La jueza de la dana reclama a Emergencias el borrador de Es-Alert que no llegó a enviarse a la población

Entre las principales líneas de investigación judicial sobre las inundaciones ocurridas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, la jueza encargada del caso ha centrado sus esfuerzos en la documentación inédita aportada recientemente por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, que incluye anotaciones manuscritas y precisas instrucciones de autoprotección para las zonas afectadas, así como la existencia de un borrador de mensaje Es-Alert con advertencias que nunca llegó a la población. Según detalló Europa Press, la instrucción busca aclarar si la falta de aviso temprano contribuyó a incrementar las víctimas mortales y la gravedad de los daños personales, en una tragedia que sigue bajo revisión judicial.

De acuerdo con Europa Press, entre los documentos que maneja el juzgado destacan escritos atribuidos a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada, donde se recogen directrices específicas para la gestión del episodio, como la recomendación de permanecer en el domicilio, limitar los desplazamientos dentro de la provincia de Valencia y evitar áreas próximas a cauces de ríos. Las instrucciones también incluían la priorización de refugiarse en plantas superiores y contemplaban la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La magistrada instructora del Juzgado de Catarroja requirió de forma urgente a la Conselleria de Emergencias la entrega del borrador del mensaje Es-Alert número 706, elaborado en la jornada crítica, que contenía advertencias clave pero nunca fue emitido públicamente. Europa Press indicó que el objetivo de la magistrada es examinar los motivos de la ausencia del aviso masivo y determinar si la omisión en la gestión de alertas amplificó el impacto sobre los habitantes de las zonas vulnerables.

Las anotaciones manuscritas aportadas por Suárez describen episodios vividos entre el 29 y el 30 de octubre, en los que se recomendaron medidas de refugio en zonas elevadas ante la evolución del desastre. Uno de los pasajes recogidos por el tribunal señala textualmente: “Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes”. Europa Press consigna que este tipo de registros refuerzan el foco sobre la posible inacción o retraso en la transmisión de alertas a gran escala que hubieran permitido adelantar medidas de seguridad.

Durante su declaración judicial, el subdirector general de Emergencias explicó que la posibilidad de activar un aviso mediante el sistema Es-Alert fue planteada por primera vez antes de la reunión inicial del Cecopi, aproximadamente a las 17:15 horas, al disponerse de información visual sobre residentes aislados por el aumento del nivel del agua. Posteriormente, según su testimonio publicado por Europa Press, insistió en la necesidad de notificar a la población a las 17:38, cuando se recibieron datos concretos acerca del riesgo que representaba la presa de Forata para la integridad de los habitantes en diversas localidades. Pese a estas propuestas, afirmó que no obtuvo el respaldo necesario para enviar el mensaje, dejando pendiente una alerta que, en opinión del juzgado, habría dado tiempo a la ciudadanía de adoptar medidas preventivas.

La investigación judicial recoge que finalmente se procedió al envío del mensaje Es-Alert, pero no ocurrió hasta las 20:11 horas, un momento en el que ya circulaban imágenes de habitantes refugiados en tejados en Utiel y Requena, según informó Europa Press. A esa hora, gran parte de las muertes ya se habían producido entre quienes permanecían en niveles bajos de las viviendas, garajes o plantas a ras de suelo, donde el avance de las inundaciones resultó fatal. La jueza argumentó en su análisis que, si bien los daños materiales eran inevitables, la ausencia de un aviso temprano limitó gravemente la capacidad de reacción y protección de los residentes ante el peligro inminente.

Europa Press también informó que la causa judicial revisa el contenido del mensaje Es-Alert remitido finalmente, que únicamente aconsejaba evitar los desplazamientos, sin ajustarse a la realidad de los vecinos atrapados en pisos bajos. Según el tribunal, el enfoque limitado de la comunicación oficial resultó insuficiente para afrontar la emergencia y salvaguardar a la población más expuesta.

En cuanto a la recopilación de pruebas, figuran entre los documentos presentados una actualización continua sobre los municipios en alerta elaborada por Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias, y la entrega del Plan de Emergencia de la presa por otra responsable del área. Las anotaciones recopiladas describen el despliegue y distribución de zonas de trabajo, episodios de desbordamiento registrados en lugares como Alzira y Vilamarxant, así como el recuento progresivo de víctimas mortales y detalles sobre el seguimiento de protocolos y escenarios durante las fases críticas del desastre, según reveló Europa Press.

A raíz de los hechos analizados, la jueza solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que, en un plazo máximo de tres días, facilite la identidad de los agentes de guardia durante el 29 de octubre, con el objetivo de ampliar el número de testigos y documentar el sistema de transmisión de información técnica durante la gestión de la crisis.

Además de la investigación sobre los responsables del retraso en las alertas y la gestión de la emergencia, el juzgado analiza aspectos procesales relevantes. Europa Press reportó que la magistrada denegó la nulidad y repetición de las diligencias celebradas desde el 4 de septiembre, después de que una acusación particular fuera readmitida en el procedimiento por mandato de la Audiencia de Valencia, tras haber sido excluida por supuestas irregularidades procesales y por considerarse que defendía intereses asociados al ex secretario autonómico Emilio Argüeso. El auto judicial consultado por Europa Press sostiene que retrotraer el procedimiento implicaría retrasos perjudiciales para los familiares de las víctimas y para el propio avance de la causa, y que la reincorporación de la parte no se considera determinante para aplicar otros criterios judiciales.

Europa Press también subraya que el regreso de esta acusación se produce pese a la interpretación inicial de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que alegó abuso del manejo procesal, pero remarcó que este hecho por sí solo no justifica la exclusión del caso.

Toda la instrucción permanece centrada en analizar minuciosamente la secuencia de decisiones y omisiones institucionales que derivaron en la falta y el retraso de alertas a la población durante la emergencia. El juzgado de Catarroja mantiene abierta la investigación por la muerte de 230 personas, de las cuales 10 casos aún están en revisión, mientras se evalúa el impacto de lo que la instructora define como una “palmaria ausencia de avisos a la población”. Europa Press subraya que las pesquisas incluyen una evaluación detallada de los procedimientos de protección civil y el flujo de información desde las autoridades encargadas de la gestión de catástrofes, con especial atención sobre la responsabilidad técnica y política en el contexto de esta tragedia.