El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El evento, por ahora parece que improvisado, de Rosalía este lunes en plena plaza de Callao ha dado un nuevo choque entre el Gobierno nacional con el que dirige el popular José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid ha acusado a la cantante catalana de “poner en peligro la integridad de las personas” cuando llegó por la noche, sin autorización, a la plaza madrileña para presentar su cuarto disco, Lux. El acto, anunciado minutos antes a través de un directo en TikTok, generó una masiva congregación de personas que llevaron a movilizar ocho patrullas de la Comisaría de Centro Sur para realizar desvíos de tráfico. Además, agentes antidisturbios de la Policía Municipal acudieron para impedir que los asistentes cruzaran la Gran Vía, los accesos a la estación de Metro situada en la plaza se cerraron temporalmente y varias líneas de transporte público tuvieron que ser desviadas, según ha explicado el alcalde.

Este martes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que la institución que encabeza no fue informada del evento y ha señalado que ve “bien” que el Ayuntamiento investigue los hechos e incluso estudie una posible sanción. Sin embargo, ha acusado al propio Almeida de haber “provocado” en muchas ocasiones este tipo de situaciones al no comunicar con antelación suficiente los actos multitudinarios que se celebran en la capital.

Martín ha recordado que hace meses la Delegación del Gobierno envió una instrucción tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento para que notificaran con tiempo todos los eventos previstos en la región, especialmente aquellos que pudieran implicar aglomeraciones. El objetivo, ha insistido, es garantizar la seguridad ciudadana y permitir que los servicios de emergencias trabajen con previsión.

“Era la propia Comunidad o el propio Ayuntamiento quienes muchas veces no comunicaban estas situaciones y nos encontrábamos con eventos que traían un importante riesgo. En este caso veo bien que el alcalde de Madrid sea consciente de lo que significan estas cuestiones que él mismo ha provocado en muchas ocasiones”, ha manifestado el delegado. Además, el representante del Ejecutivo central ha hecho un llamamiento a “todas las administraciones” para trabajar “con la anticipación suficiente” y evitar episodios como el vivido en Callao. También ha pedido a los promotores privados “hacer bien las cosas” y actuar siempre “velando por la seguridad de la ciudadanía”.

Por su parte, Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento continúa analizando lo ocurrido para determinar si caben sanciones contra la artista o su equipo de producción. “Se pueden hacer las cosas de una manera diferente”, ha dicho el regidor, que considera que en Callao “se puso en peligro la integridad física de las personas”.

Desde Cibeles señalan que el acto carecía de las autorizaciones municipales necesarias para celebrarse en la vía pública. Además, al haberse concentrado más de 500 personas, podría haber requerido también un permiso de la Delegación del Gobierno, algo que Martín ha confirmado que nunca llegó a solicitarse.

Como confirmó el martes el delegado de Movilidad, Borja Carabante, en caso de comprobar que efectivamente no solicitó permiso, “se incoará un expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por celebrar un acto en la vía pública sin autorización”.

Aunque Rosalía no contó con un escenario ni ofreció un concierto como tal, la gran afluencia de público en la plaza de Callao podría considerarse dentro del ámbito de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. Esta norma establece que la celebración de actos sin la correspondiente autorización administrativa puede derivar en sanciones económicas de distinta gravedad.

Según su artículo 41, las infracciones leves, como el incumplimiento de horarios, pueden conllevar multas de hasta 4.500 euros. Las infracciones graves, entre las que se incluyen modificaciones no comunicadas a las autoridades o la admisión indebida de menores, se sancionan con importes de entre 4.501 y 90.000 euros. Por su parte, las infracciones muy graves, como la realización de espectáculos públicos sin licencia o la superación del aforo permitido, pueden alcanzar multas de hasta 600.000 euros.