La AN investiga si Díez, Fernández y Alonso cobraron más de 700.000 euros por cinco operaciones con empresas de la SEPI

Transferencias hacia inversiones en Marbella y Jaca, así como depósitos detectados en cuentas personales, han sido identificadas como uno de los destinos finales del dinero que la Audiencia Nacional investiga en el caso que afecta a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. Según informó Europa Press, la causa ha puesto el foco en más de 700.000 euros obtenidos a través de al menos cinco operaciones en las que los implicados habrían canalizado fondos vinculados a contratos y ayudas gestionadas por empresas del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, examina el papel de Díez, exmilitante socialista; Fernández, quien presidió SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019; y Alonso, empresario con vínculos en el sector público, en una presunta trama de corrupción que habría operado entre 2021 y 2023. El magistrado Antonio Piña ordenó el miércoles la detención de los tres investigados dentro de un proceso declarado bajo secreto de sumario, medida que fue levantada el sábado con su puesta en libertad y la imposición de medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida de España y presentaciones judiciales quincenales, según detalló Europa Press.

Según consignó dicho medio, las pesquisas, sustentadas en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntan a la existencia de un mecanismo concertado por los acusados para aprovechar su posición en la administración pública y en sociedades estatales con el fin de manipular expedientes administrativos y garantizar resoluciones ventajosas para intereses propios o ajenos. Este grupo, que se hacía llamar “Hirurok”, habría diseñado procedimientos que incluían la emisión de facturas por servicios inexistentes, contratos ficticios y la creación de justificantes irregulares para simular la legalidad de los flujos de dinero.

La sociedad Mediaciones Martínez, mencionada por Europa Press como el principal canal de circulación de fondos, actuaba como pieza central en la transferencia de las sumas investigadas. Según la resolución judicial, los movimientos económicos se realizaban con el objetivo de separar el origen y el destino de los fondos, dificultando el rastreo y asegurando la confidencialidad.

Entre los episodios analizados figura la concesión, por parte de SEPI, de un rescate de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos, operación en la que Hirurok habría recibido 114.950 euros, facturados por Mediaciones Martínez en concepto de intermediación, aunque los investigadores cuestionan la existencia real de estos servicios. Europa Press señala, además, que otras actuaciones bajo sospecha alcanzan a la adjudicación de Mercasa, que contrató a Servinabar, propiedad de Alonso, para la redacción de un informe técnico en su sede central. El importe ascendió a 18.119,75 euros y la justificación documental señala un sobrecoste de unas reformas que, según los informes, no resultaban necesarias, dotando así de cobertura formal a la adjudicación.

De acuerdo con los datos recopilados por Europa Press, el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) otorgó a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente un contrato por 2,8 millones de euros. El grupo investigado habría facilitado la adjudicación empleando mecanismos de ocultación para desligar a los beneficiarios del pago final, que ascendió a 400.000 euros. Además, destaca la intervención de Enusa, la empresa pública del ámbito nuclear, que realizó pagos irregulares al bufete SDP Carrillo y Montes en el contexto de una licitación de Acciona para dos infraestructuras: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento en Castellón. Esta contratación elevó el coste en un 50% respecto al presupuesto inicial, siendo una parte de ese incremento enviado a Mediaciones Martínez mediante un abono de 17.545 euros, que terminó en poder del grupo investigado.

Otra operación mencionada por Europa Press está relacionada con una ayuda otorgada por Sepides, filial de SEPI, a la empresa Arapellet del grupo Forestalia, por un total de 17,32 millones de euros. En este expediente, la instrucción judicial documentó la promesa de un pago de 200.000 euros a Hirurok, nuevamente a través de Mediaciones Martínez, según recogen los informes de la investigación.

El destino del dinero presuntamente obtenido a través de estos procedimientos ha sido documentado en inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol, en Marbella, así como en la localidad aragonesa de Jaca, señala Europa Press, incluyendo también transferencias a cuentas particulares. Dentro de estas operaciones, destaca la localización de transferencias y depósitos en efectivo por 49.350 euros a nombre del ex presidente de SEPI, Vicente Fernández.

El juzgado central instruye la causa por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, según la acusación liderada por la Fiscalía Anticorrupción. El alcance de la investigación abarca la revisión de adjudicaciones y ayudas proporcionadas por varias entidades del sector público en los últimos años y el análisis de la gestión de fondos por millones de euros, según reportó Europa Press.

La resolución del magistrado Piña destaca que los investigados adoptaron numerosas medidas para asegurar la discreción, implementando estructuras destinadas a separar la procedencia del dinero de sus beneficiarios finales y fragmentando los movimientos entre distintas sociedades e intermediarios. Las actuaciones de esta presunta red se extendieron por diferentes comunidades autónomas e incluyeron tanto entidades de titularidad estatal como regional.

La Audiencia Nacional, de acuerdo con los reportes de Europa Press, continúa analizando los contratos, transferencias y relaciones entre cargos públicos, sociedades mercantiles y despachos jurídicos para delimitar el alcance definitivo de las comisiones irregulares y esclarecer el papel de cada uno de los implicados. Los informes de la Guardia Civil aportan indicios relacionados tanto con la manipulación documental como con la integración de flujos económicos mediante simulaciones y facturaciones presuntamente falsas.

El sumario se mantiene bajo secreto, lo que restringe el acceso a datos adicionales sobre el curso de la investigación. No obstante, las líneas de la instrucción avanzan en la identificación de posibles beneficiarios y en la reconstrucción del recorrido financiero de los fondos presuntamente desviados, según lo publicado por Europa Press.