El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado este martes nuevas sanciones contra dos entidades con sede en China relacionadas con prácticas de trabajo forzoso en la región de Xinjiang, donde vive la minoría uigur.
“Las acciones de hoy demuestran el compromiso de la Administración Biden-Harris de responsabilizar a las organizaciones por sus atroces abusos de Derechos Humanos y prácticas de trabajo forzado”, indicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
En concreto, las dos empresas incluidas en la ‘lista negra’ son la empresa de fabricación de baterías de plomo Camel Group, con sede en la ciudad de Xiangyang, provincia de Hubei, y Chenguang Biotech Group, con sede en Handan, provincia de Hebei, que produce extractos vegetales y aditivos alimentarios, entre otros.
El anuncio realizado por Washington este martes eleva el número de entidades sancionadas a 24. La ley para prohibir la importación a Estados Unidos de bienes producidos en Xinjiang fue promulgada en 2021 por la administración Biden.
Las autoridades chinas han puesto en marcha una serie de medidas en la región de Xinjiang que han provocado fricción entre el gigante asiático y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que ha llegado a acusar a Beijing de cometer violaciones contra los Derechos Humanos e incluso genocidio contra la población uigur.
En marzo, la directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch (HRW), Tirana Hassan, pidió a la ONU una denuncia clara de los abusos del régimen de China en la región de Xinjiang y defendió que este asunto no se resolverá con negociaciones con Beijing, sino con investigaciones y rendición de cuentas.
“Las conversaciones con China no son una solución a la crisis en Xinjiang. La rendición de cuentas por los crímenes que han sido cometidos es la solución”, señaló Hassan en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.
Para HRW, es fundamental que Naciones Unidas continúe el trabajo en base al informe que el pasado año presentó la entonces alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se consideraba que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas, al aplicar políticas que han implicado su detención arbitraria masiva y otros graves abusos en su contra.
Ese documento, publicado a minutos de que Bachelet terminase su mandato, fue criticado muy duramente por el régimen de Xi Jinping, que luego consiguió bloquear un debate sobre esta cuestión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tras dejar el cargo, Bachelet admitió que había recibido fuertes presiones políticas para no publicar el informe, que organizaciones como HRW llevaban mucho tiempo demandando.
Hassan pidió a la comunidad internacional presión para conseguir poner en marcha una comisión de investigación sobre Xinjiang y, mientras tanto, reclamó a la ONU que siga documentando los abusos.
En ese sentido, se mostró contraria a mantener negociaciones discretas con China -que según dijo sería la vía favorecida por Beijing- y apostó por que el asunto sea abordado abiertamente en el Consejo de Derechos Humanos y denunciado con claridad por el secretario general de la ONU, António Guterres, y otros altos cargos.
En ese sentido, lamentó la falta de franqueza de Guterres en lo que se refiere a los presuntos crímenes contra la humanidad chinos, que consideró “una de las crisis de derechos humanos más urgentes” de la actualidad.
“Ningún país, independientemente de lo poderoso que sea, como China, debe tener carta libre”, insistió.
(Con información de Europa Press)
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