
El gobernador del estado de Wyoming, el republicano Mark Gordon, aprobó una ley que prohíbe el uso de píldoras abortivas y otro proyecto que restringe el acceso a los abortos salvo en casos muy específicos.
De esta manera, el estado se convirtió en el primero en el país en vetar estos medicamentos, lo que representa una nueva victoria de los gobernantes conservadores que buscan limitar el acceso a la interrupción del embarazo.
Junto a esta nueva disposición, que entrará en vigencia en julio, Gordon estableció que, salvo en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre esté en riesgo, tampoco se podrá continuar realizando estos procedimientos.

El anuncio se dio a la par de la polémica generada en el estado de Texas, donde se está a la espera de la definición de un juez federal, también sobre el acceso a la píldora mifepristona.
El magistrado cuestionó el intento de un grupo cristiano de anular la aprobación de la pastilla, el método más elegido para poner fin a los embarazos en Estados Unidos. Según datos provistos por el Instituto Guttmacher, el 54% de las interrupciones se realizaron por medio de estos fármacos.
La mifepristona fue aprobada por el órgano regulador de medicamentos (FDA) en el año 2000 y es usualmente empleada junto con el misoprostol para interrumpir un embarazo antes de concluido el tercer mes de gestación.
Si bien la medida no entrará en vigencia hasta mediados de año -ventana en la cual los grupos opositores podrán apelar a la Justicia y tratar de revertir el fallo- es muy probable que ya desde estas semanas comiencen a verse dificultades para encontrar las pastillas.

Por ejemplo, la cadena de farmacias Walgreens decidió a principios de marzo que no distribuirá estos fármacos en los estados con gobiernos republicanos o donde los funcionarios de este partido hayan amenazado con demandar si se continúa con su venta -incluso tras la normativa de la FDA en la que permite la venta de los medicamentos en sus establecimientos-.
Luego de conocerse la noticia, el director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del estado, Antonio Serrano, rechazó la decisión del gobernador y comentó que “la salud de una persona, no la política, debe guiar las decisiones médicas importantes, entre ellas, la decisión de un aborto”.
El revés de este viernes representa -nuevamente- un importante retroceso en lo que respecta a derechos reproductivos en el país, que se vio afectado luego de que, en 2022, la Corte Suprema anulara el histórico fallo de 1973.
El famoso caso conocido como “Roe contra Wade” establecía el aborto como derecho constitucional pero, tras su suspensión, una serie de estados avanzaron con legislaciones similares en contra de la práctica.

Así, ya son 13 los estados que tienen en marcha prohibiciones al aborto en cualquier momento del embarazo y uno más, Georgia, lo prohíbe si se detecta actividad cardiaca del feto, o cuando la gestación ha cumplido unas seis semanas.
(Con información de AP, EFE y AFP)
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