El presidente de la Abogacía celebra la moratoria de los tribunales de instancia, pero pide una "monitorización"

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha manifestado que la "predisposición" del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes para apoyar la moratoria para implementar los tribunales de instancia es "una medida acertada", pero ha solicitado una "monitorización del proceso" para evitar "disfunciones".

Así se ha expresado el presidente de la Abogacía en un encuentro con la prensa celebrado este martes en la sede de la Abogacía, en Madrid. González ha estado acompañado por Cristina Vallejo, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, por la secretaria general Encarna Orduna y por Marga Cerro, vicesecretaria general.

El presidente ha explicado que los consejos de abogacía de las comunidades autónomas se han puesto "a disposición del Ministerio" para intentar que esta "transición" afecte "en la menor medida posible a la justicia y al acceso a ella". Está previsto que la tercera y última fase de la implementación de estos nuevos tribunales de instancia se lleve a cabo a partir de este 31 de diciembre.

Además, González ha pedido que se escuchen "a todos los colectivos" de la justicia, para conseguir "una gestión del cambio más ordenada".

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, convocó para el próximo 22 de diciembre la Conferencia Sectorial de Justicia, que reunirá al Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas, para valorar la implementación de los tribunales de instancia.

También anunció que Justicia "apoyará" a las comunidades que soliciten una "prórroga breve" de la última fase de la constitución de los tribunales de instancia.

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL ESTÁ "GRAVEMENTE EROSIONADO"

Por otra parte, González ha lamentado que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentre "gravemente erosionado" ante la falta de unos criterios de fijación de costas en las sentencias.

En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos no pueden acceder "libremente" y "con conocimiento de sus consecuencias" si entrar o no en un proceso judicial al no poder ser informados de las costas a las que puede ascender la pena. Este hecho, según González, constituye el "principal" problema de la profesión actualmente.

El presidente ha recordado que, tras una sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno aprobó la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que, entre otras medidas, establece el derecho de los ciudadanos a ser informados del importe de una eventual condena en costas.

Esto ha provocado un choque entre Abogacía y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CMNC) para acordar unos "criterios objetivos orientativos".

González ha apuntado que la CNMC insiste "en tratar esta cuestión como un tema de competencia y libre mercado", lo que provoca un "entorpecimiento de la justicia" porque el ciudadano "no puede entender" que no se le dé una cifra "muy aproximada" de las costas en un procedimiento que quiere iniciar. El letrado confía en que esta situación se resuelva "pronto"

En este punto, la decana de los abogados de Barcelona ha apuntado que los ciudadanos "no pueden valorar el riesgo" de entrar en un litigio y ha informado que han interpuesto un recurso de casación al Supremo por una sanción que la CNMC impuso en 2018 a su Colegio por difundir unos criterios para la tasación de costas para que se aplicasen en la práctica como verdaderos baremos de honorarios.

UNA SOLUCIÓN "DE MÁXIMA URGENCIA" PARA LOS MUTUALISTAS El letrado también se ha referido a la solución para los mutualistas, que piden cobrar una pensión pública pese a haber cotizado en sus respectivas mutualidades.

"Lamentablemente, todo parece indicar que, salvo sorpresa de última hora, el año va a terminar sin un acuerdo sobre este tema, a pesar de los enromes esfuerzos hechos desde la Abogacía", ha explicado el presidente de la Abogacía.

González ha insistido en que este es un tema "de máxima urgencia" que requiere "altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado" y ha cifrado en unos 5.000 los profesionales afectados.

Por otro lado, ha celebrado la aprobación de los presupuestos del Consejo General de la Abogacía para 2026 con un 96% de votos a favor, lo que "demuestra la unidad de la abogacía" y el apoyo al "proyecto de modernización".

Los presupuestos, ha continuado González, se centran en "la formación y la digitalización de la profesión", con el ojo puesto en "la mejora del acceso a los servicios tecnológicos" por parte de los colegiados.