El TS interroga hoy a peritos de la Guardia Civil y la defensa de Cerdán sobre la autenticidad de los audios de Koldo

Durante la sesión dedicada al análisis técnico de las grabaciones vinculadas al caso Koldo, la imposibilidad de certificar con precisión la identidad de los interlocutores en los audios principales ha introducido un elemento significativo de incertidumbre sobre su potencial como prueba personal. Según consignó Europa Press, al comparecer los peritos ante el Tribunal Supremo, ninguno de ellos pudo confirmar de forma inequívoca quiénes eran las personas que figuraban en los registros, lo que limita el uso de estas grabaciones exclusivamente a una función más general y no directamente atribuible a implicados concretos.

El Tribunal Supremo centró la jornada en escuchar a expertos de la Guardia Civil y a técnicos independientes propuestos por la defensa de Santos Cerdán. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el objetivo era esclarecer la autenticidad, la cadena de custodia y la validez probatoria de los audios presentados como prueba principal en el proceso judicial. El debate giró en torno a los métodos de obtención, conservación y trazabilidad de los archivos electrónicos, elementos cruciales para asegurar su integridad dentro de las normas del procedimiento penal español.

Durante la comparecencia, técnicos independientes convocados por la defensa expusieron que existían discrepancias relevantes en los tiempos reflejados en los metadatos de las copias analizadas, detectando desfases que alcanzaban hasta seis meses entre los archivos. Europa Press detalló que estos saltos temporales, según la defensa, impedían rastrear de forma completa el trayecto de las grabaciones desde el momento de su captura hasta su almacenamiento y custodia, lo que representa un obstáculo crítico para garantizar la legalidad y fiabilidad de la evidencia. Bajo este argumento, la defensa de Cerdán sostuvo que la carencia de garantías sobre la conservación intacta de los audios podía propiciar intervenciones no autorizadas, comprometiendo la cadena de custodia exigida por la normativa vigente y afectando los derechos procesales de los investigados.

Como respuesta a esta postura, la defensa reclamó al Supremo la exclusión formal de las grabaciones como prueba admitida en el proceso. Sostuvo que la ausencia de una documentación exhaustiva y coherente sobre cada fase del tratamiento de los archivos equivalía a un incumplimiento de los criterios de fiabilidad y legalidad establecidos en el marco normativo del proceso penal español, según publicó Europa Press.

Por otra parte, los peritos de la Guardia Civil defendieron la validez de los procedimientos aplicados en todas las etapas de obtención y protección de los registros digitales. Argumentaron, según recogió Europa Press, que los protocolos y estándares nacionales en criminalística electrónica se habían respetado y que existe correspondencia verificable entre el contenido de las grabaciones presentadas y los soportes originales incautados. Sostuvieron que no existen interrupciones que vulneren la cadena de custodia según lo requerido por la legislación.

En cuanto a una posible manipulación tecnológica de los audios, el uso de programas de espionaje sofisticados como Pegasus fue igualmente objeto de discusión. Europa Press reportó que tanto los expertos privados aportados por la defensa como los peritos oficiales del Estado coincidieron en que no se hallaron indicios de alteraciones hechas mediante esta clase de software. La investigación técnica, según los comparecientes y lo publicado por Europa Press, no identificó pruebas de que las grabaciones hubieran sufrido modificaciones por medio de herramientas tecnológicas externas, lo que permitió eliminar esta hipótesis dentro del actual debate judicial.

El Ministerio Público, de acuerdo con Europa Press, respaldó las conclusiones presentadas por el equipo de la Guardia Civil. La Fiscalía defendió que los procedimientos adoptados por las fuerzas de seguridad y los sistemas de conservación digital utilizados aseguran la suficiencia y aptitud probatoria de los archivos digitales incorporados a la causa. Además, sostuvo que las discrepancias detectadas en los metadatos no alcanzan la gravedad ni el alcance necesarios para provocar la cancelación de su valor como prueba ante el Tribunal Supremo.

El contraste entre los informes presentados tanto por la defensa como por los representantes estatales subrayó el grado de desacuerdo no solo en relación con la calidad técnica de los audios, sino también respecto a la exhaustividad del registro documental de todas las etapas de custodia, según señaló Europa Press. Para los peritos independientes, la omisión de información clave en el historial de los archivos impide verificar con certeza que estos reflejen fielmente el contenido original, imposibilitando identificar si han existido modificaciones, omisiones o sustituciones a lo largo del tiempo.

Ante este panorama de posiciones enfrentadas, el magistrado instructor Leopoldo Puente solicitó la aportación de nuevos elementos objetivos orientados a evaluar y fortalecer la integridad de los soportes digitales que son objeto de controversia. Europa Press indicó que esta petición tiene el propósito de permitir al tribunal una valoración más precisa del grado de fiabilidad de la prueba electrónica y de establecer criterios adicionales que definan el nivel de admisión —o exclusión— de las grabaciones en el proceso penal.

El dilema sobre el valor, la autenticidad y la trazabilidad de los archivos digitales continúa como eje central de disputa, de acuerdo con información de Europa Press, quedando ahora en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre admitir o descartar las grabaciones como evidencia válida en la investigación del caso Koldo. La resolución que adopte el tribunal en este contexto podría condicionar no solo el desarrollo futuro del proceso, sino también establecer pautas para la incorporación y tratamiento de pruebas electrónicas en investigaciones penales de relevancia en España.

Durante tanto, la discusión acerca de la idoneidad y los límites de los materiales digitales empleados como evidencia sigue influyendo en las estrategias judiciales, tanto de la acusación como de las defensas implicadas. Según detalló Europa Press, el asunto mantiene abierto un intenso debate sobre las garantías, los procedimientos y los controles necesarios para validar la cadena de custodia y la autenticidad de los archivos en un entorno tecnológico caracterizado por desafíos crecientes en torno a la integridad y protección de pruebas digitales.