Sidenor ha asegurado ante la Audiencia Nacional que el acero exportado a Israel no figura entre los productos sometidos a control especial por parte de las autoridades, insistiendo en que la empresa no ha cometido irregularidad alguna en sus operaciones de venta. Según informó Europa Press, este argumento se presentó durante la declaración judicial del presidente de la siderúrgica, José Antonio Jainaga, quien, junto a otros dos directivos, compareció el 12 de noviembre como investigado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1.
El medio Europa Press detalló que efectivos de la Policía Nacional se presentaron este martes al mediodía en la sede que tiene Sidenor en Basauri, Vizcaya. La acción se enmarca en la investigación ordenada por el juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, que autorizó la medida tras abrir en octubre pasado diligencias contra Jainaga por presuntos delitos de contrabando y complicidad en crímenes internacionales relacionados con la venta, presuntamente no autorizada, de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI).
Las fuentes de la empresa consultadas por Europa Press indicaron que la visita policial no constituyó un registro, sino que los agentes solicitaron documentación específica sobre las transacciones en cuestión directamente en la planta de Basauri. Sidenor, mediante un comunicado, manifestó que ha colaborado con las autoridades presentes en sus instalaciones, trasladando a los agentes “con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen”.
Europa Press consignó además que el procedimiento policial responde a una orden expresa de la Audiencia Nacional, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Estas mismas fuentes aclararon que el caso se desarrolla bajo secreto de sumario, lo que limita la divulgación de detalles sobre los documentos solicitados y el alcance de la investigación actual.
De acuerdo con Europa Press, fuentes cercanas a la investigación señalaron que la Fiscalía se posicionó en contra de la realización de estas diligencias, sin que hasta ahora se conozcan mayores argumentos sobre esta oposición. El contexto procesal gira en torno a la indagatoria por parte de la Audiencia Nacional respecto a si la empresa Sidenor habría incurrido en la exportación ilícita de materiales siderúrgicos hacia Israel, específicamente sin contar con la autorización exigida para ciertos productos, y sobre la posible complicidad en delitos considerados de lesa humanidad o genocidio derivados del uso final de dicho acero.
Durante su comparecencia judicial, el presidente de Sidenor sostuvo que la compañía ha cumplido con la normativa vigente, señalando que los perfiles y productos vendidos a Israel no están contemplados en la lista de materiales sujetos a control por parte de la administración. Según publicó Europa Press, Sidenor insiste en que la legalidad de sus operaciones quedaría comprobada tras una revisión de los expedientes de exportación y de los productos incluidos en la documentación oficial.
Fuentes de la empresa ampliaron, según recogió Europa Press, que la cooperativa ha mantenido una actitud de máxima cooperación con las autoridades y que continuará proporcionando la documentación que sea requerida en el curso de la investigación. Hasta el momento, el sumario continúa bajo secreto, y los responsables de la compañía permanecen a la espera de nuevas actuaciones judiciales o requerimientos adicionales por parte de las autoridades.
El caso ha generado atención por la conexión entre la industria siderúrgica española y la exportación de productos considerados estratégicos en el contexto internacional, así como por la supervisión de la legalidad en las operaciones de empresas con potencial impacto fuera del territorio nacional. Según la información de Europa Press, todas las actuaciones continúan supervisadas por la Audiencia Nacional, mientras avanza la investigación y se esclarecen las circunstancias que rodean las ventas de acero de Sidenor a Israel.
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