McKinsey & Co pagará 650 millones de dólares por su rol en la crisis de opioides en EEUU

La firma de consultoría McKinsey & Co ha llegado a un acuerdo histórico al aceptar pagar 650 millones de dólares para resolver las acusaciones penales y civiles relacionadas con su trabajo para Purdue Pharma, fabricante del medicamento OxyContin. Este caso marca la primera vez que una empresa de consultoría enfrenta cargos penales por asesorías que contribuyeron a actividades ilícitas de un cliente. El pago se enmarca en un acuerdo de enjuiciamiento diferido de cinco años e incluye la resolución de reclamaciones civiles bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, informaron las autoridades.

El fiscal de Massachusetts, Joshua Levy, calificó el caso como un precedente crucial para la industria de consultoría y una advertencia contundente. “Se les responsabilizará si violan la ley criminal”, afirmó Levy. La investigación detalló que McKinsey diseñó estrategias para “turboalimentar” las ventas de OxyContin, incluyendo tácticas dirigidas a médicos que prescribían opioides de manera cuestionable. Estas acciones, según los fiscales, intensificaron la disponibilidad de opioides en el mercado y agravaron una de las crisis de salud pública más devastadoras en la historia reciente de Estados Unidos.

El caso de McKinsey se suma a los numerosos litigios y medidas legales emprendidas contra Purdue Pharma, la cual ha sido señalada como uno de los principales actores detrás de la epidemia de opioides que ha cobrado más de 727 mil vidas por sobredosis desde 1999, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Purdue enfrentó en 2020 cargos por conspirar para defraudar a las autoridades y por pagar sobornos a médicos y a vendedores de registros electrónicos de salud. Actualmente, la empresa busca reestructurar un acuerdo multimillonario para compensar a las víctimas y financiar programas de mitigación de opioides, luego de que la Corte Suprema rechazara un acuerdo anterior.

Las acciones de McKinsey estuvieron directamente relacionadas con el desarrollo de estrategias agresivas para Purdue Pharma, diseñadas para frenar la caída de las ventas de OxyContin, incluso en medio de crecientes denuncias por la adicción y mortalidad asociadas a este medicamento. Entre sus recomendaciones, la firma promovió el enfoque en médicos clasificados como “de alto valor”, aunque muchos de ellos tenían un historial de prescripción cuestionable.

Estas tácticas, según los fiscales, no solo prolongaron el auge de los opioides, sino que también exacerbaron el impacto de la crisis sanitaria al facilitar el acceso indiscriminado a estos fármacos. Como resultado, McKinsey se enfrenta no solo a las sanciones financieras, sino también a un deterioro significativo de su reputación, en especial al convertirse en el primer caso penal de este tipo en la industria de consultoría.

Las consecuencias de la crisis son monumentales: además de las muertes, la epidemia de opioides ha generado miles de millones de dólares en costos sanitarios, sociales y judiciales. En este contexto, los fiscales han subrayado la necesidad de responsabilizar no solo a los fabricantes como Purdue, sino también a las empresas y personas que colaboraron en la promoción de estos medicamentos.

El impacto del caso no se limita a la empresa como entidad, sino que también afecta a varios individuos clave que trabajaron en McKinsey durante su relación con Purdue. Martin Elling, exsocio senior de la firma, admitió haber destruido documentos relacionados con las actividades de McKinsey para Purdue, lo que derivó en un cargo por obstrucción a la justicia. Elling aceptó declararse culpable y podría enfrentar hasta un año de prisión, según con su acuerdo de culpabilidad. Su sentencia está programada para el 10 de enero de 2025.

Por otro lado, otro exsocio de la consultora, Arnab Ghatak, fue despedido por su presunta implicación en la mala gestión del caso. Sin embargo, Ghatak ha presentado una demanda contra McKinsey, acusándola de difamación y despido improcedente. En su defensa, Ghatak alega que nunca destruyó documentos y que fue utilizado como “chivo expiatorio” por la empresa. McKinsey ha rechazado estas afirmaciones, justificando el despido con base a violaciones de sus estándares profesionales.

En respuesta al caso, McKinsey emitió un comunicado expresando “profundo arrepentimiento” por su participación en la promoción de opioides. “Nunca debimos haber trabajado en la promoción de opioides para Purdue Pharma”, admitió la firma, añadiendo que desde 2019 ha dejado de asesorar a clientes relacionados con este mercado.

Para los fiscales, el acuerdo de 650 millones de dólares cierra un capítulo importante en la rendición de cuentas de McKinsey, aunque Joshua Levy, fiscal de Massachusetts, dejó abierta la posibilidad de reabrir investigaciones si se presenta nueva evidencia.

Por su parte, Ghatak afirmó sentirse reivindicado, insistiendo en que su despido fue injusto. Mientras tanto, Elling aceptó plenamente su responsabilidad en la eliminación de registros, en lo que representa uno de los episodios más críticos para los socios involucrados en el caso.

Con este acuerdo, McKinsey & Co se une al grupo de empresas que han enfrentado sanciones significativas por su papel en la crisis de opioides, marcando un hito en la historia legal de Estados Unidos. Este caso, según expertos citados por Reuters, podría establecer nuevas reglas de responsabilidad para las firmas de consultoría y otros terceros que asesoran a empresas involucradas en actividades polémicas o ilícitas.