Cuenca a la secretaria de Mazón a las 23.35 del 29O: "Sigo parado en el mismo sitio. Situación controlada"

El intercambio interno de mensajes durante las horas críticas del temporal en Valencia ha resultado determinante para la citación judicial de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de la Generalitat, cuyo testimonio es clave para aclarar la gestión oficial de la emergencia que causó 230 fallecimientos, según reportó el medio original. Entre las nuevas pruebas figuran comunicaciones de alerta sobre víctimas mortales que, aunque conocidas dentro del círculo de gobierno, no se reflejaron inicialmente en las declaraciones formales ante la justicia.

El juzgado de Catarroja, encargado de investigar el manejo gubernamental de la catástrofe registrada la noche del 29 al 30 de octubre, incorporó a la causa mensajes de WhatsApp facilitados recientemente por Pilar Montes, secretaria del gabinete, y por la entonces consellera Salomé Pradas. De acuerdo con la información publicada, este caudal de pruebas digitales tuvo un impacto inmediato en la instrucción del caso, pues permitió detectar discrepancias y omisiones en el relato oficial, específicamente en cuanto a la comunicación de fallecidos y la eficacia de las órdenes transmitidas internamente dentro del ejecutivo valenciano.

Según consignó el medio, la tarde del 29 de octubre Pradas remitió a Cuenca una advertencia sobre un fallecimiento en Utiel, dato que posteriormente no fue trasladado por Cuenca durante su primera declaración ante la jueza instructora. La secuencia de mensajes revela que, poco después de recibir esa alerta a las 16:28, Cuenca retransmitió a integrantes del gobierno un mensaje del presidente Carlos Mazón relativo a una posible comparecencia a las 19:00 en el centro de emergencias 112, omitiendo referencia alguna a la muerte comunicada previamente. Esta laguna informativa constituye uno de los puntos centrales que ahora evalúa la magistratura.

El medio detalló que, durante esas horas, Cuenca permaneció inmovilizado en la carretera a la altura de Carlet, en medio de múltiples intentos de reorganización de la agenda oficial y coordinación de la respuesta ante el empeoramiento del temporal. A las 20:02, transmitió a sus interlocutoras que continuaba “tirado” en Carlet, mientras abordaba junto a ellas la suspensión de compromisos institucionales y la gestión de documentos urgentes para la firma del presidente, quien, según mencionan los registros, permanecía en el restaurante El Ventorro en compañía de la periodista Maribel Vilaplana.

De acuerdo con el medio original, entre las interlocutoras frecuentes de Cuenca se encontraban Pradas y Montes, quienes informaban sobre el estado de otros territorios, facilitaban el contacto con autoridades del resto de comunidades y deliberaban sobre la conveniencia de aplicar restricciones a la movilidad. A las 23:35, Cuenca remitió a Montes el mensaje: “Sigo parado en el mismo sitio. Pero estoy bien. Tranquila. Descansa. De verdad. Situación controlada”, alimentando así la sensación de control pese a los riesgos y a la presencia de incidentes graves que no fueron comunicados a la opinión pública ni documentados íntegramente por la vía institucional.

A lo largo de la noche, el cruce de mensajes también abordó la naturaleza de las restricciones a decretar ante los primeros desbordes registrados en municipios de la provincia. Según publicó el medio, Cuenca defendía que un confinamiento total solo podía ordenarse bajo estado de alarma, lo que correspondía a la delegada del Gobierno central, y recomendaba, en sustitución, restricciones por comarcas, basadas en la gravedad de la afectación. Pradas, por su parte, insistía en que la obligación de confinar podía apoyarse en la normativa autonómica de emergencias para casos concretos, proponiendo como solución los confinamientos parciales en las localizaciones más comprometidas.

El expediente judicial, alimentado desde el 5 de noviembre con las conversaciones entregadas por Montes y Pradas, intentará clarificar no solo el flujo y la fidelidad de la información compartida, sino también las fuentes de incertidumbre interna y las dificultades detectadas para delimitar competencias y responsabilidades entre diferentes órganos administrativos. El medio indicó que estos debates internos reflejaban la vacilación existente a nivel directivo autonómico para la adopción rápida de medidas eficaces ante el avance del temporal.

Durante su primera declaración en noviembre, Cuenca expuso que había avisado a Mazón desde El Ventorro aproximadamente a las 17:00 sobre la gravedad extraordinaria de la situación en Utiel. Añadió que mantenía comunicación constante con Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, sobre los problemas de acceso vial generados por las precipitaciones. También relató que, por instrucciones del presidente Mazón alrededor de las 19:41, debía desplazarse a L’Eliana, sede del Cecopi, aunque en sus propias comunicaciones a Montes se refirió a desplazamientos relacionados con el partido y explicó que recurrió a un taxi por la imposibilidad de viajar en tren debido a las condiciones climatológicas.

El relato de hechos presentado por Cuenca se vio dificultado por la falta de registros originales de WhatsApp, pues según afirmó al juzgado y tal como detalló el medio, había cambiado de dispositivo móvil en julio y no contaba con copias de seguridad de las conversaciones relevantes para la instrucción. Sin embargo, la documentación aportada por Montes y Pradas contribuyó a reconstruir de manera más completa las interacciones clave, las circunstancias en que se produjo la toma de decisiones y el contexto en que se establecieron los mecanismos de coordinación interna durante la emergencia.

El medio de comunicación remarcó que la cadena de mensajes analizada da acceso a la reconstrucción de la gestión de la crisis, en un escenario caracterizado por la sobreabundancia de alertas, la incertidumbre en el reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno y el desarrollo simultáneo de restricciones de movilidad y advertencias sobre víctimas mortales. El contenido añadido al sumario facilita el esclarecimiento de las instrucciones gubernamentales y de la transparencia de la información transmitida a la autoridad judicial y a la sociedad durante las horas más críticas de la tragedia.