Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi

La persistencia de la Ley de Secretos del franquismo constituye un obstáculo principal para esclarecer violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, según han manifestado colectivos memorialistas y representantes de las víctimas. Esta problemática ha cobrado relevancia tras el reconocimiento institucional de Juan Paredes Manot, conocido como ‘Txiki’, y Ángel Otaegi como víctimas, lo que ha reactivado el debate sobre las dificultades legales que impiden una reparación integral a quienes sufrieron represión en España. Tal como publicó el medio, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, se sumó a las demandas que exigen la superación de estas barreras legales y la extensión del reconocimiento y la justicia a todos los colectivos afectados por vulneraciones de derechos.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Aizpurua resaltó en la red social X que el estatus de víctimas concedido a ‘Txiki’ y Otaegi representa un avance en la aplicación de la Ley de Memoria promovida por el Gobierno español. En ese sentido, detalló que la revisión de las condenas de ambos se sustentó en la constatación de que carecieron de garantías judiciales en los procesos que condujeron a su ejecución en la última etapa del franquismo. El Gobierno, según informó el medio, decidió anular las sentencias y homologar el reconocimiento de víctimas, siguiendo los principios del nuevo marco normativo que regula el acceso a la verdad y la reparación.

Aizpurua, citada por el medio, consideró que este precedente institucional habilita la posibilidad de revisar más casos de esa época, pero remarcó que la satisfacción de la sociedad en términos de verdad, justicia y reparación aún dista de alcanzarse. La portavoz insistió en que el proceso de reconocimiento y reparación no debe circunscribirse solo a los casos recientemente reivindicados oficialmente, sino extenderse a todos los afectados por acciones vulneradoras de derechos durante el régimen franquista.

La posición expresada por la representante de EH Bildu se alinea con la de numerosas organizaciones sociales y asociaciones de víctimas, que han puesto el foco en la vigencia de normativas restrictivas como la Ley de Secretos franquista. Según publicó el medio, estas reglas dificultan la investigación de los hechos, ya que impiden el acceso a archivos y documentos esenciales para identificar responsables y evaluar el alcance de los daños. Aizpurua afirmó al respecto que “el manto de silencio e impunidad impuesto por la Ley de Secretos franquista” sigue obstaculizando la reconstrucción de los acontecimientos y la atribución precisa de responsabilidades.

Los colectivos memorialistas, según consignó el medio, denuncian que la falta de acceso a la documentación histórica y judicial perpetúa la ausencia de respuestas oficiales sobre cientos de casos de violaciones de derechos humanos cometidas antes de la Transición democrática. Para estas agrupaciones, solo una modificación sustancial del marco legal permitirá una investigación íntegra, evitando que las víctimas y sus descendientes continúen marginados de la protección estatal y el reconocimiento institucional.

A lo largo de su declaración, recogida por el medio, la portavoz de EH Bildu reiteró la urgencia de reformas legales que faciliten el acceso a la información y amplíen la nómina de quienes deben reconocerse como víctimas, incluyendo la implementación de medidas reparadoras tanto materiales como simbólicas. La representante de EH Bildu enfatizó que una política de memoria democrática completa requiere condiciones de acceso pleno a la verdad, un esclarecimiento real de los hechos ocurridos y la promoción de una reparación equitativa para todas las personas que hayan sufrido vulneraciones, independientemente de su pertenencia a un colectivo particular.

EH Bildu, según reportó el medio, sostiene que eliminar las restricciones legales y documentales que impiden la transparencia y la justicia representa una condición sine qua non para avanzar hacia un modelo más inclusivo en materia de memoria y reparación histórica. La formación política remarcó que la superación de los límites impuestos por la Ley de Secretos franquista debe situarse en el centro de la reforma legislativa pendiente en España, en respuesta a las exigencias del movimiento memorialista y de las propias víctimas.

El medio detalló que la intervención de Aizpurua en el Congreso se produce en un contexto de creciente debate político e institucional sobre la actualización del armazón normativo que regula las políticas de memoria en el país. La postura de EH Bildu encuentra respaldo en otras agrupaciones que comparten la demanda de abrir los archivos históricos de la dictadura para garantizar la recuperación de la verdad y la memoria colectiva. Las organizaciones memorialistas subrayan que la apertura irrestricta de documentos constituye un pilar para la justicia y la reparación social.

Entre las propuestas defendidas figura la revisión profunda de las leyes que actualmente dificultan el acceso a los archivos y a la información relevante para esclarecer los episodios de represión y violencia estatal. La portavoz de EH Bildu insistió en que la transparencia documental y la eliminación de cualquier traba administrativa o legal son requisitos indispensables para satisfacer las demandas de verdad, justicia y reparación que reclaman los colectivos perjudicados.

De acuerdo con la cobertura, Aizpurua volvió a reclamar durante su intervención la activación de todas las herramientas políticas y jurídicas a disposición del Estado para responder a las expectativas de los sectores que continúan excluidos de la reparación institucional. Destacó que solo mediante una revisión exhaustiva de las normas restrictivas podrá avanzarse en la restitución de derechos y el reconocimiento integral de los daños causados por la dictadura franquista.

El medio recogió igualmente que la portavoz de EH Bildu defendió la revisión del impacto persistente de la dictadura en la sociedad española y la actualización de los mecanismos de memoria democrática, con el objetivo de que ningún colectivo ni persona queden excluidos de las políticas públicas de recuerdo y reparación. Otras agrupaciones sociales han hecho énfasis en que el avance efectivo de la justicia y la reparación social depende directamente de la modificación del marco normativo vigente y de la puesta en marcha de instrumentos legales que amparen la investigación y el reconocimiento institucional.

A través de sus declaraciones y su participación en el debate parlamentario, Aizpurua y EH Bildu pretenden reforzar la presión sobre el Congreso y el Gobierno para que impulsen un modelo de memoria más inclusivo, con la eliminación de las barreras que bloquean tanto el acceso a la información como el derecho de las víctimas y sus descendientes a la verdad y la justicia. Según publicó el medio, la Ley de Secretos franquista se mantiene como un tema de discusión central en la agenda de la memoria histórica, en tanto sigue considerada por colectivos memorialistas como uno de los principales escollos para el esclarecimiento de lo sucedido y la garantía de los derechos pendientes de reconocimiento y reparación.