La 'comisión Koldo' del Senado interroga este miércoles a Santos Cerdán tras su salida de prisión

El proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas durante la emergencia sanitaria profundizó su alcance luego de la reciente detención de Antxon Alonso, socio de Servinabar, y la inclusión de Plus Ultra como empresa bajo sospecha de blanqueo de capitales y operaciones con oro de presunta procedencia venezolana. El Senado interrogó a Santos Cerdán este miércoles, comparecencia que, según informó la prensa nacional, se realizó horas después de que Cerdán quedara en libertad tras pasar cinco meses bajo prisión preventiva. Esta citación parlamentaria ocurre cuando la investigación, coordinada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, apunta a esclarecer la adjudicación de fondos públicos gestionados de manera excepcional durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la comisión ‘Koldo’ del Senado convocó a Cerdán como parte de una investigación en la que también figuran el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exasesor Koldo García. Todos ellos afrontan diligencias por la posible comisión de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en relación con contratos públicos otorgados bajo la premisa de la urgencia sanitaria. Según detalló la prensa, la sesión comenzó a las diez de la mañana y estuvo marcada por la presión institucional y política, en un momento en que aumenta el escrutinio sobre los mecanismos empleados para adjudicar fondos públicos.

El recorrido de la investigación sitúa a Servinabar en el centro operativo de las adjudicaciones exprés a diversas empresas, entre ellas Acciona Construcciones, Carreteras y Adif. El expediente judicial y diversas publicaciones identificaron a Servinabar como intermediaria entre el Ministerio de Transportes y estas firmas, posicionándola en el corazón de la presunta red de irregularidades. La prensa nacional aseguró que el proceso busca determinar si los investigados aprovecharon la flexibilidad administrativa vigente durante el estado de alarma para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.

La comparecencia de Santos Cerdán en el Senado afrontó la presión del grupo parlamentario del Partido Popular, que, según reportó la misma prensa, exigió disculpas públicas, la restitución de fondos potencialmente cobrados de manera ilícita y la cooperación completa durante la indagatoria. El papel de Cerdán, considerado un actor clave en la red de concesiones investigadas, representa un reto para la dirección del Partido Socialista Obrero Español, que intenta proteger su imagen institucional frente a los avances judiciales.

La comisión ‘Koldo’, creada precisamente para analizar los contratos públicos gestionados durante la pandemia, se ocupa de revisar los criterios seguidos para la asignación de recursos y rastrear el destino final de los fondos transferidos. Según diversos medios, los trabajos de la comisión indagan el nivel de participación de funcionarios y empresas en las decisiones tomadas durante la emergencia y examinan si existieron intereses privados encubiertos en tales operaciones.

La investigación dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, que mantuvo a Santos Cerdán en prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos, incluyó una anterior comparecencia del ex secretario de Organización del PSOE el 30 de abril de 2024. En esa oportunidad, Cerdán rechazó haber participado en prácticas ilícitas y aseguró contar con el apoyo pleno de la ejecutiva de su partido. Tras la exención concedida a su esposa, Francisca Muñoz, por motivos de salud, Cerdán reiteró ante la prensa nacional: “No tengo conocimiento de ninguna de esas operaciones. Contestaré cuando se me requiera en sede judicial y en el momento procesal oportuno”.

Otro foco de la pesquisa examina las operaciones de Plus Ultra, empresa presuntamente beneficiada con una ayuda estatal de 53 millones de euros. Según reportaron diversos medios nacionales, esta nueva línea de investigación apunta a una posible trama de lavado de dinero y movimientos financieros con ramificaciones fuera de los cauces administrativos habituales. Así, la atención pública y judicial se desplaza hacia nuevas empresas y expanden el campo de las indagaciones.

Paralelamente al avance judicial, el Senado estudia las consecuencias de haber flexibilizado los controles en los procesos de adjudicación durante la pandemia. La comisión del Senado evalúa documentos, testimonios y registros, conforme a la prensa nacional, con el fin de determinar si la emergencia sirvió de pretexto para coordinar acciones irregulares entre funcionarios y empresas privadas, pasando por alto los controles vigentes para el gasto público.

El ambiente político y mediático permanece en máxima tensión debido a las recientes detenciones, la ampliación del número de implicados bajo investigación y el reclamo de transparencia sobre el uso de recursos estatales. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo analizan las actuaciones que supervisan los avances de la comisión ‘Koldo’, bajo la directa vigilancia de los órganos del Estado.

La vigilancia institucional y mediática sobre la situación de Santos Cerdán y su aparición en la comisión del Senado ha puesto en primer plano los debates sobre transparencia y manejo de fondos públicos en el contexto de la emergencia sanitaria. Según varios portales informativos, la resolución sobre el destino de los recursos y la atribución de responsabilidades se mantiene como un asunto abierto, bajo un seguimiento constante de las autoridades judiciales, políticas y empresariales, en tanto el procedimiento investigativo sigue en curso y podría ampliarse conforme evolucionen las pesquisas.