La nueva ley migratoria de Florida, impulsada por el gobernador del Estado, Ron DeSantis, y aprobada por la Legislatura estatal, entró en vigor el 1 de julio de 2023. El objetivo es abordar lo que DeSantis considera una creciente amenaza: la inmigración ilegal, la cual, según afirma, se ha visto exacerbada por la supuesta falta de acción de la administración de Joe Biden en la protección de las fronteras.
La legislación, que ha generado controversia desde su propuesta, tiene un impacto significativo en la vida de los extranjeros indocumentados en el Estado. Entre sus disposiciones más destacadas, se establecen sanciones tanto para quienes les proporcionen empleo como para aquellos que los transporten en sus vehículos.
Según estimaciones del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington DC, alrededor de 772 mil migrantes indocumentados residen actualmente en Florida. La ley busca destinar USD 12 millones al programa de vuelos de migrantes de DeSantis, que ganó notoriedad nacional el año pasado al transportar a unos 50 inmigrantes desde Texas hasta Martha’s Vineyard, Massachusetts.
Además, la legislación establece sanciones penas para quienes oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. También invalida ciertas licencias de conducir e identificaciones emitidas por otros estados a inmigrantes en situación irregular que se encuentren en Florida. La ley requiere que algunos hospitales soliciten información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión y aumenta las multas máximas por emplear, contratar o referirlos en situación irregular en empleos públicos o privados.
Una de las disposiciones más severas de la ley establece que aquellos que transporten a personas que ingresaron ilegalmente al país podrían enfrentar una sentencia de hasta cinco años de prisión o una multa de USD 5 mil por persona transportada. Asimismo, exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de sus trabajadores en una base de datos federal conocida como E-Verify, y crea sanciones para los empleadores que, de manera consciente, contraten a “extranjeros no autorizados”.
El proceso legislativo estuvo marcado por la polarización política, con los demócratas suavizando los aspectos más controvertidos del proyecto de ley a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del estado.
A pesar de las restricciones legales impuestas, la población migrante en situación irregular juega un papel crucial en la economía de Florida, particularmente en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería. Estos trabajadores a menudo asumen tareas que los empleados estadounidenses no desean realizar, al menos no por los salarios ofrecidos por los empleadores.
La implementación de esta ley y su impacto en la dinámica económica y social de Florida serán temas de seguimiento en los próximos meses. Mientras tanto, continúa el debate en torno a su efectividad en abordar los desafíos de la inmigración ilegal y su impacto en la comunidad de inmigrantes en el Estado.
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