La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el decreto del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz que impuso una sanción de 800 euros a una abogada fiscal que difundió, en el ejercicio de su función, un borrador de sentencia a un medio de comunicación.
En un fallo, recogido por Europa Press, el alto tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de la fiscal sancionada, que alegaba infracciones del procedimiento seguido en su contra e infracciones sustantivas al considerar que en la filtración a la prensa no había quedado enervada la presunción de inocencia con prueba de cargo por la vía de los indicios.
Según la fiscal sancionada, se obvió un importante elemento de descargo que, a su juicio, restaba credibilidad a los indicios y planteaba hipótesis alternativas lógicas y creíbles en su favor.
Los hechos probados de la resolución sancionadora recogen que la abogada fiscal comunicó telefónicamente a la acusación particular el sentido del borrador de una sentencia, en concreto la relativa al sumario penal 15/2020 seguido en la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de agresión sexual cometido sobre un hombre.
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