La Abogacía advierte del "colapso" de la Justicia Gratuita en la AN por la "precariedad" del Turno de Oficio

La remuneración neta que perciben los abogados del turno de oficio por cada expediente en la Audiencia Nacional se sitúa en 244,95 euros después de impuestos, una cifra que, según el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y recogida por Europa Press, no cubre ni de lejos los costes y el esfuerzo que conlleva la tramitación de procedimientos judiciales de gran complejidad, en especial aquellos relacionados con macrocausas. Este escenario ha provocado que la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) promueva una suspensión general del servicio, respaldada por el propio ICAM, con el objetivo de forzar la renegociación de las condiciones retributivas y preservar tanto la dignidad profesional de los abogados como la calidad de la defensa subsidiada que se ofrece a quienes carecen de recursos económicos.

El gasto que los letrados deben afrontar solo en combustible, debido a los frecuentes desplazamientos entre el centro de Madrid y San Fernando de Henares —donde se celebran muchas vistas orales de la Audiencia Nacional—, asciende a 152 euros mensuales, según datos facilitados por el ICAM y citados por Europa Press. Esta cantidad corresponde únicamente a los costes derivados del traslado entre dos puntos distantes 66 kilómetros y representa solo una fracción de la carga económica que soportan quienes prestan este servicio esencial. A ello se suman otras dificultades, como la escasez de recursos materiales y logísticos, y la necesidad de afrontar expedientes especialmente complejos y exigentes.

Europa Press detalló que el cálculo interno del ICAM revela una remuneración real que, en los casos judiciales que requieren una preparación más minuciosa, puede traducirse en ingresos de entre 0,10 y 0,20 euros por cada hora dedicada, descontando los gastos profesionales mínimos. Estos procedimientos, en los que los abogados deben analizar grandes cantidades de documentos y archivos audiovisuales, así como preparar estrategias de defensa para delitos graves —como terrorismo, narcotráfico o fraudes de elevado importe—, exigen una dedicación intensa y conocimientos jurídicos altamente especializados.

El acceso al turno de oficio en esta jurisdicción exige, según publicó Europa Press, acreditar al menos diez años de experiencia profesional y haber superado cursos avanzados de especialización. La desproporción entre las altas exigencias de cualificación y la escasa contraprestación económica agrava, a juicio del decano del ICAM, Eugenio Ribón, “el desequilibrio existente entre la responsabilidad asumida y las condiciones de retribución y medios disponibles”, según reportó Europa Press.

La situación descrita por Altodo y el ICAM ha derivado en la convocatoria de renuncias colectivas comunicadas tanto a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional como al Ministerio de Justicia, con la finalidad de advertir acerca del riesgo inminente que se cierne sobre la continuidad del servicio de justicia gratuita. Europa Press informó que desde estas organizaciones se reclama una intervención urgente de los poderes públicos —a quienes corresponde la competencia en materia de financiación y soporte del sistema— a fin de dotar al turno de oficio de mayor autonomía, estabilidad y reconocimiento económico.

La amenaza de un colapso del sistema de Justicia Gratuita en el ámbito de la Audiencia Nacional ha sido señalada reiteradamente por la abogacía madrileña. El ICAM ha alertado que la continuidad del actual modelo depende en gran medida de una revisión profunda tanto en los baremos retributivos como en los mecanismos de apoyo material con los que cuentan los profesionales, según expresó Europa Press. Las consecuencias de mantener la tendencia actual podrían traducirse, en opinión del Colegio, en una pérdida progresiva de motivación y en la salida paulatina de los abogados más cualificados, quienes, ante la precariedad, optarían por abandonar el turno de oficio para centrarse en el ejercicio privado.

El decano Eugenio Ribón —en declaraciones recogidas por Europa Press— subrayó que el problema trasciende las condiciones individuales de los letrados, ya que “también afecta a la calidad de la justicia que reciben quienes menos recursos tienen”. Ribón defendió que, sin profesionales adecuados y motivados, se resiente todo el sistema de garantías y de igualdad ante la ley, valores sobre los que se fundamenta la administración de justicia en España.

Según publicó Europa Press, el desajuste entre la complejidad de los casos asignados —que obligan a abordar diligencias especialmente técnicas, examinar grandes volúmenes de información y dar seguimiento a procedimientos largos y de múltiples fases— y la insuficiente dotación de medios y retribución podría poner en riesgo no solo una correcta defensa, sino la operatividad misma de la justicia gratuita. Además, el retraso en los pagos y la ausencia de una estructura logística adecuada agravan la desmotivación de los letrados.

Tanto Altodo como el ICAM insisten, tal y como recoge Europa Press, en que el funcionamiento del turno de oficio resulta imprescindible para el acceso de la ciudadanía vulnerable a la tutela efectiva de los tribunales. La permanencia de profesionales experimentados en este sistema depende, en definitiva, de una respuesta política y administrativa que garantice su viabilidad a largo plazo y evite que la estructura judicial que protege los derechos de quienes carecen de recursos vea disminuida su capacidad de respuesta.