El Gobierno estudia obligar a partidos, sindicatos y empresas a crear un canal contra el acoso como el del PSOE

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El Gobierno está estudiando nuevas medidas tras la proliferación de casos de acoso sexual en el PSOE y pretende obligar a todos los partidos políticos, sindicatos y empresas a contar con un mecanismo de denuncia interna similar al que han puesto en marcha en Ferraz.

Fuentes gubernamentales confirman que ya trabajan en esta idea, que puede materializarse en un real decreto ley que se lleve al Consejo de Ministros en el primer tramo de 2026, aunque todavía está en fase de estudio.

De este modo el Gobierno busca salir al paso de los múltiples casos de acoso que han creado una profunda crisis interna en el PSOE por la tardanza en contactar con las víctimas y que ya le ha costado el puesto a varios cargos socialistas.

El PSOE aprobó el pasado mes de mayo un protocolo antiacoso que incluye, entre otras medidas, un canal de denuncia interna que puede ser anónimo si las denunciantes lo prefieren. El caso queda registrado en una plataforma interna en la que los responsables del órgano antiacoso se ponen en contacto con las víctimas y protegen su identidad. Este órgano es autónomo y no debe recibir instrucciones de la cúpula del partido.

SALAZAR, IZQUIERDO Y VARIOS ALCALDES

El escándalo que desencadenó esta crisis fue el de Francisco Salazar, asesor del presidente Pedro Sánchez en La Moncloa y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, que iba a ser ascendido a la secretaría de Organización. Sin embargo tuvo que dejar sus cargos tras la publicación del testimonio de varias mujeres que describían comportamientos inadecuados hacia sus subordinadas.

Poco después el canal interno del PSOE recibió dos denuncias anónimas contra Salazar, pero el partido no se puso en contacto con las denunciantes hasta pasados cuatro meses, y solo una vez que un medio de comunicación publicó que la investigación no había avanzado.

Esta demora generó una ola de indignación y críticas internas que siguió escalando con la aparición de distintos casos en toda España que obligaron a dejar sus cargos en el PSOE a José Tomé, hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, y Javier Izquierdo integrante de la Ejecutiva Federal.

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, también dejó sus cargos en el partido por dos denuncias en su contra --aunque mantiene la alcaldía-- y dimitió un edil de Benalcázar (Córdoba) tras la publicación de mensajes de contenido sexual a una trabajadora municipal.

EL PSOE SE VE COMO PIONERO

El PSOE ha admitido errores en la gestión de esta crisis y ha pedido perdón a las presuntas víctimas, pero también ha defendido que actúan con contundencia y que son el único partido de España que cuenta con un protocolo antiacoso.

El problema, subrayan, no es exclusivo del partido sino que está presente en toda la sociedad, tal como recalcó Sánchez en su rueda de prensa de balance del curso político de este lunes en Moncloa. El acoso y la corrupción "no tienen carné", defendió.

Por tanto el Gobierno prepara esta medida que va en línea con la idea de que se trata de un problema extendido en todos los ámbitos sociales y laborales, donde el PSOE va unos pasos por delante para atajarlo porque cuenta con un protocolo y unos mecanismos de los que otros no disponen.