Epidemiólogos avisan de la "externalización extrema" a la privada del aborto en Madrid

Madrid, 15 dic (EFE).- La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido este lunes de las desigualdades territoriales en el acceso al aborto y ha alertado del ejemplo "paradigmático" de Madrid, con una "externalización extrema" y "casi exclusiva" de intervenciones a la red privada y una "participación mínima" de la pública.

El Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la Sociedad Española de Epidemiología ha publicado un posicionamiento en el que enfatiza que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) constituye un derecho fundamental de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los tratados internacionales ratificados por España reconocen el aborto seguro como una obligación de salud pública de equidad; incluirlo en la Constitución "implica el reconocimiento como derecho fundamental que requiere la máxima protección jurídica", añade.

Desde el bioderecho y la bioética, supone reconocer la autonomía reproductiva de la mujer como un derecho fundamental inherente a su dignidad y libertad personal.

Sin embargo, el ejercicio de este derecho en España "se caracteriza por una marcada desigualdad territorial".

Madrid representa "un caso paradigmático de esta disparidad: con una provisión casi exclusiva de los servicios de IVE a través de la red privada, y una participación mínima de la sanidad pública", lo cual "ha provocado barreras estructurales que impactan de manera desproporcionada en las mujeres con menores recursos económicos", denuncian los epidemiólogos expertos en género.

Y esto, prosiguen, "compromete el derecho a la salud, y también perpetúa las inequidades de género y socioeconómicas".

Uno de los factores que explica la escasa presencia del aborto en el sistema público es la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, algo que se trató de mitigar con la reforma de la ley de 2023 con la exigencia de crear un registro de objetores de conciencia para asegurar que siempre exista personal disponible y suficiente para garantizar esta prestación sanitaria, explican.

Pero "la persistencia de la derivación casi total al sector privado -subrayan- traduce una aplicación deficiente de la ley".

Así por ejemplo, hay comunidades que presentan una "externalización extrema" de las ives, con menos de un 1 % de intervenciones en la red pública, como son Extremadura, Ceuta y Melilla (0 %); Andalucía (0,3 %); Castilla-La Mancha (0,05 %); Madrid (0,47 %) y Murcia (0,97 %).

Otras tienen una externalización "muy alta": País Vasco (4,37 %); Aragón (2,3 %) y Asturias (1,93 %).

Todo lo cual se traduce en "múltiples y graves repercusiones en la salud pública y en la equidad social", por ejemplo, a nivel de salud mental de la mujer, pues el acceso limitado, el retraso en el acceso, la necesidad de desplazamiento y la incertidumbre generan altos niveles de estrés, ansiedad y otros problemas, según los epidemiólogos.

Además, indican que la dependencia del sector privado transforma el aborto "en un servicio condicionado por la capacidad económica" y perpetúa el sistema dual que perjudica a las mujeres con menores recursos; y numerosas mujeres se ven forzadas a desplazarse a otras comunidades, lo que implica costes económicos, "impacto emocional y laboral".

La limitación efectiva del acceso a la IVE en la sanidad pública puede interpretarse como una violación del derecho a la salud (artículo 43 de la Constitución Española) y de los tratados internacionales que obligan al Estado a garantizar el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva, añade la SEE.

Sin olvidar que las barreras de acceso pueden derivar en la continuación de embarazos no deseados, con consecuencias negativas para la salud integral, las trayectorias vitales, educativas, la situación socioeconómica y la autonomía de las mujeres, concluye. EFE