
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la contratación pública, en la que figura como detenida Leire Díez, exmilitante socialista, permanece cubierta por una orden de secreto sumarial, lo que restringe la información disponible acerca del desarrollo del caso y la identidad completa de los implicados. De acuerdo con Europa Press, el proceso se desarrolla a partir de una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevada a cabo el miércoles, en la que fueron arrestadas varias personas relacionadas tanto con el sector público como con el privado.
Durante su intervención en un congreso en València, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, abordó los hechos vinculado a Leire Díez. Según consignó Europa Press, Morant subrayó que Leire Díez ya no pertenece al Partido Socialista, puesto que fue expulsada de la militancia, y recalcó que “el PSOE ha expulsado a esta señora de la militancia y, por tanto, como partido no tenemos nada que decir. Y la señora Leire Díez y el resto de detenidos se tendrán que someter a la justicia”. Europa Press añadió que Morant declinó realizar más comentarios, remitiéndose al secreto judicial que rige la investigación.
El caso implica también la detención de Vicente Fernández, quien presidió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de Antxón Alonso, socio empresarial de Santos Cerdán —ex número tres del PSOE— en la empresa Servinabar. Europa Press precisó que Servinabar aparece en el centro de la trama, donde Alonso figura entre sus responsables, y que había mantenido en el pasado vínculos con la dirigencia socialista nacional a través de Cerdán.
El desarrollo de la operación incluyó registros y entradas en diferentes sedes, permitiendo la detención de los principales implicados y la incautación de documentación que será objeto de análisis. Los agentes de la UCO trabajan para esclarecer las posibles ramificaciones de la trama, así como la naturaleza y el alcance de las supuestas irregularidades cometidas en el marco de adjudicaciones de contratos estatales, detalló Europa Press.
En respuesta a preguntas sobre si el partido teme declaraciones de Leire Díez, Diana Morant enfatizó, según reportó Europa Press, que no le preocupa lo que pueda expresar la exmilitante, al considerar que “le da igual” lo que esta pueda manifestar ante los medios o el proceso judicial. Morant insistió en que, una vez expulsada, Díez ya no mantiene vínculo alguno con el partido, postura que reiteró en distintos momentos ante los medios, según publicó Europa Press.
Europa Press informó también que la investigación de la Guardia Civil sitúa a Leire Díez como figura relevante dentro de la supuesta trama de fraude, lo que motivó su arresto y su desvinculación formal del PSOE pocas horas después de trascender su implicación. Las actuaciones judiciales seguirán en los próximos días con la comparecencia de los detenidos ante el órgano instructor, instancia que les notificará de los cargos y les permitirá exponer sus argumentos ante el juez, todo ello bajo la protección del secreto sumarial.
Según detalló nuevamente Europa Press, el PSOE mantiene su línea de desvinculación del caso, insistiendo en que las conductas investigadas deberán ser abordadas exclusivamente en sede judicial y corresponderá a cada persona implicada responder por las eventuales responsabilidades individuales, sin que la organización política asuma intervención o valoración directa sobre los hechos.
El contexto de esta investigación coincide con una serie de operativos desarrollados en meses recientes para abordar posibles prácticas corruptas en la adjudicación de contratos públicos. Europa Press señaló que la existencia de vínculos pasados o presentes de los arrestados con entidades estatales o formaciones políticas alimenta la atención mediática y el escrutinio público en torno al caso. No obstante, la instrucción judicial se mantiene bajo estrictas condiciones de reserva.
Las diligencias realizadas incluyen la intervención de dispositivos y documentación, que permitirán, en la siguiente etapa del procedimiento, delimitar los hechos objeto de investigación y definir la situación jurídica de los distintos implicados. El órden de secreto decretada por el juez instructor condiciona la difusión de información sobre el avance de la causa, conteniendo tanto datos personales como detalles sobre las posibles conexiones entre los arrestados y los procedimientos de contratación examinados.
Durante el desarrollo de la cobertura del caso, Europa Press recogió la reiterada postura de Diana Morant respecto a que el Partido Socialista no tiene ya relación orgánica ni responsabilidad sobre las acciones de Leire Díez ni sobre las de otros implicados en la investigación. Morant afirmó que el proceso debe resolverse en los tribunales y que “la justicia tendrá que dirimir cualquier responsabilidad, sea quien sea la persona juzgada”, postura que el partido mantendrá ante futuros acontecimientos del expediente.
Las próximas fases judiciales contemplan la presentación formal de las acusaciones y la toma de declaraciones de las personas arrestadas, bajo supervisión directa del juzgado responsable, recordando que todas las actuaciones permanecen protegidas por el secreto sumarial, según afirmó Europa Press.
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