El presidente de la Abogacía subraya la importancia de defender a los abogados, sobre todo donde enfrentan amenazas

El incremento de ataques y presiones hacia profesionales del derecho en diversos países mantiene en alerta a organizaciones de la abogacía internacional y europea, que durante el XIII Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía han puesto el foco en la urgente necesidad de garantizar entornos seguros y autonomía laboral para quienes defienden derechos fundamentales. Según detalló el medio, el evento se convirtió en un punto de confluencia de experiencias y testimonios de abogados y abogadas provenientes de territorios en conflicto, situación que evidenció la escala global de las amenazas y el impacto directo que estas ejercen sobre el acceso democrático a la justicia.

Durante la inauguración del Congreso, Salvador González, presidente de la Abogacía Española, recordó —de acuerdo con la información publicada— que el Gobierno de España mantiene un compromiso previo para avanzar en la ratificación del Convenio para la Protección de la Abogacía auspiciado por el Consejo de Europa. Aunque el instrumento ya fue adoptado, el proceso formal de ratificación aún no ha sido concluido, lo que deriva en limitaciones para su aplicación efectiva en el país. González recalcó que la defensa del colectivo legal es una demanda de carácter democrático y legal, aludiendo a que los ataques contra profesionales impactan directamente en el derecho a la justicia y en la integridad del Estado de derecho. El presidente subrayó la idea de que “cuando un profesional de la abogacía es silenciado, no solo se vulnera su derecho, se vulnera el derecho de toda la sociedad a la justicia”, tal como citó el medio.

El encuentro, reportó la fuente, incluyó la intervención de destacados representantes del ámbito jurídico y de la defensa de derechos. Entre ellos, se anunciaron las participaciones de la abogada ecuatoguineana Gema Jones, la abogada palestina Sahar Francis y el abogado saharaui Hali M'hamed, quienes compartieron sobre el escenario los obstáculos diarios y amenazas concretas que enfrentan al ejercer la defensa jurídica en territorios de alta peligrosidad. Estos testimonios, según detalló el medio, permitieron ilustrar los riesgos persistentes en distintas realidades y subrayar la necesidad de fortalecer tanto la protección jurídica como la independencia de la abogacía a nivel internacional.

David Vila, abogado general del Estado, intervino en la jornada inicial destacando, conforme al reporte, la función esencial del colectivo de la abogacía en el resguardo de derechos y libertades fundamentales. Vila señaló que la profesión se ve sometida a veces a presiones e interferencias, y defendió la implementación de dispositivos concretos destinados a proteger la independencia y la seguridad de quienes ejercen la profesión legal. En sus palabras, garantizar la seguridad jurídica de la abogacía contribuye directamente al funcionamiento del sistema democrático y judicial.

Uno de los ejes centrales, según consignó el medio, fue el análisis de los marcos legales nacionales y europeos dirigidos a incrementar las garantías para los profesionales del derecho. Noemí Alarcón, vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), explicó que el nuevo Convenio del Consejo de Europa busca consolidar la autonomía profesional de la abogacía frente a embates externos y amenazas que ponen en entredicho el ejercicio independiente. Alarcón advirtió sobre la persistencia de barreras y presiones incluso dentro del continente europeo, incluida España, lo que detona la urgencia de contar con marcos jurídicos sólidos y uniformes a escala regional.

Durante las sesiones de debate, la fiscal Escarlata Gutiérrez sostuvo, según la fuente, que proteger la autonomía de la abogacía y su desvinculación de cualquier injerencia de los poderes públicos son garantías esenciales para la salvaguarda de los derechos fundamentales. La fiscal describió la importancia de los colegios profesionales como entidades que velan por la defensa de los derechos y la independencia de sus miembros, e insistió en la necesidad de reforzar con celeridad los medios de protección profesional frente a las amenazas identificadas.

Luis Gonzaga, abogado del Estado, sumó su perspectiva sobre la consolidación del derecho de defensa, considerándolo un principio de carácter propio que debe preservarse y cultivarse mediante una formación profesional especializada. Según el relato del medio, Gonzaga afirmó que el fortalecimiento de la especialización en la abogacía eleva la calidad y la eficacia en los servicios jurídicos, lo cual adquiere mayor peso cuando los profesionales del sector enfrentan altos niveles de riesgo e inestabilidad.

El Congreso, detalló el medio, se propuso a lo largo de sus días crear un espacio para el análisis y la construcción de propuestas destinadas a aumentar la protección jurídica de quienes ejercen la abogacía, especialmente en escenarios marcados por amenazas crecientes y limitación de garantías. Las experiencias internacionales previstas en la programación buscaban contextualizar la problemática de las amenazas a los defensores de derechos humanos, mostrando la relevancia de diseñar acciones concretas que robustezcan el apoyo institucional tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.

El presidente González mencionó que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa promulgada en España representa un avance relevante en la protección y reconocimiento de los derechos de la abogacía. No obstante, enfatizó —según recogió el medio— que la plena protección de la profesión se verá limitada hasta que España complete la ratificación del Convenio europeo impulsado por el Consejo de Europa, ya que esto permitiría la aplicación integral de los mecanismos internacionales de defensa en el territorio nacional.

A lo largo de las exposiciones, los especialistas remarcaron que la ausencia de ratificación de este instrumento jurídico por parte del Estado español supone un obstáculo para la consolidación de las garantías a nivel europeo. El medio insistió en que esta situación refuerza la demanda de la abogacía y de los operadores jurídicos para dotarse de herramientas legales que efectivamente aseguren las condiciones de autonomía, libertad y seguridad imprescindibles para el ejercicio profesional.

Durante las mesas redondas, la organización reafirmó su compromiso institucional de defensa de los derechos fundamentales y del fortalecimiento del Estado de derecho, destacando el nexo entre la seguridad de los profesionales y la vitalidad de las instituciones democráticas. Según la fuente, en el Congreso se hizo hincapié de forma persistentemente reiterada en que la protección de la abogacía es estratégica para la custodia de derechos, y acelerar la ratificación del Convenio europeo es un paso clave para reforzar este compromiso a nivel estatal y regional.