Junts asegura a Sánchez que no tendrá PGE y que, aunque trate de cumplir ahora acuerdos, la ruptura es "irreversible"

El partido liderado por Carles Puigdemont comunicó al Gobierno que, tras incumplimientos en pactos clave y agravios políticos recientes, la desconfianza es insalvable, por lo que rechaza respaldar iniciativas presupuestarias o cualquier proyecto del Ejecutivo

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El secretario general de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, aportó cifras precisas sobre reincidencia y delitos en Cataluña durante una entrevista con el programa ‘Parlamento’ de RNE, citada por Europa Press, para destacar que la acumulación de 600 personas consideradas multirreincidentes y más de 7.000 detenciones subraya la urgencia de modificar la legislación pendiente. Este contexto ha sido uno de los principales fundamentos en la decisión de Junts de declarar un cese definitivo en sus relaciones con el Gobierno central, postura que implica el rechazo a cualquier negociación o apoyo relativo a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y a otras propuestas presentadas por el Ejecutivo.

Tal como informó Europa Press, Junts trasladó directamente al presidente Pedro Sánchez la decisión de romper de forma irreversible toda relación política, precisando que "los incumplimientos sistemáticos" de los acuerdos alcanzados al inicio de la legislatura han imposibilitado toda vía de colaboración. Entre los elementos reclamados por la formación catalana figuran la ausencia de avances en la Ley contra las Okupaciones y la falta de traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat, aspectos que Junts presentó como estratégicos y que motivaron el agravamiento del desencuentro.

El medio Europa Press detalló además que la deteriorada relación se vio influida por una serie de escándalos políticos y judiciales. Entre los episodios señalados figuran la renuncia del presidente de la Diputación de Lugo tras una acusación de acoso sexual, el caso Salazar y la detención de la exmilitante Leire Díez, así como la detención del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según Junts, estos acontecimientos contribuyeron a una percepción de deterioro en el clima político y judicial que, junto a los compromisos incumplidos, consolidaron la decisión de la ruptura.

Junts solicitó que la conclusión de la relación se entienda, según información recogida por Europa Press, como una reacción a la falta de cumplimiento y reciprocidad por parte del Ejecutivo con los acuerdos alcanzados tras la investidura. Inicialmente, según reveló el medio, la formación independentista mostró disposición al diálogo, pero la falta de avances tangibles por parte del Gobierno terminó por agotar el margen para acuerdos y entendimientos. Esta distancia se reflejó, entre otras acciones, en el rechazo de Junts a la senda de déficit presentada por el Gobierno y en la negativa anunciada a respaldar el proyecto presupuestario impulsado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Cruset, en su intervención mencionada por Europa Press, subrayó que Junts solo reconsideraría el contacto con el Ejecutivo si este implementa de forma completa los compromisos asumidos al inicio de la legislatura. La formación nacionalista consideró insuficientes tanto los reconocimientos hechos por Pedro Sánchez sobre los retrasos como las recientes propuestas de Moncloa, ya que la acumulación de incumplimientos habría provocado una situación que no depende únicamente de los eventos más recientes.

Europa Press dio cuenta también de que Junts ha mantenido un bloqueo a las iniciativas legislativas impulsadas por el PSOE y Sumar, con la excepción de aquellas normas que ya fueron específicamente negociadas, como la Ley de Atención a la Clientela y la Ley de Movilidad Sostenible. Además, en relación a la propuesta de Ley contra la Multirreincidencia, Cruset aclaró que la iniciativa corresponde exclusivamente a Junts y que su aprobación requerirá el concurso de otras formaciones, dada la actual configuración de mayorías en el Congreso.

Durante la entrevista, Cruset rechazó la posibilidad de que el Gobierno pudiera modificar la posición de Junts con nuevas ofertas, incluso durante las fiestas navideñas. Argumentó que no existen condiciones para reconstruir la confianza mientras el Ejecutivo no demuestre avances sólidos y verificables respecto a los acuerdos suscritos. Siempre de acuerdo con Europa Press, desde Junts se trasladó a la opinión pública que recae sobre el Partido Socialista la responsabilidad de informar a la ciudadanía acerca de los efectos de este distanciamiento, incluidos el impacto en la estabilidad parlamentaria y la dificultad de sostener la legislatura sin esos apoyos.

En el presente, Europa Press consignó que permanecen inactivos los canales de comunicación entre ambas partes y que Junts no tiene previsto retomar ningún tipo de contacto mientras subsista la ausencia de señales o gestos de cumplimiento por parte del Gobierno central. Esta posición, según fuentes citadas por el medio, se mantiene firme desde el arranque de la legislatura y no ha habido indicios de que vaya a cambiar en el corto plazo.

En el frente legislativo, Junts ha optado por bloquear las propuestas impulsadas por el Gobierno, admitiendo posibilidad solo para la tramitación de leyes previamente pactadas. En cuanto a la Ley contra la Multirreincidencia, Cruset enfatizó que Junts buscará apoyo entre otras bancadas parlamentarias con el objetivo de avanzar en ese ámbito, utilizando una estrategia alternativa ante el actual punto muerto con el Ejecutivo central según reportó Europa Press.

El medio recogió también la postura de Junts acerca de la responsabilidad política en la actual coyuntura. La formación sostiene que el PSOE debe afrontar tanto el posible rechazo al presupuesto estatal como la necesidad de asegurar apoyos adicionales para sostener la legislatura, en un escenario donde la estabilidad depende del cumplimiento efectivo de promesas y compromisos. Junts ha reiterado que la reactivación del diálogo queda condicionada de forma exclusiva a que el Gobierno central ofrezca garantías plenas de cumplimiento a los acuerdos firmados, algo que consideran no se ha producido hasta ahora, según informaciones recogidas por Europa Press.