Los 'Comuns' creen que la sentencia a García Ortiz merece "una sanción" del CGPJ: "Ha habido una vulneración clara"

El señalamiento de una posible relación de confianza entre uno de los magistrados del Tribunal Supremo y la parte acusadora en el caso de Álvaro García Ortiz ocurrió después de la emisión de la condena, sin que otros integrantes del tribunal hubieran sido advertidos previamente de esa situación. Esta circunstancia generó que el eurodiputado Jaume Asens solicitara una revisión inmediata por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informó Europa Press, e impulsó a los ‘Comuns’ a pedir una evaluación disciplinaria por presuntas irregularidades y vulneración de la imparcialidad en el procedimiento judicial.

La controversia se agudizó tras la difusión por el tribunal de documentos judiciales que incluían datos personales de García Ortiz, como su dirección y correo electrónico. Europa Press detalló que esta acción provino del mismo órgano que previamente lo había condenado por desvelar información privada, una contradicción señalada como relevante por los ‘Comuns’. Asens sostuvo ante el medio que la apertura pública de tales datos por parte del tribunal pone en cuestión la coherencia y la transparencia institucional, alimentando las sospechas sobre el tratamiento equitativo del proceso y la protección de los derechos individuales.

El cuestionamiento sobre la imparcialidad del proceso cobró fuerza cuando se conoció, según reportó Europa Press, que el magistrado Antonio del Moral, parte del tribunal sentenciador, había sido responsable de la tesis doctoral del abogado que representa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ejerce la acusación en el proceso. Esta información situó en el foco las conexiones personales dentro de la judicatura y su posible impacto en la percepción de neutralidad del órgano judicial encargado del caso.

Durante una entrevista concedida a TVE y recogida por Europa Press, Asens argumentó que no se notificó en tiempo y forma a los demás jueces ni a las partes sobre este vínculo, y opinó que este hecho –según su interpretación– obligaba legalmente a los magistrados concernidos a abstenerse de participar en la resolución que afectaba a García Ortiz. La demora en la comunicación y su ausencia en el desarrollo procesal son aspectos considerados clave para fundamentar la petición de una investigación y, en su caso, de sanciones disciplinarias por parte del CGPJ.

El mismo medio citó a la Unión Progresista de Fiscales, organización que la semana anterior presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, manifestando preocupación por la independencia judicial en el marco del caso. Europa Press recogió la postura de Asens, quien subrayó que la obligación de los jueces no solo radica en ceñirse a las normas legales que regulan su función, sino también en mantener la apariencia de imparcialidad esencial para que la ciudadanía continúe confiando en la justicia. Según este enfoque, no basta con actuar conforme a derecho, sino que resulta imprescindible cuidar la percepción de objetividad y distancia con las partes involucradas.

La publicación agregó que algunos de los magistrados responsables de dictar la sentencia recibieron honorarios por impartir formación en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que actúa como acusación particular en el mismo proceso contra García Ortiz. Asens declaró, según recogió Europa Press, que tales actividades retribuidas refuerzan la imagen de falta de neutralidad, dado el vínculo directo entre los jueces y la organización denunciante, lo que, en su opinión, afecta la credibilidad del veredicto y de todo el procedimiento.

Además, la composición y funcionamiento internos del tribunal obtuvieron especial atención mediática. De acuerdo con lo narrado por Asens y consignado por Europa Press, tras el rechazo de una ponencia que proponía la absolución de García Ortiz, redactada por la magistrada Susana Polo, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, asumió la autoría de la sentencia condenatoria. Asens señaló –apoyándose en artículos del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según relató Europa Press– que esta forma de sustitución está prohibida, de modo que la modificación en la autoría representa una presunta infracción reglamentaria que añade argumentos en favor de la investigación exigida por los ‘Comuns’.

La postura de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también fue analizada por Asens, quien, según consignó Europa Press, indicó que su filiación considerada cercana al sector conservador del órgano de gobierno de los jueces podía dificultar la apertura de expedientes o la eventual imposición de sanciones. No obstante, los ‘Comuns’ reiteraron su llamado para que el CGPJ actúe con contundencia y sin dilación, con el objetivo de salvaguardar la legalidad y la integridad institucional.

Europa Press también reprodujo declaraciones de Asens en las que describió el caso García Ortiz como representativo de dinámicas más extendidas que, a su juicio, constituyen situaciones de abuso dentro de la judicatura. El eurodiputado afirmó que en determinadas instancias judiciales existe la percepción de que el gobierno actual carece de la legitimidad suficiente, lo que influye en posiciones adversas hacia los resultados electorales y el propio Ejecutivo vigente.

Asens calificó ante Europa Press el proceso en el Tribunal Supremo como “kafkiano” y “surrealista”, en referencia tanto a la filtración de información personal como a la publicación de documentos que vulneran la privacidad de García Ortiz. Subrayó que estas conductas afectan directamente la esfera privada del ex fiscal general y reiteró la importancia de garantizar la observancia de los principios de independencia y transparencia que la ley impone a todos los operadores judiciales. Exigió, asimismo, que las instituciones competentes aseguren el desarrollo de los procedimientos conforme a las normas legales y con plena observancia del marco ético y deontológico vigente.

Europa Press concluyó que la controversia surgida por la gestión judicial y la respuesta de los ‘Comuns’ revela tensiones en la percepción social sobre la imparcialidad y el control de la actividad de los órganos jurisdiccionales. El debate público motivado por este caso gira en torno a la necesidad de reforzar el control institucional y la vigilancia efectiva respecto a posibles irregularidades que afecten la confianza en el sistema judicial.