contrato de monitoreo en redes sociales valorado en 5,5 millones de dólares con la empresa de seguridad e inteligencia Barbaricum, con sede en Washington D. C. Sin embargo, este acuerdo expirará en marzo de 2025, lo que ha llevado a la agencia a buscar nuevas opciones para expandir sus capacidades de vigilancia digital. Según The Independent, el plazo para que las empresas interesadas respondieran a la solicitud de información concluyó el 6 de enero de 2025, aunque no se ha confirmado si ya se ha adjudicado un nuevo contrato.

El uso de herramientas de monitoreo en línea no es exclusivo del ICE. En 2020, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) también solicitó propuestas similares para rastrear amenazas en redes sociales. Tanto demócratas como republicanos han respaldado la necesidad de estas medidas, argumentando que son esenciales para proteger a políticos, jueces y otros funcionarios de posibles ataques.

Mientras el ICE busca fortalecer su capacidad de vigilancia, diversas organizaciones de derechos humanos han señalado una preocupante falta de transparencia en la difusión de datos sobre sus operativos. Según un informe de The Guardian, desde principios de 2025, la agencia ha reducido significativamente la información pública sobre sus actividades, dificultando el seguimiento de las detenciones de inmigrantes y las redadas realizadas.

Expertos en migración, como Noelle Smart, investigadora del Vera Institute of Justice, han destacado que la ausencia de detalles sobre los lugares de las redadas y los antecedentes penales de los arrestados impide evaluar el impacto real de las acciones del ICE. Esta falta de datos también limita la capacidad de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes para monitorear posibles abusos o irregularidades en los operativos.

En respuesta a las críticas, la agencia ha intensificado su estrategia de comunicación mediante la publicación de imágenes y videos de sus operativos en redes sociales oficiales. Estas publicaciones incluyen estadísticas de arrestos y buscan proyectar una imagen de eficacia en la aplicación de la ley.

Sin embargo, organizaciones como el American Immigration Council han expresado su preocupación por estas tácticas, argumentando que contribuyen a generar un clima de temor e incertidumbre entre las comunidades migrantes.

Según voceros de esta organización, la exposición mediática de los operativos no solo refuerza la percepción de la agencia como una entidad estricta en el cumplimiento de la ley, sino que también puede tener un efecto disuasorio en las comunidades inmigrantes, dificultando su acceso a servicios esenciales y su integración en la sociedad.