La presidenta del PSOE asegura que Leire Díez ya no tiene "nada que ver" con ellos y espera que la Justicia resuelva

Al responder ante la pregunta sobre la posibilidad de futuras detenciones relacionadas con la investigación judicial de supuestas irregularidades en contratos públicos que implica a antiguos responsables socialistas y empresarios, Cristina Narbona expresó que desconoce el rumbo que pueden tomar las pesquisas, subrayando: “No puedo saberlo”. Con esta declaración, la presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dejó de manifiesto la incertidumbre que rodea la evolución del proceso, según informó Europa Press. El caso concentra el interés público debido a la magnitud de los arrestos recientes, los cuales incluyen a Leire Díez —antigua figura del entorno socialista—, Vicente Fernández, quien presidió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxón Alonso, vinculado a la firma Servinabar.

De acuerdo con los reportes de Europa Press, los operativos los ejecutó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y forman parte de una investigación cuyo objetivo es determinar la existencia de delitos cometidos durante el periodo en que Díez mantenía una relación orgánica con el PSOE. Bajo este contexto, Narbona remarcó ante los medios la desvinculación absoluta de Díez respecto a la formación, declarando: “Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así”, según recogió Europa Press.

En su comparecencia en el Congreso, la presidenta del partido sostuvo que la dirección del PSOE no prevé consecuencias institucionales por el curso actual de los acontecimientos, ni teme que posibles declaraciones de los implicados afecten a la organización. También afirmó que las responsabilidades deben atribuirse a nivel individual: solo quienes participaron de los hechos bajo investigación tendrían que enfrentar las consecuencias legales, y no la organización en su conjunto. Europa Press detalló que la pesquisa judicial se centra en contratos públicos firmados durante mandatos de altos cargos y empresarios vinculados previamente al PSOE, en los años de mayor actividad interna de Díez, así como en compañías relacionadas con miembros relevantes del partido.

El examen abierto por los tribunales busca delimitar la participación de los detenidos y establecer los eventuales vínculos entre ellos en los procesos de gestión y adjudicación de recursos y contratos públicos. Estos aspectos, según explicó Narbona y según los continuos reportes de Europa Press, se encuentran exclusivamente en manos del sistema judicial, al cual le corresponde calificar los hechos, determinar posibles delitos y dictar las consecuencias legales sin interferencia política y sin emitir declaraciones prematuras al respecto.

La cobertura de Europa Press insiste en que la investigación no se limita a Leire Díez, sino que incluye a otros exresponsables socialistas y colaboradores empresariales. Se evalúa en qué medida sus acciones se relacionan con conductas potencialmente irregulares durante la administración de fondos y contratos públicos, y se investiga la existencia de eventuales ilícitos administrativos vinculados al periodo de responsabilidad de los implicados.

Narbona rechazó cualquier responsabilidad o participación de la dirección socialista en los hechos investigados. Según sus declaraciones reproducidas por Europa Press, defendió la transparencia total del partido y la sujeción estricta a los procedimientos legales. Añadió que ni ella ni la dirección nacional tienen información sobre futuras actuaciones policiales o posibles detenciones adicionales, por lo que remiten cualquier expectativa sobre el avance del proceso a los jueces responsables.

Según la información documentada por Europa Press, este caso ha reavivado la discusión en torno a la relación entre la gestión política y la fiscalización de recursos públicos, particularmente en lo que atañe a la adjudicación desde esferas próximas al partido y la administración pública. La investigación judicial se encuentra en etapa de toma de declaraciones y recopilación documental, mientras los tribunales avanzan en la delimitación de responsabilidades individuales.

La dirección del PSOE, en sucesivas declaraciones recogidas por el medio, mantuvo su postura de desvinculación respecto a las personas investigadas y reafirmó su confianza en la objetividad y rigor del sistema judicial para esclarecer los hechos e identificar a posibles terceros involucrados. Además, la formación reiteró la defensa de la independencia del proceso judicial frente a cualquier lectura política de las actuaciones en desarrollo.

Los datos recogidos por Europa Press no permiten establecer implicaciones formales ni para la estructura del PSOE ni para sus actuales responsables. Hasta la fecha, las actuaciones han circunscrito la responsabilidad a exdirigentes y empresarios que hoy se encuentran detenidos. La resolución definitiva sobre consecuencias legales y administrativas sigue en análisis y depende exclusivamente del poder judicial, que continúa con las diligencias sin la participación del partido, según lo reflejan los informes del mismo medio.