La imposibilidad de garantizar la presencia de varios ex funcionarios clave en la investigación sobre la gestión de residencias de mayores en Madrid ha ralentizado de manera significativa el proceso judicial. Según informó El País, la acumulación de documentos escritos, mensajes internos y testimonios de responsables sanitarios y directivos de residencias plantea un constante desafío para el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, encargado de esclarecer si existieron directrices oficiales que restringieron el traslado de residentes a hospitales públicos durante la etapa más crítica de la pandemia, así como el posible impacto de esas decisiones en la atención clínica y la mortalidad en estos centros.
El proceso judicial se inició tras la denuncia por el fallecimiento de una persona en el centro Sanitas Torrelodones, hecho que llevó a revisar las medidas adoptadas por la administración autonómica de la Comunidad de Madrid durante el periodo de mayor presión sanitaria vivida en 2020. De acuerdo con El País, múltiples directores de residencias y profesionales médicos ya han declarado ante el tribunal, aportando detalles acerca de las circunstancias bajo las cuales decidieron sobre la derivación y el tratamiento de los residentes en los meses más complejos de la crisis.
La ausencia continuada de ex altos cargos como Carlos Mur y Pablo Busca, citados en varias ocasiones, ha dificultado el avance de las sesiones y ha provocado que la acusación particular solicite órdenes de localización para asegurar su comparecencia, según publicó El País. Esta dificultad para contar con testimonios considerados esenciales no solo ralentiza el procedimiento, sino que también complica la labor de los magistrados para reconstruir con precisión la cadena de decisiones institucionales.
Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los especialistas que comparecieron ante el juzgado, relató que la elevada presión sanitaria durante la pandemia condicionó de forma significativa la autonomía médica, detallando que “mi actuación clínica quedó condicionada por pautas institucionales orientadas a limitar las derivaciones hospitalarias”. Martínez Peromingo señaló ante el tribunal, según recogió El País, que estas pautas restringieron su margen de acción y alteraron el ejercicio independiente de su criterio profesional en los momentos de mayor demanda asistencial.
Otros especialistas en geriatría, vinculados a hospitales públicos como Puerta de Hierro y Gregorio Marañón, afirmaron en sus declaraciones no haber recibido instrucciones explícitas que prohibieran los traslados desde residencias de mayores. No obstante, reconocieron ante el tribunal, siguiendo El País, que el contexto de saturación hospitalaria impuso límites evidentes y forzó la evaluación caso por caso de cada posible derivación a centros hospitalarios.
Entre los principales focos de la investigación se encuentra el análisis detallado de los protocolos, mensajes y comunicaciones oficiales intercambiadas entre el Servicio Madrileño de Salud y los directivos de residencias. El medio El País apuntó que este examen exhaustivo pretende reconstruir la estructura jerárquica y precisar el alcance de la responsabilidad de los distintos niveles administrativos, tanto desde una perspectiva penal como administrativa.
De acuerdo con la información de El País, la acumulación y la revisión del voluminoso material documental, junto con la falta de comparecencia de testigos fundamentales, han supuesto un freno evidente en la instrucción y multiplican la complejidad de la investigación. Esta situación se agrava al considerar que el proceso que lleva el Juzgado de Collado Villalba no constituye un caso aislado: al menos tres investigaciones judiciales adicionales relacionadas con fallecimientos en residencias durante la pandemia permanecen abiertas en otros tribunales de la Comunidad de Madrid, según reportó El País.
La existencia de procedimientos paralelos ha complicado la coordinación entre los diferentes juzgados, dificultando la consolidación y el análisis integrado de las pruebas clave. El País detalló que, precisamente por la fragmentación de los casos y la dispersión de las piezas de prueba, la Audiencia Provincial de Madrid evalúa la posibilidad de unificar los procesos para dotar de mayor coherencia y agilidad a la investigación sobre la respuesta sanitaria dada durante esa etapa excepcional.
Dentro del expediente judicial se revisan distintos niveles de actuación institucional, desde decisiones tomadas a nivel de cada residencia hasta la elaboración y transmisión de protocolos por parte de la Consejería de Sanidad y otros órganos oficiales. Según publicó El País, el análisis de los documentos recabados por el juzgado tiene como fin aclarar la secuencia de diseño, implementación y aplicación de las directrices, así como la influencia concreta que tuvieron las instrucciones administrativas en la atención y el bienestar de los residentes.
El juzgado multiplica los esfuerzos en revisar el conjunto de pruebas, mientras espera la declaración de ex altos funcionarios sanitarios cuya aportación resultaría clave para interpretar la cadena de decisiones. El País subrayó que las audiencias desarrolladas hasta ahora han dejado en evidencia la dificultad inherente a indagar en el origen y la veracidad de las órdenes presuntamente emitidas, así como el impacto de las mismas en la vida de los mayores durante la pandemia.
La extensión de los plazos de instrucción y la multiplicación de incógnitas derivan, de acuerdo con El País, tanto de la dificultad para asegurar la presencia de testigos clave como del volumen extraordinario de información recopilada. A ello se suma la presión social y judicial que exige esclarecer bajo qué parámetros y condiciones se establecieron las restricciones al traslado hospitalario de residentes y en qué medida esas decisiones transformaron el funcionamiento habitual de la atención médica en el sistema público madrileño en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
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