Un juez federal en Luisiana bloqueó la implementación de una normativa emitida por la administración del presidente Joe Biden que busca proteger a los estudiantes LGBTQ+ de la discriminación basada en su identidad de género en escuelas y universidades, según publicó The Washington Post. La decisión fue tomada por el juez de distrito de Estados Unidos, Terry Doughty, quien emitió una orden judicial preliminar que prohíbe la entrada en vigor de la norma en los estados de Luisiana, Mississippi, Montana e Idaho.
La normativa del Departamento de Educación, emitida en abril, interpreta que las protecciones contra la discriminación sexual contenidas en el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 también abarcan la orientación sexual y la identidad de género. Esta interpretación fue basada en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2020 que determinó que la prohibición de discriminación sexual en el ámbito laboral también cubría a los trabajadores gays y transgénero.
De acuerdo con información de Reuters, los estados que impugnaron la normativa argumentaron que esta obligaría a las escuelas a permitir que los estudiantes transgénero usen baños y vestuarios conforme a su identidad de género, lo que, según ellos, subvierte el propósito original del Título IX de proteger a las mujeres biológicas de la discriminación. Doughty, un designado del ex presidente republicano Donald Trump, afirmó que la normativa de la administración Biden representaba un “abuso de poder” y carecía de base legal. El fallo señaló que la normativa sería “inconsistente con el texto, la estructura y el propósito del Título IX”.
Además, Doughty argumentó que esta normativa infringe la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos por contener condiciones ambiguas y violar otras disposiciones constitucionales, como las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. “Promulgar los cambios en la norma final subvertiría el propósito original del Título IX: proteger a las mujeres biológicas de la discriminación”, escribió Doughty en su decisión.
El Departamento de Educación, a través de su portavoz Vanessa Harmoush, indicó que están revisando el fallo, pero defendieron las regulaciones diciendo que fueron elaboradas “siguiendo un proceso riguroso para garantizar que ninguna persona sufra discriminación sexual en un entorno educativo financiado con fondos federales”. “Seguiremos luchando por cada estudiante”, aseguró Harmoush.
Por otro lado, la Campaña de Derechos Humanos, un grupo de defensa de la comunidad LGBTQ+, también expresó su intención de luchar por las protecciones incluidas en la normativa. Su presidenta, Kelley Robinson, declaró en un comunicado, que la decisión “prioriza el odio anti-LGBTQ+ sobre la seguridad y el bienestar de los estudiantes del estado”, calificando la maniobra como un esfuerzo por incorporar la discriminación en la ley.
Los opositores a la regulación impulsada por la administración Biden aplaudieron el fallo. Bob Eitel, presidente del Instituto de Defensa de la Libertad, que actuó como co-consejero de los estados que impugnaron la normativa, afirmó que confiaban en que “pronto seguirán otros tribunales y estados”.
Un tema adicional contemplado en la normativa es cómo las escuelas deben manejar las acusaciones de discriminación sexual, incluyendo agresiones sexuales. Sin embargo, este apartado recibió menos atención si se compara con las reglas referentes a la identidad de género, que han sido el foco principal de la oposición y el fallo de Doughty. La regulación pospuso la cuestión de si a las mujeres transgénero se les debería permitir competir en deportes femeninos, tema que todavía está pendiente de un reglamento independiente.
Doughty argumentó que permitir que niñas y mujeres transgénero compitieran en deportes femeninos “revertiría esencialmente toda la premisa del Título IX, que tenía como objetivo dar a niñas y mujeres igualdad de acceso a los deportes”. Esta afirmación se relaciona directamente con la normativa emitida y su interpretación del Título IX, la cual según la administración Biden debe extenderse a cuestiones de identidad de género y orientación sexual basándose en el fallo de la Corte Suprema de 2020 en el caso Bostock contra el Condado de Clayton.
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