Madrid, 13 dic (EFE).- El adelanto electoral anunciado este viernes en Aragón comprime aún más el calendario electoral inmediato con cuatro citas con las urnas en fechas distintas en los próximos seis meses: Extremadura el día 21, Aragón previsiblemente el 8 de febrero y, en principio, Castilla y León en marzo y Andalucía en junio.
Al menos cuatro convocatorias a las que no es imposible que se pueda sumar alguna más en ese período, o en todo caso antes de la fecha prevista de mayo de 2027, si, como ha ocurrido en Extremadura y Aragón, el pulso que mantienen PP y Vox para la aprobación de los presupuestos autonómicos aconseja a los ejecutivos de Murcia, Baleares o Cantabria poner fin a la legislatura anticipadamente.
Este ciclo electoral autonómico tiene además implicaciones de ámbito nacional, ya que una cadena de resultados adversos para los partidos que forman el Gobierno central o los que lo sostienen en el Congreso, en medio de la actual sucesión de escándalos, puede llevarles también a acabar por llamar a los españoles a unas elecciones generales mucho antes de lo previsto.
Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 en una reunión el viernes entre el presidente autonómico, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco.
Tras ese encuentro, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, culpó de la ruptura de las negociaciones a la postura "absolutamente inamovible" de Vox en asuntos ideológicos, que trascienden a Aragón y que incluso son "ilegales", mientras Nolasco acusó al PP de Azcón de ser un "calco del socialismo caprichoso de María Guardiola", presidenta de Extremadura.
El caso es que el presidente aragonés aprobará en un próximo Consejo de Gobierno, previsiblemente el próximo lunes, el decreto de disolución de las Cortes, con lo que según lo que establece la ley electoral los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero, y lo hará con el apoyo de la dirección nacional de su partido.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó tras la ruptura de las negociaciones en Aragón que la convocatoria electoral corresponde al presidente Azcón y no se toma en un despacho en Madrid y recordó la coherencia de esa decisión con su planteamiento de que una vez se pueden prorrogar los presupuestos, pero no de forma indefinida, como él mismo exige a Pedro Sánchez.
Feijóo aprovechó para arremeter contra Vox y dijo no entender por qué la formación que lidera Santiago Abascal tiene como objetivo fundamental "hacerle daño" a los gobiernos del PP.
"No entiendo por qué si el problema de Vox es el señor Sánchez no deja gobernar al Partido Popular después de ganar las elecciones; esto es lo que se va a decidir en Extremadura, esto es lo que se puede decidir en Aragón, esto es lo que se puede decir en Castilla León", agregó.
La dificultad para alcanzar un acuerdo presupuestario en Aragón era máxima desde el inicio de las conversaciones, a las que ambos partidos llegaron en un ambiente de desconfianza mutua tras el choque de octubre por un asesor de Vox en las Cortes que publicó mensajes que el PP calificó de racistas.
Los de Abascal nunca han perdonado a Azcón que les exigiera el despido del asesor cuando, según aseguran, el presidente aragonés ya sabía perfectamente que se había iniciado el expediente para su cese.
Para Vox lo que hizo Azcón fue una "guarrería imperdonable", lo que a la postre ha impedido el entendimiento con el PP en un último encuentro para hablar de presupuestos al que ambas partes llegaron presuponiendo que la posición del otro abocaría al anticipo electoral.
Vox acudió a esa reunión y a las anteriores con las mismas exigencias que plantea insistentemente a todos los gobiernos autonómicos del PP, centradas en la ruptura de las políticas migratorias y verdes europeas, y que solo han aceptado hasta ahora los populares valencianos amparados en la necesidad de tener unas cuentas nuevas para la reconstrucción tras la dana.
Pese a que en el PP hablan de esas condiciones como "líneas rojas talladas en piedra", en Vox siguen poniendo como modelo al sucesor de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
El ejemplo de la situación es la ahora tercera parada del actual ciclo electoral autonómico. En Castilla y León, su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, escenificaron esta semana una especie de marco de negociación cuando menos difícil.
Mañueco delimitó ese marco en el pacto de gobierno que ambos partidos suscribieron ya en 2022, mientras el portavoz de Vox lo encuadró en los compromisos adquiridos recientemente entre ambas formaciones en la Comunidad Valenciana y en las propuestas del 'gurruño' -la bola de papel en la que el presidente regional convirtió el documento con las propuestas de Vox durante el debate sobre el estado de la comunidad del pasado mes de marzo-. EFE
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