La discusión parlamentaria en la Cámara baja giró en torno a las propuestas de restringir el acceso a cargos públicos y constitucionales para Álvaro García Ortiz, exfiscal general condenado, y de aumentar los controles sobre la labor de Teresa Peramato y la Fiscalía General del Estado. Estas medidas fueron objeto de una moción impulsada por el Partido Popular, que encontró respaldo de 169 diputados de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, aunque no alcanzó la mayoría frente a los 179 votos en contra emitidos por PSOE, Sumar, sus socios habituales y Junts, lo que frustró su aprobación y reafirmó la posición del bloque oficialista. Según informó Europa Press, la sesión plenaria del Congreso rechazó tanto esta moción como otra presentada por Vox, ambas dirigidas a reforzar la independencia del Ministerio Público tras la condena de García Ortiz por divulgación de información fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
De acuerdo con Europa Press, el partido Vox propuso de manera paralela una reforma legislativa que buscaba garantizar la neutralidad de los altos cargos del Estado y la independencia efectiva de la figura del fiscal general. Su texto, apoyado por 170 diputados frente a 178 votos en contra, solicitaba además la retirada de las reformas en trámite del Estatuto Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como cualquier medida que pudiera impactar en la estructura del Ministerio Fiscal o el Poder Judicial. Vox incluyó también la petición de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente y de manera secreta por jueces y magistrados.
El medio Europa Press detalló que la moción del Partido Popular iba más allá de la exclusión de cargos para García Ortiz. El texto reclamaba que el Gobierno evitara cualquier presión o sugerencia hacia la fiscal general Teresa Peramato, y solicitaba medidas para impedir que el Ejecutivo utilizara medios públicos con intención de desacreditar al Poder Judicial. La propuesta hacía referencia explícita al precedente de la sentencia que inhabilitó a García Ortiz durante dos años y apelaba a evitar manifestaciones que pudieran considerarse presión o deslegitimación al Tribunal Supremo, citando la movilización promovida por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, tras conocerse dicha condena.
Según consignó Europa Press, la propuesta del PP también incluía la adaptación del funcionamiento de Radio Televisión Española con el objetivo de salvaguardar su independencia editorial, en línea con lo establecido por el Reglamento europeo sobre libertad de medios. El texto instaba a que el Ejecutivo no impulsara a Peramato a sobrepasar sus competencias legales, y enfatizaba la importancia de mantener la separación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para preservar la confianza en las instituciones.
Durante el debate, ambos partidos de la oposición justificaron sus iniciativas por la “crisis institucional” originada por el caso de la condena de García Ortiz y las respuestas del oficialismo. Vox, según publicó Europa Press, consideró necesario proceder a una convocatoria anticipada de elecciones como respuesta al “deterioro institucional” que, a su juicio, se agudizó tras los más recientes acontecimientos judiciales. Si bien el Partido Popular y Vox coincidieron en la necesidad de avanzar en la protección de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, las diferencias sobre el alcance y el enfoque de las reformas impidieron alcanzar un posicionamiento de consenso entre los principales partidos contrarios al Gobierno.
El desenlace de la votación, reportó Europa Press, subrayó el apoyo del bloque mayoritario de la Cámara baja al statu quo de la Fiscalía General del Estado y evidenció la polarización política en torno al control y la neutralidad de las instituciones judiciales. La falta de acuerdo sobre prioridades legislativas, sumada a la confrontación discursiva entre oficialismo y oposición, mantiene la controversia abierta sobre el margen de autonomía del Ministerio Público y el poder de influencia del Gobierno sobre las instituciones de justicia.
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