Citan como testigos a dos funcionarios de Garrucha (Almería) por la presunta malversación de un exconcejal

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Vera (Almería) ha citado a declarar como testigos a dos "altos funcionarios" del Ayuntamiento de Garrucha en el marco de la investigación por presunta malversación contra el exconcejal de Urbanismo José Antonio Gallardo (PSOE), al que el Consistorio acusa de "autorizar" la adquisición de materiales de construcción para usos particulares.

Según ha indicado el Ayuntamiento, los testigos han sido citados el próximo 4 de febrero después de que la Audiencia de Almería acordara continuar con la investigación judicial a raíz de un recurso interpuesto por el propio Consistorio.

El caso se centra en la supuesta autorización irregular de retirada de materiales de construcción valorados en más de 200.000 euros, que habrían sido utilizados en obras privadas sin la debida justificación ni documentación administrativa, según la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno municipal que lidera el PP.

Para el equipo de gobierno, las declaraciones de los testigos serán "claves" para esclarecer la vinculación de la gestión de materiales con el uso de recursos públicos y para determinar la posible responsabilidad administrativa o penal de aquellos que gestionaron o supervisaron dichos procedimientos.

El Ayuntamiento de Garrucha ha reafirmado su colaboración con la justicia y ha señalado que "todas las actuaciones administrativas han sido puestas a disposición del juzgado para contribuir a la transparencia y al esclarecimiento definitivo de los hechos".

En su denuncia, el Ayuntamiento de Garrucha identifica un total de 20 facturas y albaranes por un importe total de 31.460,58 euros que considera sospechosos al no constar documentación sobre la contratación o subvención que "dé soporte a los distintos pagos".

Asimismo, apuntaban que las entregas de materiales se hicieron constar "en calles del municipio donde no se ha realizado obra o mejora alguna" sino que "más bien, examinadas las mismas y habida cuenta su contenido, sugieren que los materiales han sido empleados en la construcción o reforma de viviendas particulares".

Al respecto, señalaban los denunciantes que las retiradas y abonos de estas facturas eran "autorizados" por el exconcejal de Urbanismo, toda vez que en las mismas hay referencias a posibles actuaciones particulares como "obra caraco" u "obra fifi", así como otras que tampoco guardarían relación con actuaciones municipales en las que constan zócalos, butanos, terrazos, claraboyas o porcelánicos, entre otros materiales.

Desde el Ayuntamiento liderado por el PP en coalición con ediles de Para la Gente, tampoco localizaron indicios de que las actuaciones pudieran corresponder a subvenciones, toda vez que recordaron que "la realización de entregas de material a terceros es un acto del todo arbitrario, anómalo y no ajustado a derecho".