Autoridad educativa de Illinois central detalló los riesgos de la eliminación del Departamento de Educación de EEUU

La propuesta de eliminar el Departamento de Educación de los Estados Unidos, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, ha generado preocupación entre líderes educativos en Illinois y otras partes del país. Esta iniciativa busca reducir el tamaño del gobierno federal y transferir mayores competencias a los estados, lo que ha despertado inquietudes sobre cómo se gestionarían programas clave y la distribución de fondos esenciales para la educación. Según 25 News, la propuesta necesitaría la aprobación del Congreso, incluyendo al menos 60 votos en el Senado, lo que representa un desafío significativo para su implementación.

El Departamento de Educación desempeña un papel crucial en la administración de programas financiados con subvenciones federales, así como en la protección de derechos fundamentales relacionados con la educación. Entre estos se encuentran la igualdad de género, los servicios para estudiantes de bajos ingresos y la educación especial. Aunque las leyes federales que respaldan estos derechos, como la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), seguirían vigentes, su supervisión podría verse afectada si desaparece el organismo encargado de administrarlas.

El superintendente Mark Jontry, quien supervisa escuelas en los condados de McLean, Livingston, Logan y DeWitt en Illinois, expresó su preocupación sobre la falta de claridad respecto a qué entidad asumiría estas responsabilidades en ausencia del departamento federal.

En Illinois, la financiación de las escuelas públicas se basa en una combinación de fondos locales, estatales y federales. Según 25 News, el 41% del presupuesto de las Escuelas Públicas de Peoria proviene de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el 19% se financia con fondos federales y el 23% con ingresos locales, principalmente de impuestos a la propiedad. La posible eliminación del Departamento de Educación genera incertidumbre sobre cómo se garantizaría la distribución eficiente de estos fondos federales, especialmente para programas que dependen directamente de este apoyo.

El superintendente Jontry advirtió que los servicios para estudiantes con necesidades especiales, que actualmente reciben una parte significativa de su financiación del gobierno federal, podrían enfrentar serios desafíos si no se establece un mecanismo claro para redistribuir esos recursos. “Estamos sujetos a las leyes federales relacionadas con los estudiantes con necesidades especiales, y la eliminación del departamento no hará que esas leyes desaparezcan”, declaró Jontry, según 25 News. Sin embargo, el problema radica en determinar qué agencia o nivel de gobierno asumiría la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas normativas, lo que podría afectar la eficacia en la prestación de servicios.

La dependencia de fondos federales no se limita solo a la educación especial. Programas destinados a estudiantes de bajos ingresos, como el Título I, que proporciona apoyo financiero a escuelas con altos índices de pobreza, también podrían verse afectados. La falta de un organismo centralizado para coordinar estos fondos podría generar disparidades significativas entre los estados, dependiendo de su capacidad para asumir estas funciones.

Aunque el gobierno estatal de Illinois ya tiene un control significativo sobre la educación pública, la eliminación del Departamento de Educación obligaría a los estados a asumir aún más responsabilidades. Según 25 News, la ISBE recientemente aprobó un presupuesto de 11.400 millones de dólares para distribuir entre las escuelas del estado, que atienden a aproximadamente 1,9 millones de estudiantes. Si bien este incremento refleja un compromiso sólido con la educación, también pone de manifiesto la dependencia de los fondos federales para programas específicos que podrían quedar desprotegidos sin la intervención del gobierno federal.

Jontry señaló que, aunque Illinois valora la autonomía local en la gestión de la educación K-12, existen áreas críticas que requieren la participación del gobierno federal, como las pruebas estandarizadas. Exámenes nacionales como el SAT y el ACT, utilizados para medir el rendimiento académico y determinar el acceso a la educación superior, dependen de la supervisión federal para su estandarización y aplicación. La desaparición del Departamento de Educación podría generar incertidumbre sobre cómo se mantendrían estos estándares a nivel nacional, afectando la comparabilidad de los resultados entre estados.

Además, la supervisión federal ha sido fundamental para garantizar la equidad educativa en todo el país. Las políticas de derechos civiles en las escuelas, incluidas las protecciones contra la discriminación por motivos de raza, género o discapacidad, han sido implementadas en gran parte gracias a la intervención del Departamento de Educación. La transferencia de estas responsabilidades a los estados podría dar lugar a enfoques desiguales, dependiendo de las prioridades y capacidades de cada jurisdicción.

Más allá de la educación básica y secundaria, la propuesta de eliminar el Departamento de Educación tendría un impacto profundo en la educación superior, especialmente en lo que respecta a la administración de programas de ayuda financiera federal. Según 25 News, millones de estudiantes en todo el país dependen de programas como las becas Pell y los préstamos estudiantiles federales para acceder a la universidad. La eliminación del organismo que regula y distribuye estos fondos podría generar incertidumbre y dificultades administrativas tanto para los estudiantes como para las instituciones educativas.

El superintendente Jontry advirtió que no está claro cómo se reorganizarían estas funciones si el Departamento de Educación desaparece. “Cualquier cambio en la administración de la ayuda financiera podría generar incertidumbre y dificultades para los estudiantes que buscan continuar su educación más allá de la escuela secundaria”, afirmó. La falta de una estructura centralizada podría afectar la eficiencia en el procesamiento de solicitudes de ayuda financiera y en la supervisión de las instituciones que participan en estos programas.

Además, la regulación federal actual establece estándares de calidad para las universidades que reciben fondos del gobierno, lo que contribuye a la protección de los derechos de los estudiantes y a la garantía de que los programas académicos cumplan con criterios mínimos de calidad. Sin un organismo federal que supervise estas cuestiones, podría haber un mayor riesgo de abusos o prácticas poco éticas por parte de algunas instituciones educativas.

La idea de eliminar el Departamento de Educación no es nueva. Diversas administraciones han considerado esta posibilidad sin éxito, y el propio presidente Trump ha argumentado que el gobierno federal gasta más en educación que otros países sin obtener resultados satisfactorios. “Gastamos más por estudiante que cualquier otro país del mundo, y estamos clasificados al final de la lista. Lo que quiero hacer es dejar que los estados administren las escuelas”, declaró Trump, según 25 News.

Sin embargo, líderes educativos como Jontry enfatizan que cualquier reforma en la estructura del sistema educativo debe centrarse en garantizar la continuidad de los programas y servicios esenciales para los estudiantes. La falta de un plan claro sobre cómo se gestionarían las funciones actualmente desempeñadas por el Departamento de Educación ha generado incertidumbre en la comunidad educativa, tanto en Illinois como en el resto del país.

Mientras el debate continúa, las escuelas, los estudiantes y las familias esperan respuestas concretas sobre el futuro de la educación en Estados Unidos. La propuesta de eliminar el Departamento de Educación no solo plantea cuestiones administrativas, sino que también pone en juego el acceso equitativo a una educación de calidad para millones de estudiantes en todo el país.