Madrid, 16 dic (EFECOM).- El PP ha asegurado este martes que el Plan Europeo de Vivienda Asequible que ha presentado la Comisión Europea supone una "reprobación formal" de la gestión que está realizando el Gobierno" y se ha preguntado si después de este "varapalo" Pedro Sánchez va a derogar su "fracasada" ley de vivienda.
Según fuentes del PP, la intervención del mercado y el control de los alquileres que se incluyó como medida "estrella" en la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en España en 2023 ha sido "rechazada frontalmente en el plan comunitario, ya que, en vez de solucionar el problema, lo agrava".
Los populares sostienen que la UE se ha "alineado" con ellos y con las comunidades autónomas que gobiernan en cuanto a no intervenir en el mercado y no topar los precios del alquiler.
"Los planes de vivienda de la UE y del PP coinciden en sus ejes fundamentales: acelerar la construcción de viviendas, simplificar la regulación, destinar fondos a la vivienda asequible y tomar decisiones basadas en análisis y datos, no en ideología y con fines propagandísticos, como hace el Gobierno de Sánchez", señalan.
Destacan además que el plan europeo incluye expresamente una nueva categoría de vivienda asequible "para que se beneficien de ayudas estatales de la UE, en un claro respaldo a las propuestas efectuadas por el PP para recuperar el modelo de éxito de la antigua vivienda de protección oficial (VPO), especialmente para las clases medias.
Asimismo critican que, mientras el proyecto comunitario aboga por tomar decisiones en coordinación con los distintos territorios, el Gobierno de Sánchez "se empeña en imponer y chantajear a comunidades autónomas y ayuntamientos, sin respetar el principio de subsidiariedad".
Para el PP, el balance de gestión del Gobierno es "desolador" con un Ministerio de Vivienda que ha dejado sin ejecutar el 68 % de su presupuesto, la renuncia a 4.000 millones de préstamos de la Unión Europea para vivienda social y alquiler asequible y la creación de una empresa pública -Casa47-, que es "inservible" y "cuesta a los ciudadanos 16.000 millones".EFE
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