Bruselas, 15 dic (EFECOM).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea instó este lunes a mejorar el intercambio de información entre la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para reforzar la persecución de este tipo de delitos y reducir las pérdidas para las arcas comunitarias.
Los auditores han analizado el funcionamiento de las agencias encargadas de perseguir el fraude, la prevaricación, la malversación y el blanqueo que afecten al presupuesto europeo, que además de a la Fiscalía y la OLAF incluyen a Europol y Eurojust, las agencias de cooperación policial y judicial, respectivamente.
El informe del tribunal constata que, si bien sus funciones son independientes, estas agencias se complementan a la hora de luchar contra el fraude y, en este sentido, subraya que el número de casos en los que han colaborado en los últimos años "sigue siendo reducido" pese a que las solicitudes de apoyo mutuo son recibidas positivamente cuando se presentan.
En particular, los auditores ponen el foco en los intercambios entre la OLAF, que se encarga de perseguir administrativamente los casos de fraude, y la Fiscalía Europea, que desde 2017 interviene cuando éstos pueden constituir un delito penal y colabora para ello con las fiscalías de los Estados miembros.
La auditoría revela que los procedimientos para tramitar las acusaciones de fraude son complejos y pueden dar lugar a una duplicidad en las notificaciones de casos a la OLAF y la Fiscalía, aumentando la carga administrativa y provocando retrasos.
El marco genera el riesgo de que la OLAF abra investigaciones sin asegurarse de que la Fiscalía Europea no esté investigando los mismos hechos y, al mismo tiempo, no garantiza que la Fiscalía reciba todas las denuncias para evaluar si hay un posible delito.
Por otro lado, limita el intercambio de información de la Fiscalía Europea a la OLAF sobre las investigaciones en curso y archivadas, así como sobre los asuntos sometidos a juicio, por lo que restringe la posibilidad de que la OLAF inicie investigaciones administrativas que complementen las penales.
Esto le permitiría, por ejemplo, excluir a personas o entidades de la financiación de la Unión Europea (UE) inscribiéndolas en "listas negras".
"Retrasar la divulgación de información hasta la conclusión de un proceso penal tiene el inconveniente de que las investigaciones penales pueden tardar varios años en finalizar", apuntan los auditores.
Por todo ello, recomiendan a la Comisión Europea poner en marcha un sistema de intercambio de información más eficiente, que incluya la canalización de todas las denuncias a un repositorio central para su evaluación.
Asimismo, piden que la Fiscalía Europea ponga a disposición de la OLAF la información fundamental de un caso "tan pronto como considere que una denuncia no tiene carácter penal" y que la OLAF remita "sin demora indebida" las denuncias de presuntas actuaciones delictivas a la Fiscalía Europea o las nacionales, si ésta no es competente.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas señala que la Comisión Europea no dispone de un mecanismo para supervisar si se han llevado a cabo las recuperaciones de fondos europeos ordenadas por los tribunales nacionales a raíz de investigaciones de la Fiscalía Europea y le pide que mejore este seguimiento.
En 2024, este organismo pidió recuperar 232 millones de euros para las arcas comunitarias.
En conjunto, entre 2022 y 2024, la OLAF y la Fiscalía recibieron 27.000 denuncias de fraude, de las cuales se investigaron casi 9.000. EFECOM
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