Juzgan el 7 y 8 de enero a seis acusados de explotar sexualmente a siete personas llegadas a España desde Colombia

El registro domiciliario efectuado en la vivienda de Toledo permitió incautar no solo varias dosis de cocaína, ocultas y repartidas en distintas zonas del inmueble, sino también una balanza de precisión y cierta cantidad de dinero en metálico. Estos hallazgos, detallados en la documentación judicial, formaron parte de la investigación que desembocó en el juicio contra seis personas acusadas de explotar sexualmente a ciudadanas colombianas recién llegadas a España. Según informó Europa Press, los acusados O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M. comparecen ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo los días 7 y 8 de enero, después de que una primera fecha señalada en septiembre se suspendiera.

Tal como publicó Europa Press, el escrito de la Fiscalía recoge que O.O.O.R. y A.K.P.N., unidos por una relación sentimental, se trasladaron a Toledo para iniciar lo que, según la acusación, fue una operación destinada a la obtención de ganancias económicas ilícitas a través de la prostitución. El plan involucró a otros acusados –J.J.R. y G.A.O.G., hermanos de O.O.O.R.–, quienes habrían colaborado tanto en la captación de mujeres jóvenes y residentes en el municipio colombiano de La Virginia, como en la logística necesaria para su traslado e instalación en España. Tanto O.O.O.R. como sus dos hermanos procedían de esa localidad, detalló el medio.

Europa Press consignó que en mayo de 2019, J.J.R., domiciliado en La Virginia, contactó a su amiga B. con el propósito de ofrecerle viajar a España, específicamente para ejercer la prostitución y así superar la difícil situación económica que atravesaba su familia. La propuesta contemplaba adelantar los gastos del viaje, incluyendo la tramitación del pasaporte, los pasajes de avión y una reserva hotelera, además de la entrega en metálico de 1.000 euros como viático. Se imponía, sin embargo, una deuda de 3.000 euros, que B. debía abonar a O.O.O.R. mediante los ingresos obtenidos en el ejercicio de la prostitución, cifra sensiblemente superior a los costos reales del desplazamiento, indicó el medio.

Este sistema se aplicó no solo a B., sino también a otras seis mujeres, cuyas iniciales C., D., E., G., H., J. y L. aparecen en el expediente. En algunos casos, precisó Europa Press, el ingreso a España se realizó vía Francia o Alemania para sortear los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Una vez en territorio español, las víctimas ejercieron la prostitución, no solo en el piso de Toledo sino, también, en otras ciudades, como Parla, Cuenca, Albacete y Algeciras. La Fiscalía sostiene que las mujeres recibieron instrucciones para publicitarse con el objetivo de generar ingresos que permitieran cubrir la supuesta deuda con O.O.O.R. y el coste del alojamiento, impuesto a razón de 150 euros semanales.

La Fiscalía también señaló que las acusadas tuvieron que remitir dinero desde locutorios según las órdenes de los procesados, configurando otra vía de obtención de fondos. Otra de las actividades vínculadas, informó Europa Press, consistía en la venta de cocaína a clientes que la solicitaban durante los encuentros, operación para la que O.O.O.R. garantizaba el abastecimiento de la sustancia en cada vivienda empleada. Durante el registro realizado el 10 de marzo de 2020, la policía halló 0,85 gramos de cocaína en el baño, tras observar cómo la acusada G.A.O.G. intentaba deshacerse de las dosis arrojándolas al inodoro, así como otros 0,28 gramos y una balanza de precisión en su habitación, junto a 155 euros.

Además, el registro en la residencia habitual de O.O.O.R., A.K.P.N. y J.J.R. permitió incautar 131,53 gramos de cocaína, una bolsa con recortes de plástico blanco para preparar dosis y 1.760 euros en efectivo. Un tercer registro, practicado en Algeciras, permitió a los agentes requisar otra balanza de precisión idéntica a la hallada en Toledo, describió Europa Press. Dichos registros formaron parte de la investigación abierta después de que, el 8 de diciembre de 2019, B., una de las víctimas, se presentara sin apoyo en la comisaría de Toledo para denunciar su situación.

Según informó Europa Press, el testimonio de B. fue recibido reservadamente por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, quienes protegieron su identidad otorgándole la condición de testigo protegido. B. accedió a un recurso residencial del Centro de la Mujer de Toledo y, al día siguiente de su denuncia, fue trasladada al Centro de Atención y Valoración Integral. Estas actuaciones desencadenaron la instrucción judicial que condujo al posterior registro de domicilios y detención de los acusados.

La acusación del Ministerio Fiscal califica los hechos como delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso medial con explotación lucrativa de la prostitución ajena, continuados contra los derechos de ciudadanos extranjeros, y delitos contra la salud pública. La Fiscalía solicita siete años de prisión para cada acusado por la trata y explotación, un año por el delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros y cuatro años y medio por el delito contra la salud pública. Todos los procesados responden como coautores de estos hechos, detalla Europa Press.

Europa Press precisó que la investigación permitió comprobar que las víctimas, además de soportar la presión económica, también debían cumplir con transferencias de dinero bajo supervisión estricta de los acusados y asumían gastos que la Fiscalía considera desproporcionados. El caso quedó bajo competencia de la Audiencia Provincial de Toledo, donde el proceso judicial se reanudó en enero después de una suspensión previa, con previsiones de debate sobre la responsabilidad penal de cada uno de los seis implicados.