Agentes federales fuertemente armados realizaron una serie de redadas en edificios de apartamentos en el área metropolitana de Denver y Aurora este miércoles 5 de febrero por la mañana, como parte de un operativo de deportación masiva dirigido a presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, según informaron el Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Al menos dos docenas de agentes, algunos con armas de alto calibre y respaldados por vehículos blindados, allanaron varios complejos residenciales antes del amanecer, según testigos citados por NBC News y The Denver Post. El ICE no ha precisado cuántas personas fueron arrestadas en el operativo, que también incluyó la participación del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Los operativos tomaron por sorpresa a los habitantes de los complejos residenciales, quienes relataron que agentes tocaron puertas de manera insistente mientras identificaban a personas con presunto estatus migratorio irregular.
En un edificio de Denver, un migrante venezolano de 31 años, quien prefirió mantener su anonimato por miedo a ser deportado, describió cómo los oficiales golpeaban las puertas y patrullaban el estacionamiento en vehículos sin identificación. “Nos escondimos con miedo”, relató el hombre a NBC News. “Muchos no abrieron sus puertas y se quedaron en silencio”. Según algunos testigos, al menos ocho personas fueron detenidas en el lugar.
En Aurora, un inmigrante colombiano que salía de su apartamento para llevar a su hija a la escuela regresó apresuradamente al ver la presencia de los agentes. “Llamaban a las puertas una por una, identificándose como ‘inmigración’ y pidiendo que saliéramos”, contó al The Denver Post.
Otros residentes, como Carlos Rodríguez, un inmigrante venezolano que anteriormente vivió en un complejo donde se viralizó un video de presuntos integrantes de Tren de Aragua, expresaron su temor de permanecer en Estados Unidos. “Quiero volver a Venezuela. Ya no me siento seguro al salir a la calle”, dijo.
Por su parte, un venezolano de 37 años que pidió el anonimato aseguró que teme ser deportado a pesar de contar con un caso de asilo pendiente. “No sabemos si, aun teniendo papeles, nos van a llevar”, declaró a NBC News.
Respuesta de las autoridades locales
El alcalde de Denver, Mike Johnston, afirmó que las autoridades locales no participaron en la operación y que la ciudad no fue notificada con antelación. “Hemos confirmado que no hubo actividad en escuelas, hospitales o iglesias”, señaló en un comunicado.
Las redadas generaron una fuerte reacción por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas estatales. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, que envió observadores legales a la zona, denunció la falta de órdenes de cateo o arresto por parte de ICE. “Se habla de presunta afiliación a pandillas, pero no hemos visto cargos criminales”, dijo Raquel Lane-Arellano, portavoz de la organización.
En el Senado estatal de Colorado, varios legisladores expresaron su rechazo al operativo. Mike Weissman, senador demócrata de Aurora, dijo que ver imágenes de vehículos blindados y agentes en los techos de la ciudad “no es la forma en que Estados Unidos debería actuar”.
Por su parte, Gabe Evans, congresista republicano por el distrito 8 de Colorado, respaldó las acciones de ICE y pidió al gobernador Jared Polis modificar leyes estatales que limitan la cooperación de la policía local con las autoridades de inmigración.
Las redadas se llevaron a cabo cerca de escuelas, lo que alteró el transporte de algunos estudiantes. Según el distrito escolar de Denver, al menos cinco autobuses escolares tuvieron que modificar sus rutas debido a la presencia de agentes en Cedar Run Apartments.
Hasta el momento, el ICE no ha confirmado cuántos presuntos miembros de Tren de Aragua fueron detenidos ni ha revelado el destino de los arrestados. La incertidumbre ha dejado a muchos migrantes en un estado de alarma, temiendo futuras redadas incluso si tienen solicitudes de asilo en trámite.
Organizaciones locales han activado líneas de emergencia y servicios legales para asesorar a las personas afectadas por los operativos, mientras abogados y defensores de inmigrantes buscan respuestas sobre el alcance de las detenciones y el futuro de los migrantes bajo custodia federal.
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