La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

Oier Lazkano, vigente campeón de España y una figura emergente dentro del pelotón internacional, se ha convertido en protagonista de un nuevo episodio relacionado con el control antidopaje en el ciclismo. La Unión Ciclista Internacional (UCI) dispuso su suspensión provisional tras detectar “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico, herramienta concebida para velar por la limpieza del deporte. La reacción de su equipo, Red Bull-BORA, fue inmediata: el corredor quedó apartado de la formación mientras se esclarece su situación. Ahora, el ciclista español busca demostrar su inocencia y lo cierto es que existen precedentes que podrían exculparle.

El pasaporte biológico, instaurado en 2008, revolucionó los métodos de detección de dopaje. Más allá de rastrear sustancias individuales, este sistema recopila y analiza de forma continuada los valores hematológicos y fisiológicos de cada atleta, con el fin de evidenciar alteraciones sospechosas. Así, el objetivo pasa por identificar posibles manipulaciones en el rendimiento a través de patrones que escapan al rango considerado saludable o natural para cada deportista. Sin embargo, lo que se pensó como una barrera eficaz contra el fraude, se transformó también en un elemento polémico. No son pocos los casos en los que las cifras incomprensibles han dejado en una situación comprometedora a ciclistas que nunca arrojaron resultados positivos directos, pero cuya carrera quedó detenida ante la sospecha.

Esa es la realidad que atraviesa actualmente Lazkano. Quedarse sin equipo y bajo sanción provisional equivale, en la práctica, a un aislamiento profesional y a una exposición mediática difícil de revertir, incluso si logra probar su inocencia. El joven ciclista afronta ahora el reto de defender su reputación en un contexto donde el sistema muchas veces plantea complejidades en la diferenciación entre una simple señal estadística y una prueba fehaciente de conducta irregular.

En los últimos años, diversos factores han demostrado que hay variables ajenas al dopaje que pueden alterar los resultados registrados por el pasaporte biológico: las estancias prolongadas a gran altitud para mejorar la adaptación, enfermedades recientes, tratamientos médicos autorizados o anomalías individuales pueden influir en los parámetros que las autoridades evalúan. Sobre estos elementos inciden quienes asesoran a Lazkano. Su defensa está en manos de Fabio Pavone, un abogado familiarizado con las dinámicas del ciclismo y los procedimientos científicos que rodean este tipo de investigaciones.

Precedentes no faltan. En 2015, el checo Roman Kreuziger consiguió desarmar las acusaciones después de someterse durante meses a análisis y revisiones. Su caso resultó esclarecedor: pudo demostrar que sus valores extraños tenían como raíz un problema de tiroides y no se vincularon a ninguna mala praxis deportiva. Otro ejemplo relevante fue el del vizcaíno Ibai Salas, quien terminó absuelto en los tribunales españoles, donde los jueces argumentaron que el pasaporte biológico, por sí solo, “no goza de presunción de veracidad” y tampoco puede “determinar la comisión de una infracción”. Estos desenlaces, aunque no han cambiado la normativa, sí amplían las vías legales para quienes se ven envueltos en este tipo de procedimientos.

El proceso hacia la absolución, cuando ocurre, suele extenderse durante mucho tiempo. Los ciclistas afectados suelen vivir meses de incertidumbre mientras reúnen informes médicos, peritajes personalizados y testimonios de expertos. Jaime Rosón, otro deportista bajo sospecha en el pasado, quedó marcado por el estigma mucho antes de que los organismos responsables llegaran a una conclusión.

Lazkano, lejos de adoptar una postura de confrontación, decidió declarar de forma pública su posición. “Nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Defenderé mi nombre y mi dignidad profesional”, sostuvo a través de un comunicado difundido poco después de conocerse la decisión de la UCI. El caso está ahora en manos de sus abogados, que tratarán de fundamentar con criterios científicos y argumentos médicos que las variaciones detectadas no derivan de un comportamiento ilícito. Las resoluciones de la UCI y, de ser necesario, del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinarán el futuro inmediato del ciclista.