Asociaciones judiciales proponen al Ministerio un plan de choque ante el "deterioro estructural" de la Justicia

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han propuesto al Ministerio de Justicia un plan de choque para paliar lo que denuncian como un "deterioro estructural" de la Administración de Justicia que achacan a la falta de jueces y medios para afrontar una creciente litigiosidad.

Las dos asociaciones han enviado este martes un escrito al departamento que dirige Félix Bolaños "con el fin de fijar un diagnóstico compartido y plantear las actuaciones" que consideran "indispensables para afrontar el deterioro estructural que atraviesa la Administración de Justicia".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explican que mientras la litigiosidad sigue aumentando --un 15,6% solo en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo que el anterior--, las vacantes generadas por jubilaciones, fallecimientos, bajas o permisos no se cubren al ritmo que se generan.

En este sentido, indican que "el propio Plan Estratégico del CGPJ para el decenio 2023-2032 señala que España necesita alrededor de 350 nuevos jueces al año para cubrir la reposición y garantizar un crecimiento mínimo de la planta" judicial pero "las convocatorias recientes --120 plazas en 2023, 120 en 2024 y 120 en 2025-- distan considerablemente de ese objetivo".

"A ello debe añadirse que el CGPJ ha identificado un déficit estructural superior a 400 unidades judiciales, que no se compensa con las plazas creadas recientemente", apuntan.

Asimismo, recuerdan que, para evitar la huelga convocada en mayo de 2023, se alcanzó un acuerdo que contemplaba un "esfuerzo económico" de unos 10 millones de euros para crear 100 nuevas plazas de acceso para las carreras judicial y fiscal en las convocatorias de oposiciones de 2023 y 2024.

Al hilo, denuncian que "se trata de un compromiso que a día de hoy no ha sido cumplido", a pesar de que "su cumplimiento no quedaba supeditado en modo alguno a la aprobación de una Ley de Presupuestos".

Como remedio, proponen una "reposición automática de todas las vacantes por jubilación y/o fallecimientos mediante la creación anual de tantas plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la carrera por la categoría de juez como jubilaciones o fallecimientos se hayan producido en el año anterior".

"Y ello, de forma adicional y complementaria a las plazas que estén ya previstas en los Presupuestos Generales del Estado aplicables a cada año respectivo", aclaran.

También plantean una "modificación presupuestaria extraordinaria", ya que "la Ley General Presupuestaria permite varios mecanismos que habilitan crédito adicional para reforzar servicios públicos esenciales".

Sin estas medidas inmediatas, advierten de que se "compromete la capacidad del Estado para garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia". "Es imprescindible adoptar medidas que refuercen la planta judicial y permitan prestar un servicio público conforme a los estándares que la ciudadanía tiene derecho a esperar", alegan.