Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Con la inminente reapertura del Camp Nou, la atención sobre el renovado estadio del FC Barcelona se ha visto opacada por las denuncias sobre las condiciones laborales de quienes participaron en su reconstrucción. A pocos días del esperado regreso del público al coliseo azulgrana, el foco mediático se ha dirigido a la situación de decenas de trabajadores contratados por empresas subcontratistas bajo la coordinación de la constructora turca Limak.

El martes, un grupo de empleados se concentró en los accesos al estadio para protestar contra una serie de despidos y la amenaza de expulsión que afecta a cerca de 50 obreros. A través de una convocatoria realizada por el sindicato CCOO, los manifestantes expusieron públicamente la existencia de empleados en situación administrativa irregular y denunciaron prácticas que, según sus representantes, vulneran derechos laborales fundamentales. La organización sindical aseguró mediante un comunicado publicado en X que empresas como Ekstreme Works y Limak pretenden proceder a la repatriación de personal sin ofrecer garantías legales ni solución a su estatus en España.

“Están trabajando 12 horas diarias, siete días a la semana, desde hace más de un año en el caso de algunos de ellos”, declaró a EFE Carlos del Barrio, responsable de Acción Sindical en CCOO del Hábitat en Cataluña. El dirigente sindical hizo énfasis en que la mayoría de estos empleados “no tienen papeles” y que los despidos se encuadran en una estrategia para devolverlos a sus países de origen. Del Barrio advirtió que el regreso inmediato de estos trabajadores a su lugar de procedencia impediría su defensa frente a cualquier acción judicial o administrativa. “En el momento en el que pisen territorio turco, su capacidad de defenderse se verá mermada”, señaló en declaraciones a la prensa.

Frente a este escenario, el sindicato exigió la regularización laboral de los trabajadores a través de su alta en la Seguridad Social y la legalización de sus salarios. Además, solicitaron la activación por parte de la Delegación del Gobierno de un mecanismo extraordinario recogido en el reglamento de extranjería para autorizar su permanencia por colaboración con las autoridades laborales.

La Administración, por su parte, respondió de forma contundente ante la movilización sindical. En declaraciones recogidas por El Periódico, el secretario de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, informó que los actos de inspección continuarían aplicándose sobre las obras del estadio. Ramos indicó que la denuncia planteada por CCOO estaba siendo analizada y que los resultados estarían disponibles en las próximas semanas.

El mismo medio relata que el pasado 25 de septiembre, alrededor de una veintena de inspectores accedieron a las instalaciones de las obras, donde verificaron la existencia de “múltiples profesionales sin los debidos permisos en regla”. Según la conselleria de Empresa i Treball, “la Inspección está levantando actas por cada persona en situación irregular y las actuaciones no están cerradas”. Este proceso de vigilancia se enmarca en una serie de intervenciones que han revelado problemas persistentes en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados en el Espai Barça. En julio de 2024, la autoridad laboral regularizó 1,5 millones de euros en salarios impagados o mal abonados para casi 1.100 empleados vinculados de modo indirecto a la obra. Joan Sentelles, responsable del proyecto, reconoció errores, pero insistió en que “no se había actuado de mala fe”.

En cuanto al FC Barcelona, el sindicato sostiene que no han recibido respuesta efectiva por parte de los directivos del club pese a sus reiteras advertencias. “Somos conscientes de que tiene mucha presión para abrir el estadio, pero lo que no puede ser es hacerlo a costa de todos los derechos de los trabajadores”, reafirmó Del Barrio. Consultado por este asunto, el club trasmitió a El Periódico que mantiene una “colaboración constante con Limak para garantizar el respeto absoluto de los derechos laborales y el cumplimiento de la legislación vigente en todas las fases del proyecto”. La entidad deportiva subrayó que “la mayoría” de los cerca de 3.500 operarios implicados en la reforma trabajan para diversas empresas subcontratadas, siendo estas las responsables directas de sus condiciones laborales.